El vicepresidente alterno del Cruch, Diego Durán, aseguró que el nombramiento de María Teresa Marshall como nueva rectora de la U. de Aysén "invalida los argumentos" que se entregaron para remover a Roxana Pey del cargo. "Yo conozco a María Teresa, sé que es una excelente profesional, pero a mí me llama profundamente la atención (su nombramiento), porque los argumentos esgrimidos por el Gobierno para pedir la salida de Roxana Pey tienen que ver con procesos que se viven al interior de la construcción de la universidad y María Teresa fue parte del equipo directo de Roxana Pey", explicó a Cooperativa. La ministra de Educación, Adriana Delpiano elogió a Marshall, de quien dijo que "es una persona para mi gusto muy excepcional". Marshall, en tanto, anunció que el plantel tendrá dos sistemas de admisión: uno acorde al Sistema Único de Admisión del Cruch y otro especial, para los alumnos de la región.

Tras la baja evaluación del Gobierno en la última encuesta CEP, desde la DC y el PR pidieron cambios en la dirección en que avanza el Gobierno. La presidenta de la DC, Carolina Goic, señaló tras participar del comité político en La Moneda que, pese a que no alcanzaron a abordar en extenso el tema, "la evaluación que hay del Gobierno es una evaluación mala, que hay que saber leer, que hay que atender y que implica hacer una revisión profunda y cambios sustantivos en la gestión, probablemente también en los equipos y en las prioridades que se están teniendo". Por su parte, el presidente del PR, Ernesto Velasco, sostuvo que "hoy la prioridad es lo que los ciudadanos nos están diciendo (….) yo creo que ya se acabó el tiempo, el Gobierno tiene que tomar decisiones rápidas, oxigenar un golpe de timón muy severo que permita no sólo hacer un nuevo diseño para enfrentar el término del mandato, sino con contenido de prioridad de políticas públicas, sino con cambio de personas". El senador Ignacio Walker (DC), en tanto, dijo que no basta con un cambio de gabinete: "Hay que cambiar de actitud".

El ministro de la Corte de Apelaciones, Guillermo de la Barra, decretó el embargo de 41 propiedades que pertenecen a la Fundación Cema Chile, que encabezó durante más de 43 años Lucía Hiriart, la viuda de Augusto Pinochet. La entidad es investigada por presunta malversación de fondos públicos por la supuesta venta ilegal de inmuebles por un monto de US$ 8,8 millones.

Evitar enajenación

La medida es "un embargo preventivo" para evitar su posible enajenación, explicó el juez De la Barra. La decisión se hizo eco de la solicitud que realizó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de embargar las propiedades, al acusar la existencia de supuestos delitos reiterados de apropiación indebida.

Antecedentes del caso

"Había antecedentes suficientes de la investigación hasta ahora que ameritaban esa decisión", dijo el ministro, quien recalcó que se trata de bienes que están repartidos en todo el país.

"Es un embargo preventivo para evitar próximas enajenaciones que pueda hacer Cema Chile de forma paralela", agregó el juez especial.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) recalcó que estos 41 bienes deben ser devueltos al Estado. "Estos bienes tienen que volver al erario nacional, al presupuesto de la República, al Fisco. Son recursos que siempre fueron del Fisco y que producto de tolerar que CEMA Chile continuara su existencia durante tanto tiempo en democracia, también se toleró que hicieran negocios con recursos que pertenecieran a todos los chilenos y chilenos", subrayó el parlamentario comunista.

La medida se conoció el mismo día en que parlamentarios del PC presentaron una querella junto a organizaciones de derechos humanos contra quienes resulten responsables por presunto fraude de caudales públicos, apropiación y distracción indebida.

Carolina Collins

A través de una declaración pública, el PRO intentó desvincular a Marco Enríquez-Ominami de la gestión del jet privado que utilizó durante su campaña presidencial en el año 2013.

"Marco Enríquez-Ominami nunca estuvo al tanto de los aspectos administrativos y financieros del manejo de la campaña", dice el texto en el que el partido agregó que la directiva "entendió erróneamente que el avión era parte de un servicio comunicacional que había sido pagado y que ello también fue comunicado erróneamente a Marco Enríquez-Ominami.

En la declaración del PRO, además, señalaron que su vicepresidente, Camilo Lagos, declaró como testigo del caso SQM y que "todo el financiamiento, tanto en campaña electoral como fuera de ella, se ha dado en el marco de la ley".

Enríquez-Ominami acudió ayer a las dependencias del Ministerio Público, tras ser citado a declarar como imputado por la fiscal de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, por las presuntas irregularidades vinculadas en el uso del avión, que le facilitó la firma brasileña TAP y que fue arrendado por la empresa OAS, investigada en Brasil por corrupción.

El ex candidato presidencial asistió a la citación acompañado por su abogado, Ciro Colombara, y se acogió a su derecho a guardar silencio, sin entregar una declaración.

Tras reunirse durante 15 minutos con la fiscal Chong, Enríquez-Ominami salió por una puerta lateral, según consignó el diario La Segunda, y no dio declaraciones a la prensa.

La causa

El ex parlamentario está siendo indagado por dos supuestos ilícitos, el de fraude a subvenciones y delitos tributarios. Esto porque luego de que se supo del uso de un jet privado, el fundador del PRO aseguró que todo estaba acorde a las normas y que el gasto había sido declarado ante el Servicio Electoral (Servel), organismo que reembolsa los gastos de campaña según la cantidad de votos de los candidatos.

Enríquez-Ominami detalló que se entregaron al Servel dos facturas, de enero y febrero de 2013, por un total de $59 millones, de la empresa Cono Sur Research SPA, cuyo representante legal es el ex jefe de campaña de ME-O, Cristián Warner.

Sin embargo, posteriormente se supo que los 104 viajes habían sido operados por Air Dispacht, empresa de Carlos Astudillo, quien dijo a la PDI que la firma estadounidense le había pagado a Petrobras por el combustible del avión.

El empresario calculó los gastos por ese ítem en US$2 millones, por lo que se sospecha que Enríquez-Ominami le habría rendido al Servel gastos que no realizó, porque el avión habría sido una donación.

La Contraloría General de la República emitirá la próxima semana un documento en el que autorizará al Ejecutivo a dar una pensión de gracia a la viuda de Eduardo Lara, el guardia municipal que murió el 21 de mayo producto de un incendio provocado en Valparaíso. Según consignó Emol, Irma Soto Cruz, comenzará a recibir el beneficio a contar de octubre de este año. El monto será equivalente a dos pensiones de "Ingreso Mínimo no Remuneracional", cada una de $166.103, por lo que el total que recibirá será de $332.206. La ayuda fue gestionada por el Departamento de Acción Social, que depende del subsecretario del Interior y seguridad Pública, Mahmud Aleuy.