Ingrid Acuña Caballero

Las denuncias por discriminación, hablan de una baja en la provincia. Un 31% menos es lo que Ñuble registró el 2015, en comparación con lo que apuntó en el 2014, donde las denuncias alcanzaron las 16 acusaciones.

"A mi hijo le cuesta mucho concentrarse y las quejas siempre iban porque no se quedaba en su puesto o conversaba mucho. La profesora me dijo que era déficit atencional y que debía tratarlo con un psicólogo o psiquiatra, pero yo le dije que no me parecía y me negué. Poco a poco la libreta se fue completando de anotaciones y me imagino que como me negué, la profesora decidió resolverlo de esta manera, así que ni pensarlo en denunciar ante el Ministerio de Educación, ahí sí que no lo dejarían en paz", comentó la mamá de Bastián, alumno de cuarto básico de un colegio particular subvencionado.

Al igual que la mamá de Bastián, son muchas las denuncias por discriminación que no llegan a puerto o que no pasan la frontera de un simple reclamo ante el colegio, el resto de ellas ( que son las menos) pasan a engrosar la lista de reclamos que se registran en los libros de la Superintendencia de Educación.

"Desde el punto de vista que le compete ejercer a la Superintendencia de Educación, la Ley de Inclusión genera un nuevo marco en materia de protección del derecho a la educación y fundamentalmente lo que hace es eliminar una serie de barreras, de limitaciones al efectivo ejercicio del derecho a la educación, y es una muy buena noticia para toda la comunidad escolar, particularmente, para las familias, porque de alguna manera el país está avanzando en un proceso que partió hace varios años pero con este nuevo marco legal se fortalece de manera sustantiva", sostuvo Dalton Campos, director regional de la Superintendencia de Educación.

Son ocho los ítems en los que se clasifican las denuncias, ya sea discriminación por síndrome de déficit atencional, discapacidad intelectual o física, problemas de salud, embarazo y maternidad, características físicas, orientación sexual, inmigrante y por opción religiosa.

"Los temas que se relacionan con convivencia escolar son de gran interés para la Superintendencia de Educación, dado que un niño que es discriminado o maltratado se ve disminuido en su capacidad de aprender, está menos motivado para participar del proceso educativo y además se le está vulnerando su derecho fundamental a la educación", dijo Campos.

El maltrato a estudiantes, por ejemplo, sigue siendo la materia más denunciada en Bío Bío, alcanzando el 36% (320) del total de 883 denuncias que se realizaron en la región. "Agradecemos el compromiso y los esfuerzos importantes en este tema de parte de los establecimiento, las altas cifras de denuncias se pueden explicar por el mayor conocimiento normativo de parte las familias y las comunidades educativas, las que están cada vez más conscientes de que existe una normativa que protege los derechos educacionales y que ante casos de maltrato la Superintendencia tiene facultades de fiscalización", afirmó Dalton Campos.

En el 2014 los datos precisan que el 23% de las denuncias de la región provenían de Ñuble y con mayor cantidad aquellas que eran por excluir a menores con déficit atencional (7) y discapacidad física e intelectual (5). Ese año en la región se chequearon 70 denuncias.

"La Superintendencia de Educación tiene las puertas abiertas además para resolver los conflictos que se susciten en convivencia escolar a través del servicio de mediadores: si ambas partes de un conflicto así lo desean, nuestra institución pone a disposición un profesional privado, que mediará entre las partes y dirigirá el dialogo entre los actores para que estos lleguen a un acuerdo. Lo importante de este canal de resolución de problemas, es que se sienta como precedente el diálogo, modo que vuelve a ser replicado en la comunidad una vez que un conflicto aparece", recalcó Dalton Campos.

La baja que se registró en el 2015, donde solo se anotaron 62 denuncias a nivel regional, tuvieron el mismo efecto en la provincia, ya que de ellas solo el 17,7% son de Ñuble, pero se mantuvo el porcentaje en discriminación por déficit atencional, el que congregó la mayor cantidad de acusaciones con un 54,5%.

También en tribunales

La discriminación es una de las materias más denunciadas con alrededor de un 7% del total de denuncias en 2014 y 2015. Sin embargo, los establecimientos han ido tomando conciencia que es un tema que se puede trabajar, como lo es con la creación de reglamentos de convivencia escolar, donde se toma en cuenta la realidad específica en la que están insertos los escolares, con lo que se permite la prevención según las características de cada comunidad escolar.

En tanto la Ley 20.609 más conocida como Ley Zamudio o Ley antidiscriminación, establece medidas contra la discriminación, y sanciones a los responsables. Dispone de un proceso judicial al actual pueden recurrir todas las personas que sientan, que por un hecho, son discriminadas, ya sea por edad sexo estirpe o condición.

"Esto dice relación con la Constitución de Chile que establece el principio de igualdad ante la ley, en el artículo 19 número 2 de la Constitución establece que ni la ley, ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias, por ello es constitucional castigar discriminaciones arbitrarias que cualquier persona cometa en contar de otra", recalca Guillermo Valdés, abogado y coordinador del centro de apoyo a víctimas

La Ley Zamudio constata que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del estado o agentes particulares y que causa perturbación, amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales, sobre derechos humanos, que fueron ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

"Hoy tenemos que comprender que la Ley Antidiscriminación establece un procedimiento judicial para tales efectos y por ende, más allá de las sanciones administrativas o sumarios internos que pueden darse en la institución que comete dicha discriminación, también la víctima podría recurrir a los tribunales de justicia a fin de que se indemnice o que se deje de realizar el acto discriminatorio", precisó el abogado y coordinador del centro de apoyo a víctimas.

En tanto el artículo 12 del Código Penal confirma como circunstancia agravante, el que una persona cometa un acto delictivo motivado por la discriminación, es decir nuestra legislación no solo castiga con la ley Zamudio, sino que con otros artículos cualquier acto discriminatorio, tanto de un particular como de una autoridad.

"La ley antidiscriminación crea un mecanismo judicial que consiste en denunciar dentro de 90 días de ocurrido el hecho, ante el juez de letras competente de la comuna o del domicilio de la víctima o victimario, la cual puede ser de manera escrita o si es urgente de manera verbal por la persona afectada o la persona que sea el representante legal o quien esté al cuidado personal o de educación del víctima y el juez deberá restablece el imperio del derecho y puede establecer multas que pueden ir desde los $183 mil pesos hasta $1.832 mil pesos", aseveró Valdés.

"Una denuncia por discriminación activa de inmediato el despliegue de parte de nuestro equipo, ya que un niño discriminado está amenazado de poder participar del proceso educativo, lo cual afecta su derecho a la educación".

Dalton Campos, Director regional de la Superintendencia de Educación."