Como un "punto de partida" y una "jornada aclaratoria" calificaron varios parlamentarios la reunión que sostuvo el Gobierno con representantes de diversos bloques políticos para debatir las modificaciones al sistema de pensiones.

La cita formó parte de la serie de encuentros que la Presidenta Michelle Bachelet ha mantenido esta semana con actores de distintos sectores, entre los que se contaron representantes del movimiento "No + AFP" y "Felices y Forrados", para debatir sobre las propuestas planteadas por el Ejecutivo para modificar el actual sistema.

El senador y ex presidente del PPD, Jaime Quintana, valoró que el Gobierno se abriera al diálogo y manifestó la importancia de aclarar las dudas. "Es importante despejar si este conjunto de elementos planteados en la discusión son una base, un piso o un marco. Si es un marco, estamos hablando de que el sistema de las AFP no lo vamos a poder modificar", afirmó.

El senador Juan Pablo Letelier (PS) agregó que estos diálogos son el "punto de partida" para el debate. "Lo principal hoy (ayer) fue la manifestación de la voluntad de intercambiar cifras, definir conceptos, ver si estamos hablando de las mismas cosas".

El diputado de la UDI Felipe de Mussy destacó también la apertura al diálogo del Gobierno. "Lo que planteó el Ministro y la Presidenta es un punto de partida y no un piso mínimo. Hay que tratar de avanzar y sabemos que no es fácil", comentó tras la cita.

Según el parlamentario, la UDI presentará el lunes una serie de propuestas. En su punto principal, el documento gremialista propone que el aumento de 5% de cotización vaya a la cuenta de cada trabajador. El economista de Evópoli, Felipe Morandé, dijo que hay que tener en cuenta "que el aumento de las pensiones no sea a costa de los trabajadores".

Rectores de 24 casas de estudios superiores del país manifestaron ayer su "más profundo repudio" a lo que calificaron de "actitud inaceptable" de quienes retuvieron en su oficina, contra su voluntad, al rector de la Universidad Alberto Hurtado, sacerdote Eduardo Silva.

A través de una carta, las autoridades rechazaron "cualquier expresión de agresión física y daños con violencia", considerando que estas acciones no pueden constituirse en una forma de manifestación ni contribuyen al diálogo necesario en una democracia.

"Respetamos la autonomía de las instituciones para la toma de sus decisiones y la aplicación de sus propios reglamentos. De igual forma, recalcamos que se debe respetar la dignidad de la persona y el cargo, planteando argumentos válidos en un ambiente de respeto, como corresponde en el ámbito universitario, con una buena relación entre estudiantes, académicos, funcionarios y específicamente sus autoridades en este caso", agregaron en la misiva.

"La institución lo único que puede hacer respecto de la violencia es más derecho, más institución", dijo el rector a radio Cooperativa.

La autoridad educacional agregó que "ayer (miércoles) se expuso a muchos trabajadores de este edificio: a secretarias, académicos, se golpeó, y tenemos que ver cuáles son las personas que han cometido esas agresiones".

Los hechos

Silva fue víctima de una violenta "funa" de estudiantes en su oficina debido a los sumarios que aplicó el plantel tras una reciente toma. La investigación culminó con tres jóvenes expulsados y 22 suspendidos durante un año.

La protesta buscaba dejar sin efecto las medidas disciplinarias originadas por la toma del plantel, que dejó daños por más de $ 100 millones y terminó con varios destrozos en la casa central y en la propia oficina del rector, donde ingresaron encapuchados que intimidaron al académico.

El presidente de la Federación de Estudiantes de ese plantel, Gustavo Orellana, justificó la protesta y aseguró que no incluyó "violencia explícita". "Nosotros nunca cometimos violencia contra el rector. Nunca se le golpeó, solamente se le increpó", afirmó el dirigente de los estudiantes.

Mabel González

La comisión especial de la Cámara que analizó la acusación constitucional presentada contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por la crisis del Sename, concluyó que el libelo no es pertinente, por lo que lo rechazó.

La instancia, cuyos miembros fueron elegidos al azar, tomó esa determinación luego de escuchar durante dos semanas a la parte acusatoria, representada por el diputado (Ind.) René Saffirio, la defensa de la secretaria de Estado y su abogado Jorge Correa Sutil, además de otros juristas expertos en Constitución.

Mientras los diputados Leonardo Soto (PS), Karol Cariola (PC) e Iván Flores (DC) decidieron que la moción no debería ser acogida, los parlamentarios Gonzalo Fuenzalida (RN) e Issa Kort (UDI) esperaban que avanzara en su tramitación.

Sin embargo, todos los integrantes de la instancia coincidieron en rechazar el tercer capítulo de la acción, en el que se acusaba a la titular de Justicia de comprometer gravemente el honor de la nación al no respetar los derechos del niño en base a los acuerdos que el país ha firmado a nivel internacional.

Asimismo, Blanco estaba acusada de faltar a la verdad y omitir información respecto de la cifra de niños fallecidos en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) y no cumplir las leyes al no realizar sus labores de fiscalización.

Con esta resolución, la comisión especial entregará, el próximo lunes, un informe al pleno de la Cámara de Diputados en el que le recomendará que en la sesión fijada para el martes rechace el libelo.

Si la acusación es aprobada en Sala, la acción avanzará al Senado, donde finalmente se zanjará el futuro de la ministra de Justicia en el gabinete.

Durante la revisión de la acusación constitucional, la defensa de Blanco aseguró que el recurso tiene "vicios" en su formulación porque, según dijo, no queda claro si se acusa una acción, omisión u otra figura, y tampoco se explicita cuál es la causal por la que se le acusa.

Asimismo, el abogado Correa Sutil argumentó que el libelo no persigue la responsabilidad personal y directa de la secretaria de estado, sino que se le atribuye responsabilidad por hechos de terceros, "imputándose genéricamente actos u omisiones de terceros".

Sobre la controversia por la entrega de las cifras de menores fallecidos, Blanco puntualizó que "a una ministra no se le puede responsabilizar por tener la rigurosidad de no dar cifras que no sean certeras y correctas", remarcando que por primera vez se está haciendo un levantamiento de los casos.

Además de esta acción, la ministra de Justicia enfrenta una segunda acusación constitucional, la que fue presentada por Chile Vamos debido a la controversia por las jubilaciones en Gendarmería.

votos en contra y dos a favor recibió la acusación constitucional en la comisión especial de la Cámara. 3

de septiembre la instancia entregará su informe al pleno de la Cámara. Este votará al día siguiente. 5