El clamor de la gente se ha hecho presente en las calles de las distintas ciudades para poner en agenda, esta vez, el tema de las pensiones. La queja se centra en los montos atribuibles que derivan del sistema de capitalización individual instaurado en la década del 80. Época en la que hace su estreno la subsidiaridad y, por ende, el mundo privado asociado a la protección social.

La gente reclama la abolición de las AFP, e incluso, el regreso al sistema de reparto. Vítores a favor de un cambio radical que surgen desde la experiencia y decepción de ser merecedor de una pensión muy por debajo las expectativas para cubrir las necesidades de los años dorados. Otros, más técnicos en el análisis, llaman a la prudencia y a la consideración de aspectos económicos y demográficos, apelando modificaciones menos radicales del sistema.

Nada le hace tan mal a la legitimación de un reclamo ciudadano como la exigencia, a partir de la mala información o el desconocimiento.

El rol formativo que, en estas materias, les cabe a todos quienes tienen la posibilidad de acceder a grupos de personas llanas de interiorizarse (a nivel educacional, comunitario o a través de los medios de comunicación masivos) resulta esencial para la comprensión del fenómeno y la generación de expectativas de soluciones realistas y menos populistas.

Al observar las estructura del actual sistema de pensiones en el contexto del modelo económico del país, la realidad productiva y, por sobre todo, las pirámides demográficas de los próximos 40 años, se visualiza un país que envejece a ritmo acelerado, llegando a afirmar, según cifras del INE, que para 2050 existirán en Chile 170 adultos mayores por cada 100 niños.

Lo anteriormente señalado determina soluciones posibles que no pasan de ser meras utopías alimentadas por el desconocimiento y por el interés de quienes generan falsas expectativas en torno a un tema tan sensible para la población.

Pamela Castro A.