Cuando ya casi se cumplen cinco meses desde el fatal accidente de tránsito en que se vio involucrado el ex alcalde de Pinto, Fernando Chávez, ayer se realizó la audiencia de sobreseimiento definitivo de la causa.

Cumpliendo con el protocolo, el fiscal Pablo Fritz inició una investigación desformalizada a partir del 8 de mayo, cuando el popular edil volcó en el sector Santa Eduvige, distante a 17 kilómetros del sector urbano de Pinto.

Por ello, reunidos los informes del Servicio Médico Legal respecto a la autopsia y también el informe pericial de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (Siat) de Carabineros, se cesó cualquier persecución penal, atendiendo a que el conductor del vehículo que volcó sobre un estero, Fernando Chávez, fue el responsable del siniestro, que además dejó a su copiloto, Edgardo Muñoz, con lesiones leves.

La fiscal Paulina Valdebenito solicitó ayer, ante el magistrado Luis Aedo, que la causa fuera sobreseída, atendido que "Fernando Chávez conducía en estado etílico y eso está confirmado por el peritaje de la Siat".

Ante estos antecedentes, el magistrado entendió que la responsabilidad penal de Chávez se extingue por motivos lógicos, acogiendo la solicitud de la fiscal Paulina Valdebenito, quien posteriormente declinó entregar antecedentes precisos respecto al gramaje de alcohol que llevaba el otrora alcalde pinteño.

Cabe recordar que cuando ocurrió el accidente, carabineros informó que Fernando Chávez conducía en dirección a Chillán, y al momento de enfrentar una curva perdió el control, accediendo de manera tangencial, para luego chocar a un costado de un puente que no tenía barrera, quedando el móvil sumergido en el agua, falleciendo de inmersión por asfixia.

Tres aspectos fueron los que aclaró el alcalde de San Ignacio, Wilson Olivares, en cuanto a la publicación que ayer se realizó en este medio sobre el accidente de tránsito en que se vio involucrado en agosto del año pasado.

"Es falso de falsedad absoluta que el vehículo que manejaba al momento de sufrir el accidente de tránsito ocurrido ya hace un año, fuera un vehículo municipal y tampoco es verdad que en la colisión hayan resultado lesionados. El vehículo era de mi propiedad y he tenido que soportar la pérdida de él con grave detrimento para mi patrimonio. Con respecto a los lesionados, gracias a Dios no los hubo", manifestó a través de un comunicado público el alcalde, quien hoy se encuentra fuera de su cargo debido a que está en plena campaña por ser reelecto en los comicios del próximo 23 de octubre.

"Debo señalar que no he recibido notificación alguna del Ministerio Público ni del Tribunal del Bulnes a comparecer a audiencia para esa fecha, situación que estoy corroborando. Me extraña, claro está, que la prensa se entere antes que yo de tal citación, si es que ello es verdad. En todo caso si es así, voy a comparecer ante quien corresponda a colaborar para esclarecer los hechos en que me vi involucrado hace ya un año atrás", agregó Olivares.

Cabe señalar que la información respecto a los 300 días de pena que pide la Fiscalía contra Olivares, por conducir ebrio y causar daños, es de acceso público mediante el Poder Judicial, en el RIT_895-2015 del Tribunal de Garantía de Bulnes, donde se estipula además que la próxima audiencia fue fijada para el 8 de noviembre, a las 11 horas.

Ya son nueve las familias de Ñuble que se oponen a que sus hijas se vacunen contra el papiloma, en medio de la campaña nacional que lleva adelante el Ministerio de Salud. El martes ingresó a la Corte de Apelaciones de Chillán el tercer recurso de protección dirigido contra la Ministra de Salud, Carmen Castillo. En su solicitud se pidió la orden de no innovar, para así frenar la inyección; sin embargo, el tribunal de alzada sólo acogió a trámite la acción judicial, rechazando la orden de no vacunar. Las familias argumentan que la vacuna trae efectos secundarios y perjudiciales.

Danny Fuentes Espinoza

Ni siquiera hubo receso para que el Juez de Garantía de San Carlos, Julio Capilla, resolviera -ayer- el monto por el cual Cristian Fernández, ex alcalde de San Fabián y ex gobernador de Ñuble, deberá pagar a los cuatro absueltos del denominado 'Caso Acarreo'.

La audiencia viene a complementar las costas por la que ya fue condenada la fiscalía local de Chillán, además de los dos querellantes que siguieron hasta el juicio oral en el caso: el senador Alejandro Navarro y la dirigente social Eulalia del Carmen Salinas.

Todos ellos, en total, deberán pagar $61 millones a cada uno de los otrora acusados de trasladar votantes de San Carlos hasta San Fabián, para que favorecieran a la hoy alcaldesa, Lorena Jardua, en los comicios municipales de 2012.

No obstante, el proceso judicial que se extendió desde la formalización de 2013 hasta febrero de este año (cuando se dictó la absolución), no tuvo pronunciamiento respecto al abandono de la causa que realizó Cristian Fernández, quien era hasta agosto de 2015 el tercer querellante.

Por ello, ayer el juez Julio Capilla dirigió la segunda audiencia de regulación de costas, ya que en la primera ocasión no se presentó el ex gobernador de Ñuble. Tras una discusión de cerca de media hora, dirimió que Fernández deberá pagar $4,5 millones a cada uno de los absueltos del caso acarreo.

El abogado Rodrigo Vera, defensor de Ariel Torres (esposo de Jardua) y Juan Carlos Parada (concejal de San Fabián), manifestó que "el juez acogió nuestra solicitud, atendido el sufrimiento al que fueron expuestos los imputados. Además la alcaldesa estuvo suspendida del cargo y Cristian Fernández participó de ese proceso inculpatorio".

Respecto a los alegatos de José Candia, representante de Cristian Fernández, el abogado Vera señaló que "no planteó argumentos de peso, lo que llamó la atención del juez Julio Capilla, porque estaba leyendo y en una audiencia oral no se puede hacer".

En adelante, Cristian Fernández tiene la posibilidad de apelar al monto por el cual fue condenado, ya que implican $18 millones en total. Para ello cuenta con un plazo de 5 días para reclamar ante la Corte de Apelaciones.

"Eso sí, existe la posibilidad de que como ocurrió con la fiscalía y los demás querellantes, deba pagar costas por solicitar una audiencia sólo para objetarlas", dijo Rodrigo Vera.