Danny Fuentes Espinoza

El 4 de noviembre fue el día en que la Contraloría Regional del Bío Bío evacuó el "Informe de Investigación Especial" que realizó en el municipio de San Ignacio, donde plantea en seis puntos las principales irregularidades detectadas en la gestión del alcalde Wilson Olivares, lo que llevó a la entidad fiscalizadora a remitir antecedentes al Servicio de Impuestos Internos y también al Ministerio Público, dada su gravedad.

El documento de 125 páginas, al cual tuvo acceso exclusivo Crónica Chillán, detalla las 31 visitas con apuestas que realizó Wilson Olivares a tres casinos entre el 2 de enero de 2015 y el 6 de marzo del presente año, informa que el vehículo de uso exclusivo del jefe edilicio es utilizado en horarios inhábiles y fines de semana, detectó además gastos improcedentes del municipio por la suma de $130 millones; asimismo, realizaron 124 propuestas, además de adjudicación de servicios y licitaciones hasta de $100 millones, sin la consulta al Concejo.

A la polémica anterior, se suma el hecho de que el alcalde subrogante, Iván Ferrada, que a su vez es Director Desarrollo Comunitario (Dideco) y por ende, funcionario de exclusiva confianza de Olivares, decretó el 2 de noviembre llamar a concurso público para cubrir diez vacantes de la planta de dotación, lo que llevó a que el alcalde electo en los comicios del 23 de octubre, Osiel Soto, presentara hace dos días un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán, argumentando que el aumento en la dotación no es sino la única forma de perpetuar la permanencia de funcionarios de la confianza del edil saliente.

Irregularidades

El informe de Contraloría estableció que "la municipalidad tiene como práctica pagar a ciertos proveedores a través de transferencia electrónica (...) sin disponer de la documentación que sustenta el gasto y sin tramitar de forma íntegra los decretos de pago, lo que constituye una infracción sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".

Otro de los puntos que aborda el informe es el hecho de que el vehículo de uso exclusivo de Olivares, desde el 5 de junio de 2013, "ha sido utilizado en horarios inhábiles y fines de semana, sin que se hayan registrado los antecedentes que permitan verificar su uso con fines institucionales". De ello, en una tabla detalla 19 cargas de combustibles en bencineras Copec ubicadas en Chillán, entre el 14 de marzo de 2015 y el 31 de enero de 2016.

Uno de estos ejemplos es que el sábado 27 de junio de 2015, a las 23.47 horas, cargó $45.908 en combustible. Otro caso llamativo es que el sábado 9 de octubre del año pasado, cargó $32.210 en la bencinera de Chillán a las 3.18 horas.

Sobre esta situación, Contraloría planteó que el municipio adjuntó a su respuesta el decreto que abrió un sumario en septiembre de este año respecto al conductor del móvil, Rodrigo Riquelme; sin embargo, estableció que "compete a la Contraloría General la facultad exclusiva y excluyente en orden a determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, entre ellos los municipales, por el uso indebido de vehículos estatales y municipales".

Por otra parte, los concejales hicieron 21 solicitudes de informes respecto a la gestión del municipio; sin embargo ninguno de ellos fue respondido.

Respecto a los concejales, se detectaron propuestas entre el 5 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2016, instancias en las que, por ejemplo, se licitó por $24 millones mensuales el servicio de transporte escolar del municipio, adjudicado el 24 de abril de 2015. Asimismo, el segundo llamado a empastado del estadio municipal de Pueblo Seco por $48 millones, además de la adquisición de un bus de transporte para la municipalidad por $64 millones y finalmente, durante este verano, las actividades estivales que se adjudicaron por un monto de $100 millones.

Sobre este punto, Contraloría planteó que el no haber dado cuenta al Concejo, "significa una infracción a sus deberes funcionarios, pudiendo comprometer, además, su responsabilidad administrativa".

Fueron cuatro los concejales que denunciaron ante Contraloría las irregularidades de la gestión de Olivares. Uno de los puntos que acusaron fue la inasistencia a las sesiones de concejo. Sobre ello, el ente fiscalizador confirmó que "durante el año 2015 y en lo que va de corrido de 2016, esa autoridad no ha cumplido con su jornada laboral, sin haber acreditado la existencia de causales legales que le permitan tal incumplimiento", haciendo alusión a Martín Figueroa.

Como dato, se estableció que de 39 sesiones de concejo que se realizaron en 2015, asistió a cuatro.

Cuando Contraloría consultó a Wilson Olivares por esta situación, "señaló verbalmente que sus ausencias se deben al temor frente a posibles agresiones físicas de parte de un concejal, quien el 2 de abril de 2015 lo habría agredido en pleno concejo municipal".

A esta situación, los fiscalizadores del ente contralor agregaron que entre el 21 de marzo y el 15 de abril de 2016, "se comprobó que, de un total de 13 días hábiles, sólo concurrió al municipio en dos oportunidades".

Asimismo, se constató que el actual alcalde, que ejerce su cargo hasta el 6 de diciembre, cobra viáticos cuando viaja a Chillán, pese a que es en esta misma ciudad donde reside habitualmente.

Otra de las irregularidades que se detectaron en el municipio, es que la casa consistorial "no contabiliza sus compromisos financieros conforme lo dispone la normativa contable vigente (...) De las validaciones efectuadas al 15 de abril de 2016, se constató la existencia de 195 facturas por un total de $136.260.987, que no han sido incorporadas a los registros contables del municipio, a través de la cuenta acreedores presupuestarios".

Apuestas

"El señor Wilson Olivares, alcalde de la municipalidad de San Ignacio, efectuó un total de 31 visitas con apuestas en tres recintos, que se desglosan en: 24 en el Casino Marina del Sol, en cuyo sistema figura en la categoría de socio; seis en el Casino Dreams de los Volcanes, ligadas a apuestas en diferentes etapas del juego; y una en la Operadora Sociedad Plaza Casino, con apuesta en máquinas de azar, lo que implica una infracción (...) sobre las Bases Generales para la autorización de Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, que previene que los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, no podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los casinos de juegos".

A mayor abundamiento, Contraloría detectó que "dicha autoridad, haciendo uso de licencia médica, asistió a los casinos de juegos emplazados en las comunas de Talcahuano y Valdivia".

Eventuales delitos

En la exposición de los hechos que eventualmente revestirían carácter de delito, la Contraloría hizo un acápite.

"Se constató un acuerdo establecido entre Wilson Olivares y las locatarias del restaurante 'Tía Maigo', consistentes en abultar $200 mil aproximadamente cada boleta emitida, con ocasión del servicio de comidas contratado para atender a las delegaciones de 14 juntas de vecinos, en una actividad desarrollada en el balneario de Dichato, lo que significó al municipio un pago en exceso aproximado de $2.595.220", señala el documento.

Sobre este punto, de actividades de verano, además es lapidario el ente contralor al plantear que durante el periodo en que se hicieron estos almuerzos, que consideraron la invitación de 700 vecinos, ocurrieron en un periodo en que Wilson Olivares estaba con licencia médica, que se extendía del 29 de diciembre al 15 de enero.

Asimismo, "tratos directos sin fundamentos legales y sobreprecios pagados a los proveedores Tomás Salazar por $4.882.342; Sergio Escobar por $6.454.137 (...) así como el desembolso por reiteradas compras de neumáticos para un mismo vehículo".

Gastos improcedentes

Dentro de los resultados principales que expone el informe del ente contralor, está el hecho de que la municipalidad sanignacina financió con presupuesto propio, gastos improcedentes por más de 130 millones de pesos.

Lo anterior, según constató Contraloría, "referido a pagos efectuados con cargo a gastos de representación; externalización de la recuperación de subsidios por incapacidad laboral; y adquisición de obsequios para ser entregados en el día de la mujer, en virtud de lo cual este Organismo de Control formulará el reparo pertinente".

"El informe refleja ocho años de irregularidades, que ahora se visibilizan. Falta mucho por darse a conocer todavía".

Fernando Rodríguez

Concejal de San Ignacio"

31 registros de apuestas Fueron registradas por la Superintendencia de Casinos de Juegos respecto a Wilson Olivares, quien visitó los recintos incluso en periodos que tenía licencia médica.

$200 mil por boleta Fue el abultamiento acordado entre Olivares y un restaurante de Dichato, con ocasión del servicio de comida para 14 juntas de vecinos que fueron invitadas.