Danny Fuentes Espinoza
El juez Carlos Benavente, del tribunal de Garantía, espera que durante esta jornada se aclare por parte de Fiscalía los domicilios de tres de los siete gendarmes a los que se notificará respecto a la formalización en su contra, por presuntos delitos de tormentos y apremios ilegítimos, tras la golpiza que denunciaron tres internos de la cárcel de Chillán, el pasado 11 de marzo.
La solicitud para realizar la audiencia fue ingresada la tarde del miércoles al tribunal, por el jefe de la fiscalía local de Chillán, Pablo Fritz, quien asumió la indagatoria que se extiende de manera paralela al sumario de Gendarmería.
Entre los formalizados se cuentan cuatro funcionarios del escalafón de suboficiales que habrían participado directamente en la golpiza, además de un quinto funcionario que habría colaborado con los agresores. Sin embargo, la sorpresa de parte de la Fiscalía es que el delito por el cual perseguirá al personal penitenciario se extiende a Cristian Montecinos, director provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) en Ñuble, quien reaccionó con tranquilidad frente a este hecho.
"Obviamente nosotros somos respetuosos de las instituciones y actuamos con toda la transparencia que conlleva el caso. No hemos hecho ningún pronunciamiento al respecto, porque hemos dejado que cada ente desarrolle su función como corresponde", dijo con tranquilidad Montecinos.
El funcionario de Gendarmería recalcó que él no participó en la golpiza y así lo grafican las imágenes de las cámaras de vigilancia del recinto, que fueron difundidas a través de los medios de comunicación.
"El que yo esté entre los formalizados no significa que yo sea culpable, sino simplemente que fui uno de los que estaba en el patio cuando ocurrieron los hechos", señaló Montecinos, quien agregó que la misma dirigencia nacional de Anfup contrató a dos abogados para que asuman la defensa de los imputados.
Cabe recordar que en esta causa se encuentra en calidad de querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también el Consejo de Defensa del Estado. Según admitió el coronel Pablo Toro, otrora director regional de Gendarmería, los hechos se remontan a la mañana del 11 de marzo. En aquella ocasión, dos internos comenzaron a exaltar a la población penal, a los que se sumó un tercer sujeto que estaba en el patio. Fue este hecho que decantó en la golpiza que ahora enfrentarán a la justicia.
Incertidumbre respecto al sumario
Diversas especulaciones se han abierto sobre el resultado del sumario que hizo Gendarmería, instruido por el otrora director regional, coronel Pablo Toro. El defensor penal público Rodolfo Aguayo presentó un recurso de amparo en favor de los internos golpeados en el mismo mes; no obstante, en septiembre, solicitó conocer el resultado de la indagatoria, recibiendo como respuesta que la decisión final la tiene el director nacional de la institución. La última versión indica que, a solicitud del fiscal jurídico, cuatro gendarmes serían suspendidos de sus funciones sin goce de sueldo.
