Danny Fuentes Espinoza

Durante la madrugada de ayer finalizó la extensa fiscalización que realizó Carabineros y la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile (Profovi), que se focalizó en distintos locales nocturnos de la comuna, con un saldo de 11 personas arrestadas.

La sociedad en cuestión está constituida por distintos productores fonográficos de Chile y el mundo, que desarrollan su actividad en forma establecida en Chile.

Según comentó el sargento primero Claudio Parra, jefe de la patrulla encargada de fiscalizar locales nocturnos, dependiente de la Segunda Comisaría de Chillán, "el objeto de la diligencia era constatar el cumplimiento de la normativa contemplada en la ley número 17.336, que versa sobre Propiedad Intelectual, en el entendido que la referida sociedad había alertado a la autoridad policial de que diversos pubs y restaurantes de la capital provincial estaban infringiendo la referida ley".

De esta manera, tras acudir a diversos recintos durante el viernes y el sábado, se pudieron percatar que dentro de los locales "se difundían públicamente fonogramas que mantenían almacenados en dispositivos digitales, con el objeto de amenizar a los clientes del local, sin contar con las referidas licencias ni los pagos por derecho de autor que la ley establece para proteger a los titulares de esas creaciones", según comentó el suboficial de Carabineros.

Según añadió el sargento Parra, el procedimiento culminó con la detención de 11 personas, entre dueños, administradores de locales y dj's, "quienes fueron sorprendidos en situación de flagrancia, en momentos en que ejecutaban la música que mantenían almacenada en equipos computacionales", los que también fueron incautados.

Por su parte, el director de operaciones de la Asociación de Productores Fonográficos de Chile (Ifpi Chile), Richard Godoy, enfatizó que "en coordinación con Carabineros, se continuará con las fiscalizaciones a nivel regional a fin de que la Ley de Propiedad Intelectual sea cumplida".

Además, solicitó que dj's y locales comerciales "cuenten con las licencias respectivas que los autorizan a reproducir, almacenar y difundir al público material fonográfico, resguardando con ello los derechos de autor de los artistas nacionales y extranjeros".

Disconformes

La fiscalización no dejó conforme a las personas que quedaron con una citación a declarar ante la Fiscalía local.

El DJ Daniel Rosales, del Club Like, ubicado camino a Huape, se eximió de la detención por contar con su licencia al día; no obstante, dijo que "en los 90', los sellos promovían a sus artistas para que sonaran en los locales. Ahora es al revés y nos persiguen, porque la ley favorece a los empresarios", dijo.

Neumáticos de vehículos, madera, bolsas con pañales, desperdicios de comida y un animal muerto fueron los elementos que provocaron la obstrucción y, por consiguiente, desborde del Canal de La Luz en el sector Ultraestación, justo frente al cementerio municipal.

Así lo informaron desde el municipio, ya que ayer a las 8 horas se presentó el equipo de Emergencias que hizo frente a la solicitud de los vecinos, que vieron anegados sus terrenos, principalmente en avenida Sepúlveda Bustos.

La orden la dio el encargado de emergencias del municipio, Víctor Fernández, quien señaló que no existe despreocupación por los vecinos, sino que la problemática de la obstrucción del cauce tiene diversos factores.

"Uno de ellos es que el Código de Aguas establece que no puede haber construcciones en un determinado radio de los canales. Para el Canal de La Luz corresponde a un metro, pero todos sabemos que eso acá no se respetó al momento de construir", señaló Víctor Fernández.

En segundo término, planteó que el municipio tiene responsabilidad entre mayo y septiembre de realizar el monitoreo y limpieza del canal; sin embargo, durante el resto del año depende de la Asociación de Canalistas, que administran el afluente.

Asimismo, recalcó que una de las principales problemáticas es que haya personas que arrojan escombros y basura al canal, lo que genera estas inundaciones. "En especial Luis Cruz Martínez y frente al regimiento son puntos de riesgo, porque se pueden generar estas inundaciones", señaló.

Ayer, tras cerrar las compuertas del canal, se pudo retirar el basural y desobstruir el cauce.

Una vez que la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el primer recurso de queja contra los jueces del tribunal de Juicio Oral en Lo Penal local, que redujo las penas a dos sentenciados por robo con violencia, considerando que la entrada en vigencia de la Agenda Corta Antidelincuencia derogó la agravante de 'pluralidad de malhechores', el jefe de la Fiscalía local de Chillán, Pablo Fritz, planteó que "es un fallo que no puede llegar a la Suprema. En todo caso, si se volviera una tendencia el rechazo, ahí sería preocupante".

Justo el día en que Crónica Chillán recogió aquella declaración del abogado persecutor, se alegaban en la Corte dos nuevos recursos por instrucción de la Fiscalía Nacional; el primero, de Marcia Venegas, quien en el Tribunal Oral no pudo evitar que a un sentenciado a 15 años de cárcel por robo con violencia se le redujera la pena a 12 años, gracias a la nueva normativa, que es 'pro reo'.

El segundo recurso lo presentó el jefe de la fiscalía local de San Carlos, Rolando Canahuate, quien en 2011 había perseguido penalmente a dos sujetos que cometieron robo con intimidación, receptación, maltrato de obra a Carabineros y lesiones menos graves, por lo que se les condenó a 15 años de cárcel; sin embargo, con la derogación de la agravante, la pena quedó fijada en 10 años y un día.

Las aspiraciones del Ministerio Público quedaron truncadas, toda vez que la Corte resolvió que los jueces del tribunal Oral actuaron de acuerdo a Derecho.

En los fallos redactados por el ministro Claudio Arias se desprende, entre otros puntos, que "los jueces recurridos han procedido en uso del derecho privativo que les confiere la ley en la interpretación de las normas jurídicas en relación a las situaciones de hecho que deben conocer".

A raíz del rechazo generalizado por parte de la ciudadanía en torno a la golpiza que sufrieron tres internos de la cárcel de Chillán, a manos de cinco gendarmes, el diputado Carlos Abel Jarpa ofició al Ministerio de Justicia para conocer las medidas que adoptó la institución dependiente de dicha cartera gubernamental.

Fue así que el ahora ex subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, entregó a través de un informe las acciones que tomó la dirección nacional de Gendarmería, que incluyó talleres de capacitación por parte de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, realizadas en abril, además del sumario que actualmente "está en el Nivel Regional Institucional para su estudio y análisis en la forma y fondo, en los aspectos jurídico y técnico; este último se encuentra en proceso".

Asimismo, desde Justicia le comunicaron que dadas las condiciones de infraestructura de la cárcel, es necesario hacer un plan de mantención correctivo, para lo cual se requieren $1.506 millones, distribuidos en 10 años.

Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre, la Fiscalía solicitó al tribunal de Garantía fijar día y hora para formalizar a 7 gendarmes por tormentos y apremios ilegítimos.