El Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres llegó en 2016 con una sensación diferente en el ambiente, respecto de años anteriores. Una serie de casos de agresiones extremas y femicidios, a nivel regional, nacional y latinoamericano, durante los primeros meses, generaron conmoción e hicieron más patente que este tipo violencia, naturalizada y silenciada, es también un problema de seguridad pública; como dice la ONU, el delito más reiterado y el menos denunciado.
Ocurrió en efecto, que el trabajo de décadas de muchas organizaciones sociales y de las instituciones del Estado que trabajamos en este ámbito, tuvieron un fuerte correlato en una ciudadanía que avanzó en la comprensión de que el trabajo de estos organismos, debe ser complementado fuertemente por la ciudadanía jugando un rol activo en su denuncia, en el acompañamiento a las víctimas y en la prevención y educación al respecto.
Tenemos la convicción de que, además de la infraestructura y fortalecimiento de los mecanismos institucionales para apoyar a las víctimas y sus familias, el perfeccionamiento de las leyes respectivas en que estamos trabajando, y el mejoramiento permanente de los protocolos interinstitucionales, deben ser afirmados por un cambio cultural profundo, que remueva las bases culturales de la violencia, ese espacio en que hemos definido las expectativas que tenemos respecto de hombres y mujeres, y las consiguientes actitudes que concebimos como naturales o justificables, dentro de las que lamentablemente, se mantienen las diferentes violencias por causas de género.
Las redes sociales y diferentes manifestaciones ciudadanas, han evidenciado una mayor sanción social hacia todo tipo de casos de violencia extrema, pero también a la denuncia de situaciones de violencia simbólica. Queda la sensación de que no se repetirán titulares como "la mató por celos" o "la mató por amor", y que no pasarán desapercibidas las declaraciones sexistas o misóginas. Tenemos un entorno más sensible a las discriminaciones y violencias y ése es el germen que nos llevará definitivamente a una cultural que consolide el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.
A nivel institucional estamos afianzando estrategias que nos permitan pasar de la gestión de la acogida a las víctimas, a generar políticas públicas que promuevan este cambio cultural. Antes de fin de año, la Región contará con 500 dirigentes y dirigentas sociales capacitadas para la detección y apoyo en casos de violencia, y para generar acciones preventivas desde y para la comunidad. Estos monitores y monitoras se suman a una lista importante de grupos capacitados en violencia de género, entre ellos policías, líderes espirituales, profesionales de salud y educación, lo que necesariamente va generando un entramado social más activo.
Valentina Medel Ziebrecht, Directora Regional del
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.