La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó ayer el proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas, iniciativa que está dentro de la Agenda de Energía y que persigue modernizar la normativa del sector para enfrentar nuevas exigencias regulatorias de este tipo de servicio, que data de 1931.

Debido a que cuenta con normas de rango orgánico constitucional, la iniciativa debe cumplir con el trámite de control preventivo obligatorio ante el Tribunal Constitucional. Luego de ello estará en condiciones de convertirse en ley de la República.

El proyecto

La iniciativa, que ingresó al Congreso en 2015, modifica la Ley de Servicios de Gas a través de normas que evitan que el régimen tarifario definido por cada distribuidora de red concesionada exceda el límite de rentabilidad establecido por ley, que llega a 9%. Desde ahora, ese ámbito será controlado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a través de un chequeo anual de rentabilidad.

Según el texto, si una empresa excede la tasa de rentabilidad máxima, se activará un proceso de fijación tarifaria para dicha compañía, la que deberá devolver a sus clientes el monto equivalente al exceso de rentabilidad obtenido.

El proyecto subsana los vacíos existentes en el régimen de tarificación, incluyendo el concepto de "tarifa garantizada", que aplicará a los servicios de gas residenciales, comerciales y servicios de gas industriales bajo ciertas condiciones (consumos mensuales iguales o inferiores a 5.000 Gj).

Grupo de apoyo

Entre otros temas, la iniciativa incorpora por primera vez un panel de expertos para la resolución de controversias en materia tarifaria y de chequeo de rentabilidad, además de incluir una serie de normas que disminuyen las asimetrías regulatorias entre distribuidoras de gas concesionadas y no concesionadas, aplicando normas de seguridad y calidad de servicio y no discriminación de precios, entre otras.

"puesta al día"

El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, destacó la aprobación de la propuesta legislativa y dijo que "esta ley pone al día esta regulación en un sector tan importante para el país. Con esta nueva legislación, el Ejecutivo va a tener las herramientas para controlar, sancionar y proteger a los consumidores si una empresa sobrepasa la rentabilidad máxima contemplada".

El ministro de Economía, Luis Céspedes, descartó ayer la salida de Felipe Irarrázabal desde la Fiscalía Nacional Económica (FNE), luego de que surgieran críticas de distintos sectores por la inexistencia de una denuncia formal en esa entidad por la colusión de los pañales. La firma CMPC delató el desarrollo de ese proceso colusorio entre 2002 y 2009 junto a la firma estadounidense Kimberly-Clark.

"Quien puede remover al fiscal nacional económico es la Presidenta de la República a través de una solicitud del ministro de Economía con un informe favorable de la Corte Suprema. Eso es lo que establece la ley", comentó Céspedes.

"Tomar algún tipo de postura respecto de esto, en la línea de lo que se ha planteado, me parece que no es responsable", agregó el ministro.

El caso

Las empresas CMPC y Kimberly-Clark llevaron a cabo acuerdos de alzas de precios, intercambios de información de alzas de precios, coordinación en la participación en actividades promocionales y acuerdos de posicionamientos relativos de precios, entre otros, entre 2002 y 2009, según la delación que llevó adelante CMPC ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Diputados de varias bancadas se quejaron de una posible negligencia de la FNE en este caso, debido a que no inició una denuncia.

El diputado Gabriel Silber (DC) aseguró que "vamos a pedir una investigación penal por parte de la FNE, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar dentro de las 24 horas de conocidos hechos que revistan carácter de delitos. Y a nuestro juicio, la FNE no ha obrado como corresponde".

El diputado independiente José Manuel Edwards agregó que "nos gustaría saber y me gustaría pedirle la información al fiscal económico de por qué no se hizo una investigación. Entendemos que existe prescripción después de cinco años, pero la prescripción solo se empieza a contabilizar cuando los efectos de aquella colusión terminan y queremos saber si los efectos se extienden después de 2009".

Posibles cambios

El diputado Daniel Nuñez (PC) agregó que "vamos a proponer una modificación legal para establecer dos cosas: que una empresa que haya sido condenada por colusión o que haya hecho actos de colusión aun siendo no condenada por la prescripción, no pueda tener beneficios de la delación compensada; y en segundo lugar, ampliar los plazos de colusión de cinco a ocho años, porque es evidente que se está ocupando esta figura para un mecanismo de impunidad".

El ex canciller Alfredo Moreno, candidato a la presidencia de la CPC, comentó que "las empresas tienen que ser exitosas en un ambiente de competencia".

años habría funcionado el acuerdo entre CMPC y Kimberly-Clark en el mercado de los pañales. 7

años es el plazo de prescripicón existente para el delito de colusión en el Código Penal. 5

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Sergio Torretti, entregó el apoyo formal de ese gremio a la candidatura de Alfredo Moreno para encabezar la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en los comicios de marzo de 2017.

"beneficio del país"

El ex canciller agradeció el respaldo y afirmó que su opción "es un trabajo en beneficio del país". Para el empresario, los gremios "son fundamentales para que podamos volver a crecer, para que el país se vuelva a desarrollar". "Yo me siento en un momento en el cual lo que tengo que hacer es aprender de lo que ellos ya han hecho", sostuvo. "Hemos concordado en que la idea aquí es unir fuerzas y yo simplemente ser un representante de ellos para expresar ese deseo de ser un activo colaborador en la unidad de los chilenos y en el progreso del país", puntualizó.

Visión gremial

Por su parte, el presidente de la CChC comentó que "hemos tenido la oportunidad de conversar con él temas gremiales y otros muy importantes. Para nosotros como CChC, dentro de los temas que hemos conversado, forman parte el interés de volver a poner en el centro de la discusión el desarrollo y el crecimiento del país", dijo Torretti luego de una cita con Moreno.

Toreti agregó que en la conversación con Moreno estuvo presente el apoyo y fomento al desarrollo de infraestructura y la asociación público-privada.

Apoyo de los banqueros

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Segismundo Schulin-Zeuthen, manifestó ayer su apoyo a la carta de Moreno. "Como gremio bancario venimos a entregarle nuestro apoyo a Alfredo Moreno, hoy candidato de unidad para presidir la CPC. Lo conozco y puedo destacar en él que, más allá de sus habilidades empresariales, negociadoras y políticas, es un hombre que busca los consensos, que tiende puentes", señaló el líder gremial.