Carolina Collins

Gran revuelo causó la información sobre el procesamiento de la Fiscalía Naval contra ocho funcionarios de la Armada, por haber instalado cámaras ocultas en la fragata Almirante Lynch, con el fin de espiar a sus compañeras.

Según publicó ayer La Estrella de Valparaíso, los marinos procesados utilizaron espacios de la embarcación como los ductos de ventilación, para instalar las cámaras y obtener imágenes de sus compañeras en situaciones íntimas en sus dormitorios.

Los registros eran compartidos posteriormente a través de un grupo de Whatsapp y otras redes sociales. Los hechos se conocieron cuando un tripulante lo informó a sus superiores, quienes alertaron a la institución.

Tres de los involucrados fueron procesados por incumplimiento de deberes militares, porque sabían lo que ocurría y no hicieron nada, mientras los otros seis lo fueron por vulnerar el artículo 161 letra A del Código Penal, que sanciona delitos que vulneran la intimidad de las personas. Sólo uno estaba detenido ayer.

Por solicitud de la Fiscalía Naval, la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI inició una investigación.

Rechazo del ejecutivo

Los hechos fueron categóricamente rechazados por el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien los calificó de "inaceptables" y anunció que el Gobierno será "implacable", para que existan sanciones y esta situación no se vuelva a repetir.

"Hemos hecho un esfuerzo grande para que en las Fuerzas Armadas se integren las mujeres y seremos en este sentido implacables en buscar que se apliquen las sanciones, si los hechos así se comprueban", dijo el ministro en conferencia de prensa.

Sanciones posibles

"Esto es una situación que se está investigando", explicó, a la vez que detalló que "las sanciones van en el Código Penal y en la Justicia Militar de 61 días a cinco años, en caso de ser condenados por el crimen, y también hay un sumario que está siendo investigado y ahí pueden ser sancionados con la baja".

La Presidenta Michelle Bachelet se refirió a la situación a través de su cuenta de Twitter, donde publicó: "De ser efectivo lo ocurrido en la fragata Lynch, es inaceptable. ¡Terminemos con todas las formas de violencia contra las mujeres!".

Desde la Armada, el comandante de la Dirección de Comunicaciones, Leonardo Chávez, calificó el hecho como "gravísimo" e informó que las víctimas son seis mujeres de la institución a las que están apoyando.

Polémica respuesta

Revuelo adicional causaron las declaraciones del ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, quien sostuvo que por hechos como estos él se opuso a la incorporación de mujeres a la institución. "Yo me opuse terminantemente al ingreso de la mujer a la Armada por todas estas cosas que se podían prever. Pero entiendo que finalmente entraron y entraron porque era una necesidad institucional, pero lo que está ocurriendo era algo que podíamos haber previsto", dijo según T13.

marinos fueron sometidos a proceso y seis fueron las funcionarias de la Armada víctimas del espionaje. 8

Por cuarta vez en el año, la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, fue hospitalizada por complicaciones de salud. Así lo confirmó ayer el Hospital Militar, que informó que la mujer, de 94 años, fue internada el martes.

Según el hospital, Hiriart deberá permanecer en observación a la espera de un diagnóstico certero, aunque su condición se mantiene en reserva.

Diligencias

La hospitalización de Hiriart se supo luego de que ayer se conociera su declaración ante el ministro en visita, Guillermo De la Barra, del 14 de diciembre, cuando fue interrogada por la investigación en su contra en el marco del caso Cema-Chile.

Hiriart es indagada por presuntos actos de apropiación indebida por parte de la familia Pinochet y cercanos, que bordean los $12 mil millones.

La diligencia judicial fue llevada a cabo en su residencia en La Dehesa por motivos de salud, y la acompañaron su hijo Marco Antonio Pinochet y su médico de cabecera.

Negó desvíos de platas

Según publicó El Mercurio, en la declaración, la mujer negó que los dineros obtenidos de la venta de inmuebles cedidos por el Estado a Cema-Chile hayan sido desviados a su patrimonio o el de su familia.

"Ello se llevó a cabo para poder financiar las actividades de CEMA Chile; todos los dineros producto de esas ventas volvieron al patrimonio de CEMA Chile. Nunca se distrajeron esos dineros para fines particulares ni míos ni de mis familiares", dijo.

Sobre la posible restitución de los inmuebles al Estado, Hiriart respondió que "sí podrían ser devueltos".

La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, dijo que "no le creo". "Una de las actas de la Fundación Cema Chile, que se ha filtrado incluso por un medio de comunicación hace un tiempo, muestra que mientras estaba el general Pinochet en Londres ella le pide al directorio que vendan propiedades por más de 600 millones y, a la vez, pide que se pida plata, un préstamo, a la fundación de sus dos hijas, la FAS".

"La fundación le presta con intereses a ella junto en ese periodo que la necesitaba para Londres y luego se venden propiedades transferidas por el fisco a la Fundación CEMA Chile para pagarle a las propias hijas, plata que evidentemente no está dentro de las arcas de la Fundación", aseveró.

Nabila Rifo, la mujer a la que le arrancaron los ojos, fue hospitalizada nuevamente el miércoles, luego de que sufriera una descompensación tras haber sido agredida por su mamá, según el parte policial. La mujer ingresó al Hospital de Coyhaique por una crisis de angustia tras ser trasladada al lugar por personal del SAMU sin lesiones graves, según publicó Bío-Bío. Rifo habría denunciado que fue golpeada en el rostro por su mamá, quien estaba a cargo de su cuidado desde que fue dada de alta de las graves lesiones que le provocaron en una golpiza. Lo anterior ha sido atribuido a su ex pareja, Mauricio Ortega, quien se encuentra en prisión preventiva. Según consignó Emol, el motivo de la agresión de la mujer contra su hija habrían sido problemas relacionados con dinero. Según Bío-Bío, la ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Claudia Pascual, confirmó que están recopilando antecedentes de la última agresión a Rifo.

La Corte Suprema ratificó ayer la sentencia que le concedió la libertad condicional al interno del penal Punta Peuco Claudio Salazar Fuentes, condenado a cadena perpetua por el llamado caso Degollados, que se refiere al crimen de 1985 de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

En un fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado (i) Jorge Lagos- confirmaron la resolución que antes había sido dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la acción cautelar que fue presentada por el ex cabo de Carabineros.

Según la resolución de la Suprema, el beneficio le fue otorgado en consideración a su edad y el tiempo que lleva privado de libertad, que es de casi 25 años. "No se divisan fines posibles de resocialización que pudieran efectivamente lograrse con una prolongación de la reclusión", consigna el fallo.

Salazar fue parte del grupo de ocho reos que pidieron perdón el viernes pasado por las violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar, en una ceremonia ecuménica.

"Decir que mi vida aquí ha sido color de rosa sería mentir, pero tampoco tan terrible, y esto se debe a que aprendí a conocer a Jehová, mi Padre", leyó entonces.