Asesorías parlamentarias
Señor Director: Por mucha expectación que genere en la ciudadanía, no cabe duda que por tratarse de un asunto judicial, en etapa investigativa -RUC 1600584175-9-, "reservada" será la respuesta, en el plazo de 15 días, que el presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade, previo informe del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, dé al oficio CGP 005-2017, fechado el 9 de enero en curso, que le enviaran los fiscales metropolitanos oriente -Ñuñoa-, Manuel Guerra y Carlos Gajardo, requiriendo información sobre los contratos por asesorías que han sido contratadas por dicha Corporación entre 2011 y 2015, respecto de los 120 diputados.
Difícilmente se alegará el derecho a la privacidad de los contratados -personas jurídicas o naturales- para denegar lo solicitado, como se ha dado en otros casos, aduciendo además que es necesaria la autorización expresa del profesional para ello, no obstante tratarse de "servicios profesionales" "pagados por el Congreso", con dineros de todos los chilenos, y no de un asunto entre privados, en estos casos, entre congresistas y prestadores, "pagados con la dieta".
Sin perjuicio de los dineros involucrados en otras asignaciones "para mejor legislar", ésta en particular se ha prestado para pagar cursos de inglés o traducciones, y en algunos casos, para pagar abogados en causas de índole estrictamente personal del congresista. ¿Podría un informe de asesoría ser utilizado por más de un parlamentario para debitarlo también como gasto suyo en el correspondiente ítem?
Finalmente, no deja de llamar la atención que el Consejo Resolutivo haga "vista gorda" sobre la "inconstitucionalidad" cometida por el Senado, al pagarle éste a los ex-Presidentes, amén de la "dieta-jubilación vitalicia", las asignaciones de "mantenimiento de oficinas" y de "traslación", a su mero arbitrio.
Jorge Saavedra Moena
Las Instituciones no funcionan
Señor Director: Cuando se alzan voces sobre la probidad, recuperar la ética, exigencia académicas y otras yerbas para mejorar el actual decadente sistema, quienes hacen tales exigencias no se sacan el tejado de vidrio sobre sus cabezas y actúan en complicidad de la prosecución de errores sistemáticos en nuestro accionar ciudadano, Las instituciones no funcionan lo demuestra el actual vitalicio problema del COCOCHI y sus expulsiones irregulares, a decir de la SIE " fuera de toda norma" e aquí una falla de sistema, si algo está fuera de norma establecido por un ente rector como la SIE ¿porque se debe judicializar su incumplimiento? Simplemente porque los entes Estatales no tienen potestad legal ante el privado y es este quien domina las instituciones de un estado sin estado. Cuando se refiere a ética profesional y ejercicio de esta topamos con otro inconveniente. La Corporación de Asistencia Judicial en un órgano dependiente del Ministerio de Justicia por ende del Estado, Cabe la pregunta ante la ignorancia ciudadana, si esta institución está dispuesta para principalmente el amparo de pobreza y la defensa de estos antes causas judiciales, será propio que unos de sus empleados, abogado jefe de la oficina de segunda instancia como el señor Eduardo Peñafiel Peña asuma la defensa de una institución privada como el COCOCHI y litigue argumentando contra otra institución del estado que lo contrata como la SIE.
Por ello entre más exigencias se hacen más débiles son los argumentos para hacerlas, ya que a cuestas se demuestra que desgraciadamente no solo la instituciones no funcionan sino que también están manos de quienes erráticamente nos quieren hacer creer que si operan y que sus fallos son irrefutables. ¿Tendremos justicia verdadera algún día? bajo las actuales normas y actores se ve muy difícil y lejano, una verdadera utopía del capitalismo neoliberal y su sistema actual de estado sin estado.
Enrique Edis Jara Rivera
Trump cumple
El presidente electo americano - en el que varios confiamos como prototipo del presidente necesario en la actualidad para corregir actitudes tradicionales y obsoletas de los pueblos - desvirtúa el escepticismo de quienes lo rechazaban al comienzo por su falta de imagen similar a la de los actuales jefes de gobiernos del mundo:
Trump ha intervenido exitosamente en conseguir que la Ford cambie su programa para levantar una nueva planta de fabricación de 1.600 millones de dólares en EE.UU en vez de la original gestión en Méjico, cuyo país atrae inversiones por disponer de mano de obra barata. Trump adelantó establecer trabas en impuestos de importación a vehículos de fuente americana, pero fabricados y traídos desde Méjico, neutralizando así la conveniencia económica.
Es de esperar que las próximas determinaciones de Trump sigan consiguiendo ventajas para su pueblo, sin alterar la armonía con el resto del mundo. Méjico deberá someterse y aceptar esta gran intromisión en la empresa privada: no le queda otra. Queda pendiente el levantamiento del muro entre las dos naciones.
David Benavente