La presentación de una querella en el Juzgado de Garantía de Coelemu hecha por el ex alcalde de Ránquil, Carlos Garrido a fines de junio del año pasado, este martes entregó las primeras señales de avance en materia de investigación. Personal de la PDI llegó al municipio a requisar computadores, archivadores e información de materia contable.

Fue la investigación interna desarrollada por el municipio en el departamento de salud municipal, en la que se constató el pago doble de facturas a proveedores de insumos médicos y farmacéuticos, en la cual participaron dos funcionarias.

La pesquisa también logró detectar que una de las funcionarias involucradas cobró 30 cheques que emitió el municipio, para el supuesto pago de las adquisiciones para el departamento de salud, por un monto total de $77.710.178.

"El procedimiento que realizó la PDI se debe a la denuncia que se realizó por desfalco del departamento de salud y este es el resultado de esa denuncia. Este es un procedimiento que la fiscalía encomendó a la PDI y por ellos se sacaron 4 computadores vinculados a la jefatura del departamento de salud y un computador que corresponde al jefe de control de la municipalidad, los cuales van a ser periciados para ver la información que avale o respalde que hay mucha pérdida de plata", detalló el alcalde de Ránquil Benito Bravo.

Fue en la oficina de reuniones donde se recopiló la información, por parte de los funcionarios de la PDI que llegaron a primera hora del martes al municipio de Ránquil. De este modo se llevó toda la información contable desde el año 2011 a la fecha, además de los computadores del fiscal que realizó el sumario municipal, el jefe de control, el asesor jurídico los cuales se encontraban en funcionamiento en el momento que fueron retirados.

"Me entrevisté con el contralor regional para manifestarle que espero que se clarifique esta situación y toda vez que la defensa de las imputadas que el sumario como proceso administrativo fue viciado y están apelando a contraloría para que se rehaga este sumario porque tiene al parecer vicios administrativos", subrayó el alcalde.

Resolución del sumario

En tanto el 23 de noviembre de 2016, Contraloría solicitó al municipio enviar el sumario, donde se destituyeron a las dos funcionarias involucradas, para poder responder a la denuncia hecha por el abogado de una de ellas, en la que se asegura una posible ilegalidad y vicios que contendría la investigación interna municipal.

"Estamos confiamos en la investigación que está llevando a cabo la fiscalía. En materia administrativa Contraloría ya retiró de la municipalidad no solo el sumario completo, sino que además durante los próximos días debería pronunciarse sobre todos los vicios y la manipulación que afecta el sumario exprés que hizo la administración anterior. En inconsecuencia nosotros estamos muy tranquilos y ahora es momento de que la administración que salió deje de esconderse y aporte antecedentes", sostuvo Daniel Escobar, abogado de una de las funcionarias involucradas involucradas.