A consecuencia del incumplimiento del estándar legal de garantía legal solicitado el año pasado, junto a la detección de deficiencias administrativas, la Superintendencia de Salud rechazó el plan de ajuste y contingencia presentado por isapre Masvida el 10 de febrero.
La aseguradora tiene un plazo de diez días para entregar una nueva propuesta a la autoridad. En caso contrario se designará a un interventor.
Resolución
Entre las insuficiencias a las que alude la resolución aparece "la falta de antecedentes concretos a las medidas planteadas para subsanar su estado financiero, como por ejemplo el aumento de capital (y) el ordenamiento de pasivos", señala el documento al que tuvo acceso La Segunda, luego de que este fuera enviado a Masvida.
La autoridad de Salud identificó que "no existía una reestructuración clara del grupo económico, ni del ingreso del socio estratégico Gamma Capital", lo que fue informado tres días después de que la isapre presentara su plan de ajuste y contingencia para subsanar la crisis financiera por la que atraviesa hace más de un año.
Gastos administrativos
Sobre los gastos administrativos, el documento señala que Masvida no redujo los gastos en diciembre pasado, como se le había solicitado en 2016.
Estándares de garantía
Sobre los estándares de garantía, actualmente la isapre adeuda $ 20 mil millones, que debían ser reingresados el 20 de febrero, plazo que no fue cumplido. La empresa mantiene en reserva $ 70 mil millones.
Interventor
En este escenario, el organismo fiscalizador de Salud señaló que isapre Masvida tiene 10 días hábiles, a contar del 22 de febrero, para presentar una nueva propuesta para salir de la situación financiera que enfrenta.
En caso de que no cumpla, o que el plan sea rechazado nuevamente, la autoridad designará a un interventor en la firma, el que tendrá 120 días para buscar una solución que de continuidad a la empresa.
Incautación
El fiscal asignado al caso, Carlos Gajardo, ejecutó ayer la incautación de computadores y documentos desde las oficinas de Isapre Masvida en Santiago.
La medida tiene como finalidad comprobar la veracidad de las cifras entregadas, ante las dudas de la Superintendencia de Salud, por las cuales recurrió al Ministerio Público. El fiscal explicó que la investigación persigue responsabilidades de personas naturales que pudiesen haber cometido el delito de envío de información falsa al organismo regulador. "Aquí no hay una investigación en contra de la persona jurídica", detalló Carlos Gajardo, quien también guió la investigación del caso Penta.
de febrero, fecha en que la firma entregó su plan de ajuste y contingencia a la Superintendencia de Salud. 10
millones es la deuda a corto plazo de Masvida, cuya cuota de $20 mil millones debió ser pagada el lunes. US$ 180