Marcelo Arroyo L.

El Octavo Estudio Nacional de Transparencia, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), trajo sorpresas para la región del Biobío. Siete de cada diez personas cree que los actos de corrupción que se registran en el país quedan impunes y un 52% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida y un 64% afirma que el sector público es "muy corrupto".

Las cifras coinciden con la percepción de los chilenos, que aumentaron su nivel de reprobación de los organismos públicos y sus funcionarios, evidenciando una percepción más crítica respecto de lo que se observó en el año 2015.

La encuesta, aplicada a 2.853 hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el territorio nacional, entre septiembre y noviembre pasado, arrojó que sólo el 18% considera que las entidades públicas son transparentes.

Asimismo, un 63% de los encuestados a nivel nacional no logró identificar alguna institución pública o privada que le diera confianza.

Ese mismo índice disminuyó 13 puntos en la región del Biobío, donde el 50% de las personas no pudo mencionar una entidad pública o privada en la cual confiar. Y dentro de quienes sí lograron indicar alguna institución, se mencionó principalmente a Carabineros y a Bomberos.

Sin embargo, el estudio del CPLT reveló que la crisis de desconfianza se agudiza en la región del Biobío, ya que un 78% de sus habitantes piensa que la corrupción en nuestro país queda impune.

Además, un 52% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida y un 64% afirma que el sector público es "muy corrupto".

"Estos resultados constituyen un importante llamado de atención que debería ser considerado por todos los sectores, privados o gubernamentales, sobre cómo debemos proceder. Los ciudadanos están indicando el camino para reconstruir la confianza: la transparencia, la honestidad, el acceso a la información y la claridad son las piedras angulares de este proceso de reconstrucción social", señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María.

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El gobernador de Ñuble , Álvaro Miguieles, reconoció que el resultado del estudio no es satisfactorio, aunque también cree que existe un porcentaje que sí confía en las instituciones, sean públicas o privadas.

"En el caso de los funcionarios públicos, la enorme mayoría son personas que sienten una verdadera vocación de servicio público, que trabajan con dedicación y de manera honesta", expresó la autoridad.

Miguieles sostuvo que el personal que labora en el sector público debe ser muy cuidadoso y probo, más que quienes lo hacen en empresas privadas. "Tenemos una responsabilidad mayor en el manejo de recursos fiscales, dineros que pertenecen a todos los chilenos", comentó.

La autoridad dijo que la confianza, honestidad y trasparencia son atributos fundamentales para un gobierno que aspira a prolongar su mandato. "Nuestro aporte será a partir de lo que los ciudadanos quieren. Queremos ser un buen gobierno", afirmó.

sería el piso $100

este año para el kilo de uva, aunque se espera que el precio aumente por variedad y calidad. $250

alcanzaría el valor promedio del kilo de uva de calidad Premium en la zona, según estimaciones de algunos viñateros del Itata. $260

se pagaron en El Maule para algunas cepas como Merlot en calidad Blend (Ensamblaje) y US$0,60 (Premium), según Provid. $280

se pagó a algunos productores del Maule por la cepa Chardonnay, mientras que la Sauvignon Blanc logró un máximo de $230. Atributos

Marcelo Arroyo L.

Los viñateros del Itata esperan que este 2017 la situación de precios sea mejor a la de otros años y por eso se mantienen expectantes a pocos días de iniciar la venta, con la esperanza de aumentar la producción y que el piso por el kilo de uva parta en los $100, con un promedio que se aproxime a los $200 previa a la vendimia.

"Dependerá de la cantidad de fruta y del tiempo", dijo Charles Rodríguez, presidente de la Sociedad Viñas de Guarilihue, de la comuna de Coelemu, que el año pasado operó como uno de los cuatro centros de acopio del Valle con aportes de Indap y logró comercializar 3 millones de kilo de uva, cuyo valor fue de $100 para las cepas blancas y entre $85 y $100 para las variedades tintas.

Rodríguez dijo que este año las expectativas de los 70 socios son altas y que el piso partiría en los $100 con la esperanza que pueda venderse en $50 más. Agregó que algunos de sus cooperados de Guarilihue podrían vender su uva de la cepa Cinsault, de calidad Premium, a viñas boutique como Miguel Torres, Bouchon y Undurraga desde los $250 "hacia arriba".

"Algunas uvas País también se pagan a $270 el kilo también como Premium gracias al sistema de precio justo", comentó Rodríguez.

En el caso de esta sociedad habitualmente comercializan por contrato a RR Wines, Viña Santa Carolina y Portal del Sur, por lo que este año aspiran llegar a unos 5 millones de kilo de uva.

"Empezaremos a comprar por sectores cuando la fruta esté madura (a un total de 130 productores de la comuna que cumplan los requisitos) y creemos que sea a partir del 6 de marzo", señaló Rodríguez.

En el caso de la comuna de Quillón, el presidente de la Cooperativa Coovicen, Juan Carlos Lagos, sostuvo que este será un buen año y este lunes conocerá la propuesta de su principal comprador.

"Nuestra cooperativa comenzará las compras la próxima semana y esperamos que Viña Concha y Toro nos dé un buen precio", afirmó el dirigente.

Lagos recordó que el año pasado esta entidad, que también fue centro de acopio y que este año además vinificarán, logró comercializar 2,6 millón de kilos de uva pagando $110 por Moscatel de Alejandría (blanca) y $90 por el kilo de uva Corinto.

"Esperamos comprar a nuestros cooperados y clientes de la comuna alrededor de 7 millones y que los precios sean mayores", dijo Juan Carlos Lagos.

De todas formas, el dirigente aclara que los altos valores registrados este año en la Región del Maule corresponden a cepas de otras calidades (Cabernet, Sauvignon Blanc, Syrah, Malbec, Merlot y Chardonnay) ya sea Blend o Premium, pero que el caso de las cepas País o Moscatel los precios podrían ser menores.

Por su parte, desde la Seremía de Agricultura informaron que en los próximos días se entregarán detalles sobre el apoyo estatal, los centros de acopio y tres centros de vinificación para la Agricultura Familiar Campesina que operarán en el Valle del Itata, en este último caso con un aporte de parte de Indap que superará los $104 millones.

Mejores precios

En este sentido, la Coordinadora de la Coalición Nacional de Viñateros de Chile, Yenny Llanos, espera igual trato que para las regiones del norte.

"Esperamos que nos paguen en Itata/Biobío al menos el doble a lo pagado año pasado, según tendencia nacional y para después de varios años de pérdidas por lo menos salvar nuestros costos crecientes que ya la pasada temporada (2015-2016) alcanzaron en promedio de $170/kilo", dijo Llanos, quien es directora del Comité de Viñateros de Portezuelo, una de las comunas donde algunas viñas resultaron afectadas por el megaincendio.

Llanos indicó que las uvas están altamente demandadas porque faltarían para cubrir la actual demanda creciente de vinos de alrededor de los 1.200 millones de litros anuales, esto producto del déficit de inventarios mínimos a mantener de vinos.

"Se cree que los inventarios han caído drásticamente por sobre el 20%, aunque no tenemos aún cifras oficiales por parte del SAG, a pesar de estar ya casi en la vendimia", señaló.

Yenny Llanos explicó que el "consumo interno aparente" bajó el 2015 desde 346 a 210 millones de litros (menos un 40%) con respecto al 2014, a pesar que los grandes (compradores) que tienen mayoritariamente el mercado interno, aumentaron sus ventas internas el 2015.

"Nadie dijo nada o dio explicaciones a pesar de ser solicitadas en una de las mesas del vino, a pesar de haber una denuncia donde la principal excusa del actor dominante para pagar precios abusivos fue decir que había sobre stock, lo cual era absolutamente falso", dijo una de las dirigentes que presentó la denuncia por eventual abuso de posición dominante y prácticas desleales en la actividad vitivinícola ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).