La Cámara Baja dio el visto bueno al proyecto de ley que modifica la fecha de la cuenta pública presidencial, pasando del 21 de mayo al 1 de junio.

Siguiente paso

La moción, que ahora deberá ser revisada por el Senado en su segundo trámite legislativo, fue presentada con el objetivo de separar el discurso presidencial de la celebración de las Glorias Navales, en Valparaíso, donde el desfile, una tradición de la ciudad portuaria, era empañado por los incidentes callejeros.

La iniciativa pretende que este homenaje pueda conmemorarse con tranquilidad, evitando las manifestaciones sociales que suelen producirse mientras se desarrolla el discurso de la Presidenta en el Congreso.

La modificación de la fecha, que necesitaba la aprobación de al menos 70 parlamentarios, fue aprobada con 99 votos a favor y solo cuatro abstenciones.

Respaldo

El ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que el Ejecutivo, "junto con acoger este proyecto, se compromete a darle la mayor celeridad en su trámite en el Senado a objeto de poder realizar la cuenta pública en la nueva fecha". Uno de los promotores de la idea, el diputado PPD Ramón Farías, explicó en Canal 13 que la medida busca "no tener a un Presidente de la República dando su cuenta anual al Congreso de manera apurada y, por otro lado, otorgarle al homenaje a las Glorias Navales el realce que se merece".

Seguridad

El legislador Aldo Cornejo (DC) indicó a radio Cooperativa que "el año pasado tuvimos que lamentar la muerte de un funcionario municipal. Yo creo que es una buena noticia para la ciudadanía y la celebración de las Glorias Navales, de manera tal que yo espero que el 21 de mayo podamos disfrutarlo en paz, en tranquilidad, en familia, relevando y poniendo en el lugar que corresponde la gesta de Iquique".

Redacción

El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el ex ministro de Minería durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, en el marco del caso Penta, razón por la que será suspendido hasta la próxima semana el proceso penal que lo afecta.

El ex secretario de Estado es investigado por su presunta participación en delitos tributarios vinculados al financiamiento ilegal de la política.

La fecha

La medida del TC se extenderá hasta el próximo martes 14 de marzo, fecha en la cual se discutirá la admisibilidad del requerimiento.

La fecha coincide, además, con el vencimiento del plazo de diez días legales que tiene la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente para acusar a todos los imputados que serían llevados a juicio oral, al no aceptar salidas alternativas. Esto, luego que el sábado recién pasado el Ministerio Público informara el fin del periodo de indagatorias.

En caso de que el organismo de justicia decida presentar la acusación contra las personas formalizadas antes de esa fecha, ésta no podrá incluir a Golborne pues, a partir de ayer, el proceso en su contra está suspendido.

Acusación

La autoridad durante la administración Piñera, fue formalizada en junio del año pasado por presuntamente haber recaudado un total de $ 378 millones a través de facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados entre 2012 y 2014, a las empresas Penta, Penta III y Ripley, entre otras.

De aquel monto, según la fiscalía, $ 218 millones fueron recibidos a través de facturas emitidas por la empresa Vox Comunicaciones, mientras que otros $ 160 millones a través de VSA y Siglo Outsourcing.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, estos dineros fueron utilizados para financiar las campañas senatorial y presidencial de Laurence Golborne.

Formación de sala

El próximo martes 14 de marzo, en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional tampoco estará presente el ministro de justicia Cristián Letelier (ex diputado UDI), quien declaró su inhabilidad para conocer la causa.

La sala quedó formada por Carlos Carmona, Iván Aróstica, Gonzalo García, María Luisa Brahm y José Ignacio Vásquez.

A tres días de concluir su periodo al frente del Consejo de Defensa del Estado, organismo que defiende los intereses pecuniarios fiscales y participa en casos penales de relevancia social, su presidente, Juan Ignacio Piña (43), renunció al departamento.

La decisión fue tomada el pasado 31 de enero, cuando, según Emol, comunicó a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que dejaba sus funciones como consejero, cargo que podría haber ejercido hasta los 75 años.

Ayer, este hecho fue comunicado al resto de los funcionarios y a la prensa, puesto que "no quise que la noticia pudiera empañar una cuenta pública que debía mostrar sin distracciones la fortaleza institucional y los sólidos resultados del Consejo", afirmó el abogado penalista en un correo electrónico, quien desde 2014 ejercía el cargo, nombrado por Sebastián Piñera.

La decisión de las empresas de estacionamientos de subir considerablemente sus tarifas, antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa para el rubro, fue calificada como "una subida por el chorro" por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

"El aumento de precio no tuvo nada que ver con la ley, fue una subida por el chorro que agrede la confianza de la ciudadanía", señaló el ministro.

"daño provocado"

El titular de Hacienda indicó que "el daño provocado por una fracción pequeña de las empresas de estacionamientos, que aprovechó la entrada de la nueva ley para hacer un aprovechamiento de tarifas, fue inmenso".

Rodrigo Valdés también se refirió a las críticas contra el Parlamento por la aprobación de medida: "El Senado nos acompañó responsablemente, (...) que no tiene nada que ver con el alza de precios como los diarios y las redes (sociales) han sugerido".

"aprovechamiento"

El ministro fue enfático en denunciar "el aprovechamiento de algunos, que parecen no medir las consecuencias de sus actos sobre la legitimidad del sistema. Debieran recibir el reproche de quienes pregonan la necesidad de recomponer confianzas en Chile", puntualizó durante el seminario "Nuevos vientos de la Economía", organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarollo.

Sanidad

El secretario de Estado aprovechó la ocasión para hablar sobre los cambios legislativos que se están incentivando en salubridad, donde "es evidente que varios de los ajustes normativos en el sector sanitario que se impulsan en el Congreso provocarían serios estragos si llegaran a ser ley".

Elecciones

Respecto a que 2017 es año de elecciones, Valdés apuntó que "tenemos que estar conscientes que el modo más adecuado de encarar las políticas públicas, probablemente va a ser puesto a prueba".

"La tentación de soluciones fáciles, cosas que no están bien financiadas o que tienen efectos colaterales dañinos más adelante pero no en el corto plazo, puede ser muy grave", afirmó, para finalizar con un llamado a "recomponer confianzas en Chile".