Danny Fuentes Espinoza

Seguimientos, hombres de punto fijo, entre otras técnicas de inteligencia policial, fueron las que utilizaron los detectives de la Brigada de Homicidios de Chillán para dar con el paradero de Víctor Rodríguez Pincheira, ex concejal demócrata-cristiano por Negrete (en la provincia de Bío Bío), quien se encontraba prófugo de la justicia desde junio de 2015.

La información fue dada a conocer ayer por el subprefecto José Luis Gallegos, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien manifestó que "se mantenían antecedentes de que esta persona, que había sido condenada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo penal de Los Ángeles, se encontraba en la provincia de Ñuble".

En concreto, el oficial policial hizo alusión a la sentencia dictada por el ya mencionado tribunal, que data del 13 de junio de 2015, que dictó contra Rodríguez Pincheira una pena de 5 años por el delito de lesiones graves gravísimas, 61 días por lesiones graves y otros 61 días por porte ilegal de arma de fuego. Todo esto, por haber lesionado con un arma de fuego a dos hermanos, en la comuna de Negrete.

La captura

Cuando el tribunal de Los Ángeles dictó condena, Víctor Rodríguez se encontraba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total, no obstante se ordenó su ingreso a la cárcel para cumplir la sentencia. Por ello, abandonó su hogar, solo, el 20 de agosto de 2015. A partir de entonces, nada se sabía de él.

Según dieron cuenta desde la PDI, el hombre se cambiaba constantemente de domicilio y evadía los controles de carabineros dando identidades falsas. No obstante, "se supo que hace cinco meses estaba viviendo en una parcela, en el kilómetro 6 camino a Coihueco".

Por ello, los detectives se trasladaron hasta el sector, y cerca de las 19 horas del día martes lo encontraron "cuando transitaba en su auto particular, en dirección a Chillán, a la altura del kilómetro 7 de la ruta", según comentó el subprefecto Gallegos. A la fecha, Víctor Rodríguez se dedicaba a trabajos esporádicos como agricultor y vivía solo.

Tras controlar su identidad y reconocerlo, los detectives lo llevaron hasta el cuartel de la PDI ubicado en Chillán.

Durante la mañana de ayer pasó a control de detención en el tribunal local, que ordenó que hoy llegue hasta el tribunal de Garantía de Nacimiento, para validar la condena dictada hace casi dos años.

Mirando de frente al juez, Wilson Navarrete escuchó ayer la sentencia que otorgó el tribunal de Juicio oral en Lo Penal de Chillán, por su responsabilidad en el crimen de Manuel Durán, a quien hirió con un arma blanca el 31 de enero de 2016.

A las 13 horas en punto, los gendarmes abrieron la puerta de la segunda sala del tribunal y permitieron el ingreso a los familiares de víctima y victimario, conociéndose entre sí, ya que Wilson Navarrete y Manuel Durán eran cuñados.

Sin embargo, lo anterior sufrió el duro traspié la madrugada del 31 de enero del año pasado, porque la esposa de Durán llamó a su hermana porque estaba siendo golpeada. Ello motivó a que Gonzalo Navarrete llegara al domicilio del matrimonio y se enfrascara en una riña con el hombre, en un galpón ubicado dentro del domicilio.

En medio de esa pelea, y según indica el fallo, Navarrete "procedió a agredir a su cuñado, la víctima Manuel Durán, con golpes de puño y además con un arma blanca. A raíz de lo anterior la víctima resultó con herida cortopunzante en cara anterior brazo derecho, herida cortopunzante torácica, herida cortopunzante muslo izquierdo, escoriaciones, erosiones, y equimosis en rostro, cuello y extremidad superior derecha, falleciendo posteriormente, por la herida penetrante torácica".

El condenado pagó en diciembre la suma de $1 millón y su defensora, la abogada Paula Mujica, solicitó que se aplicara la atenuante de reparación celosa del mal causado; sin embargo, esta no fue considerada por extemporánea al proceso judicial. Asimismo, los jueces sólo acogieron la atenuante de irreprochable conducta anterior y se consideró como agravante el lazo familiar que había entre ambos. La defensa ahora tiene 10 días para presentar un recurso de nulidad.

La pugna judicial en materia laboral que sostienen 76 profesores de Ránquil fue zanjada en la Corte de Apelaciones de Chillán, beneficiando a 68 de ellos, luego de condenar a la municipalidad de esta comuna a pagar el aumento de la bonificación proporcional por el período 2010-2015 en que desempeñaron funciones en el sector municipal.

Lo anterior, porque el tribunal de alzada, en fallo unánime acogió el recurso de nulidad e invalidó parcialmente la sentencia dictada el 21 de diciembre pasado por el Juzgado de Letras y Garantía de Coelemu, ya que en primera instancia sólo se había considerado el periodo del 3 de agosto de 2013 al 7 de agosto de 2015.

El fallo dio por acreditado que los demandantes dejaron de prestar servicios para el municipio, en fechas diversas, y que la demanda interpuesta fue notificada el 7 de agosto de 2015, por lo que 68 de los 76 demandantes iniciales recibirán la bonificación adeudada. Los ocho docentes restantes, "cuyos servicios se extinguieron antes del 7 de agosto de 2010, se encuentran fenecidas por el modo de extinguir prescripción".

No obstante, los jueces razonaron que "corresponde hacer lugar a la demanda respecto a los actores antedichos, condenándose a la demandada al pago del aumento de la bonificación proporcional por el período que en cada caso se indicó, toda vez que, recayendo en el municipio la carga de acreditar la solución de la obligación, no lo hizo", sostiene el fallo.

La resolución judicial estableció, además, "que el monto de la prestación líquida que corresponda a cada uno se determinará en la etapa de cumplimiento incidental de esta sentencia, en la forma dispuesta en la decisión IV del fallo recurrido". Esto es, por los periodos que se iniciaron en agosto de 2010.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán condenó a Felimer Isaías Ortega Quintana a la pena de 541 días de presidio, en calidad de autor del delito de haber abandonado a la víctima, sin prestarle ayuda y sin haber dado cuenta a la autoridad policial más inmediata.

Ortega Quintana, además, fue condenado a 61 de reclusión menor, como autor del delito de conducción de vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol causando lesiones graves y daños, ilícitos perpetrados en enero de 2016, en la comuna de Coihueco.

En fallo unánime, el tribunal aplicó además a Ortega Quintana las accesorias legales de inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica, la suspensión de la licencia de conducir clase B por el plazo de 18 meses, más el pago de una multa de 7 UTM.

Por reunirse en el "caso los requisitos del artículo 4 de la Ley N°18.216, se sustituye al sentenciado el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de remisión condicional, debiendo quedar sujeto al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile de Chillán, por el lapso de 602 días", sostiene la sentencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 horas del 1 de enero de 2016, a la altura del kilómetro 1 de la comuna de Coihueco.