Uber: Seremi de Transportes anuncia control focalizado
CHILLÁN. El Programa Nacional de Fiscalización considera desde este año el registro de socios de la aplicación. La asociación de taxistas pide que se agilicen normas para competir de igual a igual.
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A las 9.30 horas de la mañana se inició una nueva reunión entre el Seremi de Transportes, César Arriagada, y el gobernador Álvaro Miguieles, quienes recibieron a Héctor Aedo, presidente de la Asociación Gremial de Conductores de Taxi de Ñuble, para tratar nuevamente el gran dolor de cabeza de los últimos meses: la aplicación Uber.
La cita se concretó en el edificio de la Gobernación y participó, además, Carabineros, con el objeto de coordinar un nuevo ciclo de fiscalizaciones y así sancionar a los conductores de la aplicación móvil, que no se encuentra validadada por el Ministerio de Transportes.
"Uber ha generado una merma a los taxistas cercana al 70%, y los choferes profesionales sienten la angustia de ver cómo ha disminuido la fuente de trabajo que le ha dado el sustento por años", dijo el gobernador de Ñuble, Álvaro Miguieles.
Pese a este descontento, el gobernador manifestó que los taxistas "han expresado la voluntad de mantener su decisión de seguir desarrollando su actividad sin manifestaciones públicas, dentro de las normas que regulan el orden de la ciudad", dejando entrever que no habrá marchas masivas, como ha ocurrido en tres ocasiones dentro de Chillán. La última caravana que recorrió la intercomuna fue el 22 de febrero, en llamado al paro nacional de taxistas.
Fiscalizaciones
"Fue una reunión franca en cuanto a la preocupación de los representantes de los taxistas. Para el gobierno no ha sido fácil de enfrentar un tema que merece sólo una interpretación: Un par de aplicaciones están ofreciendo tranporte de personas en vehículos que no están autorizados por el Ministerio de Transportes; son vehículos piratas y ponen en riesgo la seguridad de las personas", fue la primera declaración que hizo ayer ante los medios el seremi César Arriagada.
Según planteó el representante del Ministerio de Transportes en el Bío Bïo, "no es una exageración. Estos vehículos no están debidamente inscritos ni autorizados, por eso no cumplen las exigencias mínimas a las que están sometidos los taxistas formales". No obstante, admitió que "el poder fiscalizar, para garantizar un traslado seguro, es muy difícil porque lo complejo es identificarlos".
Atendido que Arriagada se ha reunido en dos ocasiones con los taxistas de Chillán, la idea en esta ocasión es coordinar nuevas fiscalizaciones, pero de manera focalizada en horarios. Por ello, esta jornada los taxistas (representados por Héctor Aedo) tendrán una reunión con los funcionarios de la unidad de fiscalización de la Seremitt.
"Uno de los primeros compromisos es generar una coordinación fina entre los gremios, la Gobernación, Carabineros y el Ministerio de Transportes", dijo Arriagada, agregando que en segundo término se busca "también generar conciencia entre los ciudadanos, que consideren la oferta formal de taxistas, porque los conductores tienen licencia profesional, están capacitados para prestar este servicio y son vehículos que cuentan con dos revisiones técnicas al año. Esas situaciones dan garantías a los pasajeros", dijo.
Visión de taxistas
"En este momento ni siquiera queremos que saquen a Uber de las calles. Lo que pedimos es que haya una fiscalización real, que todos trabajemos bajo las mismas normas, y en ese momento veremos si continúan en el negocio", declaró Héctor Aedo, presidente de la Asociación Gremial de Conductores de Taxis de Ñuble.
El dirigente descartó de plano que vayan a rebajar sus tarifas, básicamente porque la inversión que realizan no se los permite.
"A nosotros nos exigen dos revisiones técnicas al año, control de taxímetro, que tiene un valor de $400 mil. Tenemos que tener licencia profesional y nuestros vehículos son revisados por la Municipalidad, que está regularmente fiscalizando los taxímetros para poner su sello de control", planteó.
Informe ministerial
Los taxistas también han expresado su inquietud al diputado Carlos Abel Jarpa, quien en pos de desentrañar la realidad de las fiscalizaciones de Chillán ofició al Ministerio de Transportes para conocer las cifras que hay detrás de ellas.
En la respuesta, firmada por el ahora ex ministro Andrés Gómez-Lobo, se sostiene que a contar de este año el Programa Nacional de Fiscalización contempla registrar si el vehículo se encuentra o no asociado a las aplicaciones Uber o Cabify, en los casos en que los conductores o pasajeros lo han señalado. "Respecto de la ciudad de Chillán, a la fecha se contabilizan cinco vehículos que fueron identificados utilizando la aplicación Uber", señala el informe.
Asimismo, plantea que la unidad de fiscalización de dicha cartera gubernamental viene aumentando desde 2012 los controles. En 2016, en Chillán, también se hizo un trabajo especial concerniente al control del transporte informal en la ciudad.
"Durante 2016, con cierre al 3 de noviembre, se han realizado 2 mil controles y se han cursado un total de 141 citaciones, no pudiendo hacerse los retiros de circulación, porque en dicha comuna no se cuenta con aparcadero municipal para dicho efecto".
Cabe recodar que el 26 de octubre del año pasado, Carabineros retiró de circulación tres vehículos de Uber, y además la unidad de fiscalización de Transportes multó a los conductores; sin embargo, éstos presentaron sus descargos ante el Juzgado de Policía Local, ya que personal de la Seremi descargó la aplicación y sólo de esa forma los detectaron. Ello no fue ajustado a la norma, y se eximieron de la multa.
Frente a este hecho, el seremi de Transportes dijo que "es una discusión que habrá que tener, que toma cierta relavancia al momento de discutir en esta mesa de trabajo", dijo César Arriagada.
Eso sí, la autoridad planteó que la decisión escapa a sus facultades. "Nuestra misión con Carabineros es sancionar y al final son los jueces de Policía Local los que determinan la infracción", señaló.
El diputado Carlos Abel Jarpa, en tanto, dijo que "se necesita sacar adelante el proyecto de ley para que se regularice esta situación, porque las normas deben regir para todo, así como lo está en el caso de los taxistas. Lo importante es que los usuarios estén seguros y los conductores cumplan estándares adecuados", dijo.
"Ni siquiera queremos que saquen a Uber de las calles. Lo que pedimos es que haya una fiscalización real, que todos trabajemos bajo las mismas normas".
Héctor Aedo
Pdte. Asociación Gremial de, Conductores de Taxis en Ñuble"
Diputado Jarpa pide registro especial
El diputado Carlos Abel Jarpa solicitó al Ministerio de Transportes un informe sobre las fiscalizaciones a taxistas, donde se arrojó que 16 fueron sancionados monetariamente el año pasado. No obstante, también pidió que informaran respecto a los vehículos de transporte pirata. Al 3 de noviembre de 2016, se hicieron 2 mil controles en Chillán, cursando 141 infracciones. "Mientras no se promulgue una nueva ley, pedimos que se haga una fiscalización especial", señaló el parlamentario, a quien se le informó desde la cartera gubernamental que han podido detectar 5 móviles, aunque según los registros de Uber, en Chillán ya operan más de mil.