La nueva ministra de Transportes, Paola Tapia, anunció que el Gobierno le pondrá suma urgencia al proyecto que busca regular las aplicaciones para contactar vehículos privados para el traslado de pasajeros, como Uber y Cabify.

El asunto vendría a poner calma en un sector que ha visto muy mermado su negocio ante la irrupción de aplicaciones que prestan igual servicio, sin tener una regulación específica. Es claro, que nos enfrentaremos a este tipo de incordios cada vez de manera más recurrente, principalmente por las tecnologías.

El anuncio de Tapia fue hecho luego de reunirse con asociaciones de taxistas en el ministerio. "Existe un consenso absoluto que hay que regular", apreció.

Por su parte, el gerente general de Uber en Chile, Carlos Schaaf, dijo que considera positiva la discusión de la nueva normativa. "Vemos que esta discusión es algo positivo para el país, porque se inicia una discusión acerca de cómo incorporar estas nuevas tecnologías para que queden disponibles".

Hasta ahora, la discusión se ha centrado casi exclusivamente en las ventajas económicas que tiene la plataforma, porque efectivamente ofrece un servicio más barato que el de taxis formales. ¿Pero es ésta la más relevante de las consideraciones que deben tenerse para formalizar una nueva aplicación?

Estando de acuerdo en que estas olas tecnológicas son irremediables y Chile debe saber "surfearlas" es evidente que este ejemplo nos sirve para entender la escasa visión de las autoridades al momento de enfrentar estas emergencias.

Una realidad como el transporte exige visión amplia y de largo plazo y no sólo la revisión de su conveniencia económica. ¿Cuántos más autos tendremos en las calles? ¿Qué pasa con la locomoción colectiva que debiéramos privilegiar?

¿Dónde está la propuesta pública al respecto? Si es la mera regulación, todo lo anterior implica necesariamente una deuda enorme respecto de la oferta que esperamos, pero seguimos entrampados en prismas del pasado y en ocasiones extraviados respecto del país que puede y quiere construir. Falta política.

En mayo de 2012 el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones junto al SERNAC, por parte del sector público, y la Cámara Chilena de Centros Comerciales, constituyeron una "mesa técnica de estacionamientos y servicios higiénicos en mall, con el fin de resolver las inquietudes presentadas por los consumidores ante el Sernac sobre dichos servicios. Tras un mes, la instancia expresó que la Ley General de Urbanismo y Construcción no prohibía el cobro de los estacionamientos, sólo exigía a recintos como los centros comerciales, de salud, educación, de eventos, deportivos, edificios de oficinas y viviendas, contar con una dotación mínima de éstos.

El 18 de noviembre de 2014 se presentó otro proyecto tomando en cuenta que existían recintos comerciales que aún cobraban a los usuarios desde el primer minuto que entraban al estacionamiento, presentaron un proyecto de ley para establecer las regulaciones al uso de este servicio. La iniciativa proponía que la primera media hora de uso sería gratuita; a partir de la primera media hora y hasta las dos horas de permanencia, el usuario quedaría liberado del pago presentando una boleta de bienes o servicios presentes en la edificación principal o anexa al centro comercial; y el cobro, una vez pasadas las dos horas de estadía, debería ser cobrado por minuto, quedando absolutamente prohibido el cargo por tramos de tiempo ni el redondear al alza.

De esta forma, el 12 de marzo de 2015 la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley presentado. Posteriormente, el 7 de abril, se aprobó en su forma particular. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, los miembros de las comisiones de Economía y Transporte del Senado aprobaron una indicación sustitutiva que reducía la gratuidad y otorgaba opciones de cobro a los comerciantes. Por unanimidad, los legisladores acordaron que los proveedores que ofrecieran el servicio por períodos inferiores a 24 horas, podrían optar al el cobro por minuto efectivo. La gratuidad sólo sería efectiva en los primeros 30 minutos.

Peor aún, en la Comisión Mixta se determinó rechazar la gratuidad en centros comerciales. Así, el cobro se realizaría a los conductores por cada minuto que utilizaran el estacionamiento. El pasado 17 de febrero de 2017 comenzó a regir la Ley N° 20.967, que regula el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos. Dicha ley además modificó la Ley N° 19.496, que establece las normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Lamentablemente, en la tramitación en el Senado se confundieron los conceptos de estacionamientos como giro principal y como servicio accesorio, los cuales requieren diferente regulación. Esa es la historia de una ley que nuevamente espera ser modificada para beneficiar de verdad a los ciudadanos.

Frank Sauerbaum, Ex Diputado por Ñuble, Ingeniero Comercial -MBA.

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