Ingrid Acuña Caballero

A tres meses de los incendios forestales, catástrofe que llevó a los municipios de la provincia a movilizarse, aún quedan temas pendientes como la manera en que se reacciona frente a situaciones de riesgos y emergencias.

Bajo esta perspectiva, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) elaboró un estudio sobre la gestión de riesgos y emergencias que tienen los municipios en la disponibilidad presupuestaria y el nivel de gasto para atender este tipo de situaciones, resultados que dejaron a Ñuble con inversiones bajas en esta materia.

"La gran problemática nuestra es que no aprendemos de las situaciones que ocurren. El gran problema no es recurso, sino que la descentralización, ya que no es un tema país, pero es en situaciones catastróficas donde se vive la descentralización en carne viva. Impacta que, si ocurre algo en Chillán o en otras de las comunas de Ñuble, las autoridades de tu zona deban llamar a Santiago para que les manden ayuda y eso debe ser fuerte, ya que no puede ser posible que no se cuente con implementación como un avión o helicóptero, o que éste no llegue rápido, pues en Santiago no pasa eso", comentó Andrés Chacón, director ejecutivo de la Amuch.

Basado en el presupuesto que los municipios de Ñuble destinaron el 2016 para cubrir las necesidades de la comuna en materia de riesgos y emergencias, se puede concluir que la preocupación prácticamente no está puesta en esta área. Según la Amuch, el promedio para el ítem Emergencias se ubicó en $3.150.000, muy por debajo de la media nacional, que alcanzó a $20.815.472.

Mayor aún es la preocupación al corroborar que los municipios de Bulnes, Pemuco y Portezuelo no destinaron presupuesto alguno para este tipo de ítem.

"A raíz de que no se dispuso presupuesto, tanto en el 2016 como en 2017, en áreas tan sensibles como es riesgo y catástrofes naturales, en los próximos días vamos a rehacer el presupuesto justamente para destinar fondos para este tipo de ítem. Lo que se tiene es el presupuesto del gobierno comunal anterior, el que está muy débil y desordenado en varias áreas. La idea es poder mejorar aquellas en las cuales hemos tenido este tipo de crisis, como lo que vivimos en el verano con el incendio y considerar que viene el invierno y también debemos estar preparados ante una emergencia que se presente", explicó Jorge Hidalgo, alcalde de Bulnes.

En este mismo punto, fue el municipio de Coelemu el que destinó la mayor cantidad de presupuesto, dejando $19 millones para ser ocupados ante una eventualidad mayor, mientras que comunas como San Carlos y San Ignacio destinaron una partida de $1 millón en caso de emergencia.

"Este año obedece a los incendios forestales que nos afectaron en febrero, ahí está el gasto que es fundamentalmente para combustible para maquinaria pesada, transporte de personal y ese tipo de cosas. Nosotros construimos el cortafuegos más grande de la región, desconozco la realidad del país pero en la región invertimos mucho dinero en resguardar la integridad de la mayor cantidad de personas que viven en nuestra comuna, aunque igual tuvimos mucho apoyo de la Dirección Regional de Vialidad y del Ejército en esta emergencia, pero igual los gastos son cuantiosos en este tipo de emergencia", dijo Alejandro Pedrero, alcalde de Coelemu.

Si bien el 2016 la comuna de Chillán no informó presupuesto para catástrofes, en 2017 la situación cambió y hoy se inscribe con el mayor cómputo destinado a reaccionar ante un desastre natural, ya que proyectó $ 114.386.000. En segundo lugar nuevamente Coelemu se instala con $14 millones y San Nicolás esta vez inscribe $8 millones para un evento de esta magnitud.

En tanto que Pinto es una de las comunas que si bien no informó lo que invirtió durante el 2016 y lo que proyectó para el 2017, tiene en sus arcas una parte destinada a este tipo de emergencias, sobre todo desde que el 31 de diciembre del año pasado se declaró la Alerta Amarilla en el complejo volcánico Nevados de Chillán, cuyos pulsos eruptivos han proseguido hasta hace menos de una semana.

"No informamos nuestro presupuesto porque no contamos con éste, dado que al ser una comuna tan chica y tener muchas necesidades, no se pueden destinar fondos exclusivos para este tipo de materias, pero lo que sí disponemos de manera inmediata ante una emergencia es lo que nos entrega la Onemi, a quien se le informa y se encarga de entregarnos los recursos que se necesitan para enfrentar la catástrofe", dijo Hugo Villablanca, encargado de emergencia de la comuna de Pinto.

Si bien muchas veces lo que se tiene difiere con lo que se gasta, la media nacional que se ocupó el año pasado fue de $18.276.889 por municipio, siendo Salamanca el que informó el mayor gasto con $204.910.557, en tanto en Ñuble los municipios de Pemuco, Portezuelo y San Ignacio declararon no tener gastos en este ítem.

"Los municipios chicos, toda la gente que trabaja en ellos es bajo el concepto, disculpando la expresión, de circo pobre. Todos hacemos distintas funciones, entonces mi jefe de gabinete está encargado de Desarrollo Comunal, así también el Dideco está encargado del tema de emergencia y él desarrolla bajo toda la presión de ver el tema social, los programas de gobierno y se encarga de las emergencias. Entonces, más allá que no aparezca en el presupuesto una cantidad de dinero para gastos varios producto de una emergencia, sí se cuenta con un monto para ser gastado ante una eventualidad de esta naturaleza", subrayó el alcalde de Portezuelo, René Schuffeneger.

Diferencias

Las brechas en la disponibilidad presupuestaria y al nivel de gasto que pueden emplear son bastante importantes, ya que los municipios de carácter urbano pueden invertir y gastar hasta 4 veces más en comparación a aquellos que son rurales y que poseen un menor grado de desarrollo.

"Uno de los puntos importantes que se nota en momentos de catástrofes, sobre todo en la provincia, es la invisibilización de las municipalidades a nivel país. Los temas municipales no se ven con fuerza, por ejemplo en los planes que realiza la Onemi, donde no se nombra a los municipios y además en sus planes no están los municipios; entonces el director de la Onemi argumenta cuántos helicópteros se necesitan, pero nunca se les consulta o aparece la voz del alcalde que conoce la realidad de su comuna, es como si no se viera", aclaró Andrés Chacón.

Uno de los puntos fundamentales de cómo enfrentar una catástrofe es el estudio actualizado de los Planes Comunales de Protección Civil y Emergencias entre 2016 y 2017. Para ello la Amuch consultó cuántos municipios de Ñuble cuentan con algún documento en el que estén identificados los riesgos, ya sea amenazas o vulnerabilidades, que existen en su territorio. De sus respuestas se desprende que sólo las comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Coelemu, Pemuco, San Carlos, San Ignacio y San Nicolás cuentan con este tipo de información, pero no así las comunas de Coihueco, El Carmen, Ñiquén, Portezuelo y Ránquil, que no registran este dato crucial a la hora de planificar.

"Siempre en las comunas se tiene un Pladeco, el cual está vinculado con el plan de emergencia y son normas que vinculan a los municipios por lo que tienen en el plan. En el fondo existen profesionales que están a cargo de esto, no cualquier persona puede hacer esto, no como se da en otras áreas del municipio; pero llama la atención que más de un 60% está conformado por profesionales y otro tanto por técnicos superiores, por tanto el 80% de los municipios tiene entre profesionales y técnicos superiores, en los Pladecos, que son los que involucran programas de prevención de riesgo", sostuvo director ejecutivo de la Amuch.

"No informamos nuestro presupuesto porque no contamos con éste, dado que al ser una comuna tan chica y tenemos muchas necesidades no se puede destinar fondos exclusivos para este tipo de materias"

Hugo Villablanca

Encargado de emergencia de la comuna de Pinto."

Pese a las precipitaciones registradas este domingo en la zona, los índices de calidad del aire han seguido malos en toda la intercomuna de Chillán y Chillán Viejo, por lo que la autoridad decretó para hoy lunes la tercera Preemergencia ambiental del año.

Como se recordará, el sábado último la intercomuna estuvo bajo su primera Emergencia ambiental, razón por la cual fiscalizadores cursaron 17 citaciones por sumarios sanitarios en viviendas y empresas, lo que se sumó a controles especiales a la venta de leña seca. Pero pese a encontrarse ambas ciudades en medio del episodio crítico más grave de la temporada de otoño, la noche del sábado volvieron a registrarse altos niveles de contaminación del aire con material particulado fino (MP2,5), que llegó a un peak de 625 ug/m3 a las 21 horas. Por tal razón, el gobernador de Ñuble, Álvaro Miguieles, reiteró la importancia de respetar la normativa ambiental que restringe el uso de calefactores a leña en episodios graves de contaminación.

Para hoy, de acuerdo al el DS. 48-2015, sólo se permitirán humos visibles provenientes de viviendas, durante un máximo de 15 minutos continuos, en la operación de calefactores y cocinas a leña, se prohíben actividades físicas y deportivas en recintos educacionales y están restringidas las quemas agrícolas y el uso de calderas con una potencia mayor a 75 kWt (kilo watt térmico).

Desde el 2014 a la fecha, Bienes Nacionales ha entregado en concesión gratuita un total de 326 propiedades fiscales, de las cuales 91 se han transado sólo durante el 2016. Para la Seremi en el Biobío, se trata de una cifra que los mantiene conformes, especialmente considerando que se trata de una de las formas de entregar concesiones a terceros para actividades sin fines de lucro.

Eso sí, los más beneficiados con terrenos y/o inmuebles durante el 2016 han sido los servicios públicos, entre los que destacan la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el Registro Civil e Identificación, entre otros. Estos organismos están seguidos muy cerca por las municipalidades, de comunas como Concepción, San Pedro de la Paz, Penco, Los Álamos, Curanilahue y Yumbel. En cuanto al tamaño de estos propiedades, la Provincia de Ñuble lidera con 232 mil metros cuadrados en concesión, mientras que la Provincia de Concepción cuenta con 109 mil 912 metros cuadrados de usufructo.

El seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo, explicó que para entregar una concesión, primero "tenemos que recibir una solicitud, ver bajo qué modalidad lo están pidiendo, determinar si el inmueble es fiscal, si está en manos de Bienes Nacionales, posteriormente si está asignado a otra institución. Si no lo está, se le da curso a la solicitud".

Las concesiones son de corto plazo, por lo que se entregan por un periodo de 5 años. Eso sí, también pueden ser por 10 ó 15 años, pero esas son firmadas por el propio Ministerio y, generalmente, corresponden a proyectos generados con fondos regionales y se enfocan en el desarrollo productivo.