El fiscal nacional, Jorge Abbott, descartó ayer que exista una persecución en contra del persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias, contra quien se formularon cargos, por la alusión que hizo a la empresa de electricidad CGE, en relación a una supuesta responsabilidad en los megaincendios que afectaron a la Sexta Región el verano recién pasado.

"En absoluto (hay persecución), al contrario, hace menos de un año que el fiscal Arias fue designado por mí como fiscal regional y contaba y cuenta con mi plena confianza", sostuvo el jefe del Ministerio Público al ser consultado al respecto.

"Lo que pasa es que cuando hay denuncias de intervinientes que afectan a principios fundamentales en el desempeño de los fiscales es necesario abrir una investigación para poder acreditar la efectividad o no de dichas denuncias y de los hechos en los que se basan dichas denuncias en este caso", enfatizó.

"Aquí hay hechos simplemente objetivos. Cuando se hizo la denuncia por parte de los abogados de falta de objetividad y se le pidió un informe (a Arias). Pero al no ser satisfactoria la respuesta se abrió la investigación", explicó.

Abbott también reveló que el fiscal Arias presentó un recurso de nulidad "que se resolverá en su oportunidad de acuerdo a su mérito".

El fiscal nacional recalcó que "el artículo tercero de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece como una obligación esencial de los fiscales el actuar con plena objetividad y establece la limitación respecto de las opiniones que pueden dar los fiscales respecto de las investigaciones que están llevando a cabo".

La Fiscalía Nacional levantó cargos contra Arias tras la investigación sumaria abierta en abril, por no resguardar el secreto de la investigación y dar entrevistas a medios de comunicación sin informar antes al Ministerio Público.

Carolina Collins

El Ministro de Justicia, Jaime Campos, manifestó ayer que, independiente del carácter del delito por el que un reo haya sido condenado, es necesario legislar respecto de la situación de aquéllos que sufren enfermedades terminales.

Esto, incluso, en el caso que se trate de personas privadas de libertad por violaciones a los Derechos Humanos, que es la situación que ha generado el debate.

En la semana en que se dio a conocer un video de la organización "Hijos y nietos prisioneros del pasado" en el que se pide "perdonar" a quienes están condenados por violaciones a los DD.HH., el ministro Campos fue consultado respecto de los beneficios carcelarios para quienes sufran enfermedades terminales.

Los dichos

El secretario de Estado se mostró a favor, aunque destacó que para eso es necesario legislar. "Le daría el beneficio, pero legislemos primero y que esto no quede entregado al capricho de la autoridad, que es a través de la vía del indulto, que es una institución pensada para otras situaciones y no para ésta. Pero tampoco, si es que queremos legislar, tenemos que hacerlo de un modo en que esto no signifique impunidad", explicó el secretario de Estado en entrevista con radio ADN, al ser consultado por el caso específico de los convictos que cumplen condena en el Penal Punta Peuco.

Campos enfatizó que "aquí son dos los elementos que tienen que tratar de hacer jugar por un lado que no exista impunidad, por el otro lado que no exista venganza y como derivación de lo anterior, que exista justicia".

En ese sentido, el ministro de Justicia destacó que la necesidad de legislar existe para todos los casos, independiente del tipo de delito.

"En Chile no existe ninguna norma legal que regule la situación de los condenados, cualquiera sea el delito que hayan cometido, en situación de enfermo terminal, y mi convicción es que existe un vacío legal", sostuvo.

Campos apuntó que la creación de una nueva normativa recaería sobre el Congreso: "Yo espero que en algún momento Chile tenga la madurez necesaria para legislar sobre la situación de los condenados afectados por enfermedad terminal, independiente del delito que hayan cometido. Yo espero que ojalá el Parlamento legisle sobre el particular".

Campos, asimismo, recalcó que no existe ninguna prohibición ni en Chile ni a nivel internacional para otorgar beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad. "Lo que sí ocurre en esos convenios internacionales es que frente a ese tipo de delitos tan graves, la ley es más exigente para poder acceder a ese tipo de beneficios. Le pone requisitos adicionales", aclaró el ministro Campos.