Los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos -CEP- correspondiente al periodo de abril y mayo de 2017, evidenciaron una crítica visión entre los chilenos del fenómeno de la inmigración. Un 41% de la ciudadanía estima que los extranjeros que llegan a nuestro país para establecerse elevan los índices criminalidad, siete puntos más que la última vez en que se hizo esa pregunta, en 2003.

En nuestra provincia, la masiva llegada de extranjeros en el último tiempo, marcada predominantemente por los ciudadanos haitianos, pone en la palestra esta situación. Y es que según cifras de la dirección del trabajo, la ciudad de Chillán lidera la tasa de denuncias de discriminación laboral contra inmigrantes con 20 casos.

Al parecer, la CEP confirma un fenómeno lamentable cuyos análisis deben hacerse a tiempo para corregir probables complicaciones mayores. La CEP sostiene que un 40% de los chilenos cree que los foráneos le quitan el trabajo a los locales, mientras un 36% piensa lo contrario. Asimismo, el 34% de dice que los inmigrantes mejoran la economía del país y el 30% rechaza esa idea.

Resulta inquietante la mala percepción que existe del inmigrante y que esa cifra vaya incrementándose en el tiempo. Hace pocos días se conoció de la golpiza sufrida por un ciudadano haitiano a quien se acusaba de quitar el trabajo de los chilenos. Situaciones de ese tipo son inaceptables, pero además resultan peligrosas considerando que la migración es un fenómeno que seguirá su propio desarrollo.

Pero una cosa debe despejarse. Los extranjeros no "quitan los empleos", tampoco delinquen más.

Con todo, es evidente que hay cuestiones que corregir. Efectivamente la legislación actual ha sido superada y hoy tenemos a muchos extranjeros trabajando, mientras están con visas de turista. El marco regulatorio ya tiene 40 años y obviamente necesita modificarse para entender la nueva realidad. Chile debe avanzar hacia ello de manera categórica y también en integración, donde es muy poco lo que se está haciendo.

Tras un intenso dolor de espalda, llegué a la urgencia de una conocida clínica de Chillán. No pensé que sacarse un cálculo iba a ser tan demoroso, doloroso y caro. Entré a pabellón con la confianza que el sistema de Isapre me habría ofrecido para cambiarme y salirme de Fonasa; me convencieron aludiendo que por ser soltero y sin carga me permitía acceder a un buen plan, bueno en lo aparente, claramente en la información solicitada se veían las ventajas comparativas, pero lamentablemente con letra chica.

La aparente 80% y 100% que te ofrece, ya lleva el famoso tope que mezcla unos bien razonables y otros simplemente ridículos.

La conclusión que el famoso sistema de Isapre cae en la inmoralidad del engaño porque ellos saben que el porcentaje con topes es una publicidad engañosa que miente. Finalmente, la totalidad de la intervención con suerte llega al 50% y ante el asombro de la deuda millonaria que uno contrae, el sistema te hace revelarte contra las políticas de salud que siendo legales por el contrato que lo sustenta, revientan al usuario generando utilidades millonarias. Sólo la Isapre que me cubre ganó más de 5 mil millones, y no es la que más ganó! Cuántos clientes, usuarios, tras un dolor o enfermedad permiten ese nivel de utilidades?

Sus ejecutivos se hacen cómplice de la mentira y del robo legalizado, pero a mi parecer inmoral; con dolor uno firma cualquier contrato, con tal que la morfina aplaque el dolor, pero el golpe al bolsillo atenta contra la dignidad de cualquier ser humano al descubrir que para las políticas públicas de todos los gobiernos: tanto de derecha como de izquierda, tratan al paciente como un medio para ganar dinero.

Todos debemos recordar que somos lo que hacemos: que mentir te hace mentiroso, robar te hace ladrón. Ruego, al Padre Dios que aquellos que se persignan logren humanizar un sistema, centrado no en las ganancias sino en las personas, porque lo que tenemos es claramente nefasto.

Pbro. Alejandro Cid Marchant Licenciado en Filosofía, Obispado de Chillán.

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