Independiente de su calidad, en Chile contamos con tres tipos de universidades: Públicas, privadas pertenecientes al Consejo de Rectores y privadas creadas con posterioridad a 1981. El Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado, recientemente enviado al Parlamento, dice relación sólo con las 18 instituciones públicas, aquellas cuya responsabilidad, propiedad y control corresponde a todos los chilenos a través del Estado. Es decir, su dueño toma iniciativa sobre instituciones que le son propias.
El proyecto es parte de los cambios a la educación superior que está impulsando el Ejecutivo, en el marco del fortalecimiento de la educación pública ofrecido explícitamente al país en su Programa de Gobierno. Es decir, su presentación responde a una promesa declarada y difundida. Complementariamente, hay un Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior debatiéndose en el Congreso. Es decir, hay también una mirada con propuestas para el conjunto del sistema nacional de educación superior.
Los tres ejes enunciados en los párrafos anteriores son pertinentes a la materia. Están impulsados por organismos con facultades para hacerlo y son iniciativas que se corresponden con los anuncios políticos. Entonces, es hora de preguntarnos: ¿Por qué incomoda el Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado?
Se han dado variados argumentos para responder a esta interrogante que, sin embargo, básicamente disfrazan algunas razones no declaradas. A saber: Desde la trinchera ideológica, molesta a los que asignan al Estado un rol mínimo, llevado casi al delirio de lo simplemente decorativo. Más de alguien conjeturó sobre un Chile sin universidades públicas, porque "otros oferentes podrían prestar el servicio".
Desde las reglas de la simple competencia, molesta a los competidores en cada territorio cuando imaginan los posibles avances de la institución pública local. Es un reflejo del mero interés comercial derivado de la amenaza por la "cuota de mercado".
Desde la lucha por la supremacía de las ideas matrices para la configuración de la sociedad, molesta a quienes piensan que aquella es la simple suma de los esfuerzos individuales o de pequeños grupos que controlan algunas de las variables clave como la economía, la tecnología y la producción de bienes culturales.
Por cierto, el asunto es de otra altura porque para avanzar hacia un país más descentralizado, una sociedad más integrada y una economía más competitiva, es decir, para alcanzar el desarrollo, necesitamos de un sistema de universidades públicas que se extienda a lo largo de todo el país, con alta calidad académica y científica, con una gestión moderna y al servicio de los desafíos nacionales desde las regiones y los territorios. Todo ello con rendición de cuenta pública, transparencia y total autonomía para la formulación y fortalecimiento de su modelo educativo, para el desarrollo de las disciplinas que cultiva y para la definición de sus autoridades en los distintos estamentos que la integran.
Dr. Héctor Guillermo Gaete Feres Rector Universidad del Bío-Bío.