Alas 13 horas de ayer se dictó sentencia en contra de los cuatro acusados de haber dado muerte a Víctor Baeza Riquelme, la madrugada del 19 de diciembre de 2016.

"La agresión tuvo su origen en una diferencia generada en la compra de unas dosis de droga, lo que motivó que los cuatro acusados salieran desde el inmueble en el que se encontraban, de propiedad de Patricio Riveros, a fin de agredir a la víctima, premunidos de elementos contundentes y corto punzantes", menciona la sentencia, en relación a los tres adolescentes y un joven de 18 años, identificado como Fernando Campos.

Este último pasará 5 años y un día en la cárcel de Chillán. Asimismo, igual cantidad de años estará bajo régimen cerrado "JC", sindicado como el adolescente que propinó puñaladas a Víctor Baeza, conocido como el "Flaco Víctor" en la denominada Legua Chica, al interior de la población Río Viejo.

Por su parte, los otros dos menores de edad fueron condenados a cuatro años de internación en régimen cerrado, con posterior programa de reinserción social, que también beneficiará a "JC".

Cabe recordar que la fiscalía presentó acusación por homicidio calificado, al considerar que hubo alevosía y ensañamiento. De hecho, en el juicio expuso que Víctor Baeza fue víctima de una golpiza y luego, con capacidad de moverse, caminó unos metros, escondiéndose debajo de un auto, lugar adonde llegaron los agresores y nuevamente lo golpearon.

La familia de la víctima quedó disconforme con el fallo. María Baeza, hermana del fallecido, dijo que "la investigación no fue completa y es un golpe para la familia que esperaba que los acusados estuvieran más tiempo encerrados. Es una condena muy baja para el daño causado", dijo.

La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la sentencia que condenó al municipio local a pagar una indemnización de 2.966 Unidades de Fomento (UF) -ascendientes a más de $79 millones- por concepto de daño moral, a la familia de Mario Eduardo Fernández Flores, trabajador que falleció en un accidente laboral el 4 de mayo de 2011.

En fallo unánime, el tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad presentado por la casa edilicia y confirmó la resolución dictada el 7 de julio del año pasado por el Segundo Juzgado Civil, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios de los familiares del trabajador municipal que perdió la vida al caer de 11 metros de altura, mientras podaba un árbol ubicado en el patio de la Escuela "La Castilla", sin contar con medidas de seguridad.

"(…) han resultado comprobados todos los presupuestos de la responsabilidad atribuida al demandado, con lo que este se encuentra en la obligación de resarcir el daño moral demandado, cuya existencia se asentó en la letra h) del motivo décimo de esta sentencia, sólo respecto de la cónyuge y el hijo menor, Sadrac Nehemías", reza la sentencia emanada por los ministros Christian Hansen, Guillermo Arcos y el fiscal judicial Solón Vigueras.

El fallo agrega que tras la muerte de Mario Fernández, se desprende la "razonable y lógica alteración de sus condiciones de vida producida por el fallecimiento de su cónyuge y padre, que importan en gran medida la existencia del praetium doloris, tomando en consideración que a la fecha de acaecimiento de estos hechos la actora sólo contaba con 52 años de edad y su hijo con 16 y vivían junto a la víctima", estableció el fallo confirmado.

De esta manera, la Municipalidad está evaluando recurrir a la Corte Suprema para anular esta sentencia.

"De no ser por la diputada Loreto Carvajal, que se contactó con la ministra de Vivienda, el Serviu Ñuble todavía no nos daría una solución", dijo Juan Luis Cares, presidente de la junta de vecinos del conjunto residencial Enrique Knothe, respecto a la reunión que ayer sostuvo con las directora regional de la entidad, María Luz Gajardo.

Cabe recordar que cerca de 1.200 residentes de las 15 torres alegaron que cuando han transcurrido menos de tres años desde que fueron entregados sus departamentos, la lluvia se filtró por las paredes y en dos de los edificios cayeron goteras por la techumbre.

Si bien el Serviu Ñuble realizó una propuesta de largo plazo para que los vecinos pudieran acceder a recursos que permitieran reparar las edificaciones, éstos se indignaron. Por eso ayer llegó a Chillán la directora regional de la misma entidad gubernamental, asegurando que tras una mesa de diálogo que se extenderá por 15 días, habrá solución a su problema. "Fue una reunión franca que reunió a la autoridad, vecinos y también a la constructora. Nos dejó más tranquilos y esperamos no tener que volver a pasar por lo mismo", dijo Juan Luis Cares.

Danny Fuentes Espinoza

A la pena de 10 años y un día fue rebajada la condena en contra de Juan Luis Cartes, hombre que el 30 de mayo fue condenado como autor de la muerte de Miguel Ángel Melgarejo, alias La Puca, a quien degolló y luego enterró en un sitio eriazo del sector de Quilmo, al sur de Chillán Viejo.

En primera instancia, el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán tipificó el ilícito como parricidio, lo cual fue calificado como "histórico" por la Fiscalía. Sin embargo, y tal como ocurrió en Valparaíso en junio del año pasado, la Corte de Apelaciones de Chillán recalificó el delito y lo sancionó como un homicidio simple.

En su resolución, los ministros Claudio Arias, Guillermo Arcos y el abogado integrante Juan de la Hoz (quien redactó el fallo), justificaron su decisión. "Necesario es advertir que a la fecha de ocurrencia del delito materia de este juicio, el legislador no había tipificado como delito de parricidio cuando un hombre diere muerte a su conviviente también hombre, como ocurrió en el caso de autos".

De esta forma, acogieron la solicitud planteada por el abogado defensor Antonio Guerra, "toda vez que al condenar al sentenciado como autor de ese delito, los sentenciadores han incurrido en una errónea aplicación de la ley, específicamente del artículo 390 inciso 1 del Código Penal".

De esta forma, se dictó sentencia de reemplazo, y en vez de 12 años, como lo había determinado el tribunal de juicio Oral en Lo Penal, Juan Luis Cartes deberá estar recluido 10 años y un día.

Reacciones

El jefe de la Defensoría Penal Pública en Chillán, Antonio Guerra, destacó que "el fallo señala que no existe norma legal que permita entender que la convivencia con personas del mismo sexo pueda dar lugar, en el evento de que una mate a otra, al delito de parricidio".

Por su parte, el jefe de la fiscalía local de Chillán, Pablo Fritz, lamentó la decisión de la Corte de Apelaciones.

"Nosotros estamos empeñados, y en este caso en particular convencidos, de que correspondía dar a esta unión el concepto de convivencia, porque se daban todos los elementos", dijo el abogado persecutor, quien dio por cerrado este caso, no obstante espera cambios en el criterio a futuro.

"Será beneficicioso para un grupo importante de nuestra comunidad y esperamos que ojalá más temprano que tarde, esto cambie", mencionó.