El vertiginoso avance de las tecnologías de la información ha revolucionado los mercados, en particular, aquellos relacionados con el tratamiento de datos personales. Y, aunque nuestro país cuenta hace más de dos décadas con una normativa pionera en esta materia, ésta no contempla mecanismos para hacer exigible sus disposiciones a las empresas y organismos públicos.
Los perfeccionamientos en este ámbito debieran tener como principio orientador el concepto desarrollado por la destacada académica española Ana Garriga: cualquier regulación en materia de datos personales no debe buscar abstraer del conocimiento público la información de una persona, sino dotarla de los medios necesarios para controlar quién, cómo, dónde y con qué motivo conoce cualquier información acerca de su persona, sea ésta calificable como íntima o no, pública o secreta.
El ejecutivo recientemente envió un proyecto de ley que actualiza el marco regulatorio actual. Desde el sector privado valoramos, en particular, la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales. Pensamos, sin embargo, que es necesario mejorar su grado de autonomía para evitar comportamientos discrecionales de una autoridad unipersonal, sobre todo por las amplias atribuciones que la iniciativa le otorga. Una alternativa que permitiría dotarla del enorme listado de facultades que le asigna el proyecto es mejorar su gobierno corporativo por la vía de delegar las decisiones en un cuerpo colegiado. Esto permitiría garantizar un sano equilibrio en las decisiones que tome y, por otro, asegurar un trato simétrico para el sector público y el sector privado.
Más allá de las facultades que el proyecto le otorgue a la Agencia, estimamos que una de sus principales tareas, sobre todo en una primera etapa, será la de promover una cultura de autorregulación bidireccional. Esto implica no sólo la necesaria regulación al interior de las empresas, sino más importante aún la promoción de la autorregulación de los propios titulares de los datos. Es indispensable promover la autorregulación de todos los que tratan datos personales y la educación a los ciudadanos para que sean conscientes de la relevancia de sus datos ya que, sin autocontrol, no existirá una protección efectiva a los ciudadanos en sus relaciones con todo tipo de organizaciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales, empresariales o no.
La correcta protección de los datos personales es un imperativo en las sociedades modernas. Una institucionalidad autónoma y colegiada, con un sano equilibrio de sus funciones, todo esto acompañado de un proceso de educación masivo de la ciudadanía permitirán a nuestro país ponerse a la vanguardia de los avances en esta materia y responder a las demandas que el desarrollo tecnológico exige.
Claudio Ortiz,
Vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero.