Danny Fuentes Espinoza

"El arresto de Jorge Hidalgo es un acto de justicia, no de venganza. Los profesores de Ñuble esperamos el pago del bono de Subvención de Asignación Especial (SAE) desde 2004 y este es un hecho histórico". Esas fueron las palabras que ayer empleó Brígida Hormazábal, presidenta del Colegio de Profesores en Ñuble, al referirse al breve paso que tuvo por la cárcel el alcalde de Bulnes, Jorge Hidalgo.

La directiva del magisterio se reunió ayer en la tarde en su oficina de Chillán junto al abogado Gorky Díaz, quien los representa judicialmente. En la cita, tras la cual ofrecieron una conferencia de prensa, calificaron el arresto del alcalde como un hecho "histórico", ya que aseguran que es una medida judicial que representa la consecuencia de una deuda que la mayoría de los municipios del país no han saldado.

"La primera demanda, a nivel nacional, por la deuda del bono SAE se presentó en Chillán en 2009. Luego se fueron sumando los profesores de otras comunas, dando pie al actual escenario que vivimos hoy, después de una larga batalla", dijo Brígida Hormazábal, quien actualmente también ostenta el cargo de concejal de Chillán.

Arresto en bulnes

Poco antes de las 10 de la mañana de ayer, los detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, revisaron en el cuartel Arauco de Chillán el buzón donde se encontraba la orden emanada por la jueza del juzgado de Letras de Bulnes, en que se establecía que debían ir a arrestar en el municipio al alcalde Jorge Hidalgo.

En la casa consistorial ya estaban enterados de esta notificación, ya que fue dictada por la jueza Claudia Aguayo el día lunes 14 de agosto, y atendido a que el día martes fue feriado, ayer sería el día del arresto.

Por ello, el alcalde llegó a trabajar como cualquier día, firmando documentos pendientes, esperando la llegada de los detectives.

Cerca de las 11 horas, el alcalde salió del edificio y en medio de los vítores y aplausos de un centenar de funcionarios, además de adherentes políticos, enfrentó a los medios de comunicación que estaban expectantes por el segundo caso en el país, ya que el 9 de agosto, por idénticos motivos, fue arrestado el jefe comunal de Copiapó, Marcos López.

"Estamos tranquilos, porque tenemos las manos limpias y la conciencia también. Esto es parte de un proceso donde la justicia hace su papel, la PDI también, y cada abogado que está llevando a cabo la negociación", mencionó Jorge Hidalgo.

El asesor jurídico del municipio, Andrés Suazo, recordó que "este arresto fue impugnado a través del recurso de amparo, con buenos resultados en la Corte de Apelaciones de Chillán, pero lamentablemente fue revocado en la Corte Suprema. Hoy sí hay otros tipos de impugnación, pero no son tan eficaces ni rápidos en su tramitación como el recurso de amparo, no obstante estudiaremos y analizaremos otras posibilidades para así disminuir los días de arresto, considerando especialmente la edad de nuestro alcalde y su salud".

El alcalde de Bulnes complementó su declaración ante los medios de comunicación y los funcionarios municipales diciendo que "se quiere subsanar esta situación, en cuotas eso sí, porque no vamos a hipotecar la comuna, ni vamos a entregar 2 mil millones al banco por una deuda de 800 millones. Así como hemos sido responsables con los pagos, así lo haremos con este caso".

Tras dar su discurso, el alcalde ingresó a su oficina a las 11.22 horas, y dos minutos después los comisarios Elvis Aravena y Jorge Bermúdez hicieron ingreso al municipio. Caminaron entre los trabajadores de la casa edilicia y tras anunciar su llegada con la secretaria, le explicaron en pocos segundos el motivo de su presencia. "¿Alguna duda?", le preguntó Aravena. Hidalgo respondió que no y, acto seguido, el oficial policial le dijo "Tiene que acompañarnos". De esa forma, y sin ninguna medida de seguridad, el alcalde salió del municipio, subiéndose al vehículo de la PDI, instante en que varios de los trabajadores derramaron lágrimas, gritando "injusticia".

Cerca del mediodía, Jorge Hidalgo llegó hasta el cuartel Arauco de la PDI, en Chillán, instancia en que le comunicaron sus derechos, tras haber sido arrestado. Luego, a las 13 horas en punto, y acompañado por el jefe de la Bridec, subprefecto Roberto Castro, emprendieron el viaje de regreso a Bulnes, para terminar de cumplir con el mandato judicial e internarlo en la cárcel de Bulnes.

Si bien la jueza Claudia Aguayo había decretado un arresto de 8 días, la indulgencia del Colegio de Profesores permitió que su paso por el recinto penal no durara más de tres horas.

"Nunca llegué a estar solo y tuve el tiempo para almorzar. Gendarmes, entre ellos el capitán Gonzalo Monzón, alcaide de la unidad carcelaria, me acompañaron. Por eso, estoy agradecido del trato gentil que tuvieron conmigo, al igual que en la PDI", dijo al caldalde de Bulnes, Jorge Hidalgo, relatando su paso por el recinto penitenciario.

Negociación

"El municipio va a negociar con los profesores. Queremos pagar, pero de acuerdo a la realidad", fue lo que dijo el alcalde de Bulnes, quien tiene una nueva semana para evaluar el pago de más de $833 millones que adeuda a 148 profesores.

La última propuesta del municipio de Bulnes consiste en que pagarán un pie de $200 millones, luego de dos cuotas de $300 millones, y un cuarto pago, con el resto del dinero.

Hasta ahora el cuestionamiento del magisterio proviene del plazo para pagar.

"Esperamos mucho tiempo que llegara una propuesta del alcalde y esta recién llegó el viernes, que fue rechazada porque se extiende demasiado. Hasta 2020. Esta mañana (ayer), ya con la orden de arresto en vigor, llega una nueva propuesta que será analizada con la directiva, porque el deseo de los profesores es que llegue hasta 2018, y que el primer pago sea en efectivo", adelantó el abogado Gorky Díaz.

Tras una nueva semana para que exista un avenimiento entre las partes, el asesor jurídico de los docentes dijo que "a solicitud de ellos (los profesores) enaltamos el gesto porque no nos interesa un alcalde preso. De ninguno en realidad. Lo que buscamos hace varios años con el Colegio de Profesores es que se pague, y los tribunales nos han dado la razón. Si los alcaldes se colocan en una posición de desacato, van a ir presos".

Brígida Hormazábal, en tanto, planteó su disposición a conversar con Jorge Hidalgo, y el resto de los jefes comunales. "Esperamos que los alcaldes que en este momento están en la misma situación, se allanen a un acuerdo y conversen con los profesores. Nosotros estamos pidiendo que se pague en su totalidad y que no pase de 2018. No hay que olvidar que estamos en un proyecto de desmunicipalización y uno de los puntos que defendemos es que no haya ningún traspaso si es que hay deudas sin pagar", dijo la dirigenta provincial del Colegio de Profesores, quien estimó que en la provincia, por lo bajo, la deuda de los municipios con los profesores asciende a los $4 mil millones.

"Nunca llegué a estar solo y tuve el tiempo para almorzar. Gendarmes, entre ellos el capitán Gonzalo Monzón, me acompañaron. Por eso, estoy agradecido del trato gentil que tuvieron conmigo, al igual que en la PDI".

Jorge Hidalgo

Alcalde de Bulnes"

$4 mil millones Es el monto adeudado por los municipios con los profesores hoy demandantes. En el magisterio dijeron que no todos han presentado demanda judicial "porque no creen en la Justicia".

148 profesores de Bulnes Son los demandantes que lograron que el Juzgado de Letras los favoreciera con el pago de los $833 millones. Exigen que pago culmine como máximo en 2018.

Un plazo de investigación de cuatro meses fue el que fijó el tribunal de Garantía de Chillán, para que se aclare el confuso incidente en que se vieron involucradas tres personas; una mujer y dos hombres, de los cuales, uno de ellos golpeó al otro con un palo en la cabeza, dejándolo en estado grave e incluso con riesgo vital.

Se trata de un hecho judicializado ayer en la mañana, no obstante la agresión se produjo el día lunes, cerca de las 21.30 horas, en la población La Victoria, de Chillán.

La entidad a cargo de la indagatoria es la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (BH). El subjefe de dicha unidad, comisario Luis Garrido, señaló que la fiscalía local de Chillán solicitó su presencia en el hospital Herminda Martín, recinto de salud al que llegó Cristian Vidal, de 25 años.

"Se trataba de un paciente en estado grave que presentaba un traumatismo severo en el cráneo, que de acuerdo a la sintomatología de sus lesiones, correspondería a un golpe con un elemento contundente, estableciéndose de acuerdo a la declaración de testigos que había sido agredido con un palo, mientras se encontraban en la vía pública", explicó el comisario Garrido.

El agresor resultó ser un funcionario de Gendarmería llamado Rubén Mardones. "De acuerdo a todos los medios de prueba que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, se establece preliminarmente que una ex pareja de esta mujer sería la víctima, y podría tratarse de una situación de carácter sentimental entre estas tres personas".

En efecto, desde la BH, declaró el oficial policial que "según los antecedentes que se tienen, habría existido una agresión pretérita de la víctima hacia estas dos personas, desencadenando la acción violenta de parte del victimaria".

Imputación y defensa

La fiscal (s) Marcia Matus formalizó a Rubén Mardones por el delito de homicidio frustrado, y solicitó su prisión preventiva, la que fue acogida por la jueza Claudia Madsen.

La defensa particular del imputado la asumió la abogada María Belén Acuña, se opuso a la prisión preventiva. "Mi representado actuó en legítima defensa, porque quería proteger a su amiga de una agresión que estaba sufriendo, tal como ella lo relata y da cuenta el informe de atención de urgencias", explicó. Además, planteó que la jueza Madsen no ponderó las circunstancias atenuantes, que permitirían una pena sustitutiva a Mardones.

Por ello, recurrirá a la Corte de Apelaciones de Chillán. "Con esta orden de prisión, se da una pésima señal a la ciudadanía respecto a las agresiones hacia las mujeres", dijo.