Andrés Mass Olate

Luego de poco más de un mes que el máximo tribunal del país determinara que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) pagase los gastos asociados al tratamiento de leucemia de una beneficiaria de 8 años, aduciendo en una primera instancia que no le correspondía (ya que había perdido el beneficio Auge), la entidad estatal se encuentra gestionando la cancelación de $180 millones.

Junto con contactarse con la familia Quintana- Rodríguez, la institución ha efectuado el procedimiento para que en el hospital clínico de la Universidad Católica no se les cobren cerca de 70 millones en documentos, los que tuvieron que dejar como garantía para que la su hija de 8 años recibiera tratamiento a la leucemia mieloide aguda que se le detectó en octubre pasado.

"El Fondo Nacional de Salud, como acostumbra hacer en estas ocasiones, ha realizado las gestiones necesarias para que no sean cobrados los cheques entregados por la familia de Josefa Quintana, habiendo conversado también con la madre de la paciente para explicarle esta situación y darle seguridad al respecto", señalaron desde comunicaciones de la Dirección Zonal Centro Sur de Fonasa.

Largo peregrinar

El 18 de octubre del 2016, la vida de la familia Quintana- Rodríguez tuvo un brusco cambio. Su hija Josefa de 8 años, era diagnosticada de leucemia mieloide aguda en el hospital Herminda Martín (Patología cuyo tratamiento se encuentra garantizada en el Auge).

Considerando que el principal centro sanitario de Ñuble no cuenta con el equipamiento ni profesionales para abordar la enfermedad, fue derivada en su condición de beneficiaria de Fonasa al hospital regional de Concepción.

Su llegada a la capital de la región del Biobío coincidió con el paro de funcionarios públicos, por lo que el tratamiento de Sofía no fue el óptimo, incluso estuvo su organismo funcionando al 50%.

Debido a ello, y teniendo en cuenta que la salud de la niña no tenía mejoría, sus padres comenzaron a explorar alternativas para que su hija pudiera tener la terapia adecuada, lo que finalmente se concretó el 2 de noviembre, luego que sus progenitores firmaran su alta, y la pequeña alumna del Instituto Santa María fue trasladada al hospital clínico de la Universidad Católica.

"Fue un momento complejo, sin embargo tomamos la decisión de llevarla a Santiago, saliendo adelante. Uno como padre debe buscar todas las alternativas para mejorar la salud de un hijo", reflexionó Héctor Quintana, padre de Josefa.

La menor fue sometida a un exhaustivo tratamiento, el que incluyó un trasplante de médula, no obstante su familia debió enfrentar una nueva complicación: Fonasa se negó a cancelar los gastos derivados de su estadía en el centro de salud capitalino, aduciendo el haberla sacado de la red establecida para dichos efectos

Fallo favorable

Producto de la negativa de Fonasa, los padres de la menor decidieron recurrir a la justicia. Primero a la Corte de Apelaciones, donde se acogieron los argumentos de la entidad estatal, tras lo cual presentaron un recurso a la Corte Suprema, donde finalmente se determinó que el Fondo Nacional de Salud debía hacerse cargo íntegramente de los costos derivados del tratamiento.

"Lo que la Corte Suprema señala en su fallo es que habiendo paro de funcionarios, ningún servicio público se puede eximir de su responsabilidad por los daños que ocasione. El traslado de la niña no se produjo por un capricho de sus padres, sino porque no estaba recibiendo el tratamiento adecuado. Por lo tanto, Fonasa tiene que dar cobertura", explicó Jonathan Kaik, abogado de la firma chillaneja Mejora SpA, patrocinante de la causa.

"Lo que la Corte Suprema señala en su fallo es que habiendo paro de funcionarios, ningún servicio público se puede eximir de su responsabilidad"

Jonathan Kaik, Abogado familia Quintana"

Un importante paso dio ayer la municipalidad de Chillán en términos medioambientales. Lo anterior, ya que firmó un convenio con la Superintendencia del sector, que en la ocasión fue representada por el superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz.

La iniciativa permitirá a su personal tener las competencias técnicas para utilizar el sonómetro y poder medir de manera adecuada, antes de fin de año, los ruidos molestos, una de las mayores problemáticas ciudadanas que debe enfrentar el municipio.

"Hay muchas denuncias de familias que ven alterada su tranquilidad, por lo que tenemos que acogerla como municipio, por lo que esta iniciativa nos va a permitir como municipio avanzar en la fiscalización de ruidos molestos. Esperamos estar operativos al 15 de diciembre", explicó el alcalde Sergio Zarzar.

Ampliar cobertura

De las 1.500 denuncias que ingresan anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente, más del 50% corresponden a ruidos molestos. Lo anterior sumado al poco personal, han hecho que la repartición haya debido recurrir a estrategias para poder tener una mejor cobertura. Por ello, es que desde el segundo semestre del 2016 se encuentra firmando convenios con distintos municipios, "la idea con esto es potenciar nuestra capacidad operativa en terreno, ya que con la cantidad de fiscalizadores, no damos a vasto", indicó Cristián Franz.

Para ello, los funcionarios recibirán una capacitación, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. "En este proceso se entregarán conocimientos relativos por ejemplo a los umbrales que permite la norma (Decreto 38) y la metodología a seguir para realizar la adecuada medición", detalló Franz.

Independiente que los funcionarios municipales fiscalicen, la facultad sancionatoria seguirá en manos de la Superintendencia de Medio Ambiente. "En caso que la fiscalización arroje valores que superen el Decreto 38, se nos deberá informar a nosotros que iniciaremos el proceso sancionatorio", destacó el Superintendente de Medio Ambiente.

Para poder realizar estas mediciones, próximamente el municipio licitará la compra del sonómetro, aparato que tiene un valor que oscila entre $3.5 a $5 millones.