Danny Fuentes Espinoza

A las 10.30 horas de hoy, en el frontis del hospital Herminda Martín de Chillán, la directiva de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Ñuble, se reunirá con los socios que fueron beneficiados con la resolución de la Corte Suprema que ordena al Servicio de Salud de Ñuble restituir los montos descontados de su sueldo entre marzo y mayo de este año, a modo de sanción por haber participado del paro durante octubre y noviembre del año pasado.

De esta manera el gremio, junto a las asociaciones de funcionarios del hospital de Yungay y del hospital de Herminda Martín, además del Servicio de Salud de Ñuble celebran haber frustrado la decisión de la entidad pública de descontar los 18 días que no estuvieron dentro de los recintos de salud, ya que participaban de la paralización a la convocaron los sindicatos la Mesa del Sector Público, que discutían hace un año el ajuste a los empleados fiscales.

Cabe recordar que el recurso de protección lo presentaron las asociaciones de funcionarios el 26 de marzo de este año, y posteriormente, el 20 de abril, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la acción judicial. Por ello, recurrieron a la Corte Suprema, instancia en la que se tramitó la causa hasta el lunes 2 de octubre, cuando la Corte Suprema evacuó su resolución.

En el fallo dividido, los ministros sostienen que la orden de descontar parte de los sueldos "reviste una manifiesta ilegalidad si se tiene en consideración que se trató de un número indeterminado de funcionarios que asistieron a su lugar de trabajo, pero que en adhesión al paro de actividades convocado por sus organizaciones gremiales bien pudieron haber efectuado labores y haberse ausentado durante algún horario específico".

Asimismo, la resolución judicial plantea que se vulneró el derecho a propiedad, consagrado en el artículo 24 número 24 de la Constitución Política, "desde que se efectuaron descuentos a sus remuneraciones y se les amenazó con continuar ejecutándolas a los funcionarios".

Reacciones

Yury Arancibia, asesor Jurídico de la Confenats dijo estar conforme con el fallo, planteando que "la Corte Suprema ratifica lo que viene señalando desde 2011, en cuanto a que para que realizar descuento a los trabajadores públicos, debe realizarse un sumario administrativo, cuestión que en este caso no se hizo".

Cuando se presentó el recurso de protección, Jorge Araya era el dirigente nacional de la Confenats, y actualmente es miembro del directorio. Sobre la resolución de la Suprema, manifestó que hace justicia, en tanto la medida del Servicio de Salud fue arbitraria y obedeció a motivaciones políticas. Según Araya, "los descuentos sólo se hicieron en Vallenar y Ñuble, con directores del servicio de Salud de la Democracia Cristiana (DC), quienes demuestran severidad con el mundo del trabajo".

Jorge Araya agregó que "las distintas coaliciones políticas, cada vez que reclamamos nuestros derechos invocan el Estatuto Administrativo que dejó Augusto Pinochet Ugarte, que está muy reñido con nuestros derechos como trabajadores".

La actual presidenta nacional de Confenats, Zulema Sandoval, por su parte, señaló que este año ya están atrasados para negociar un ajuste salarial del 6%. "Tenemos un petitorio que si no es escuchado, nos obligará a tomar medidas. No se descarta ninguna acción que vaya en beneficio nuestro", advirtió Sandoval.

Desde el Servicio de Salud de Ñuble, Alejandro Sepúlveda, asesor jurídico, salió a responder a la polémica judicial, manifestando que "corresponde ahora restituir a los funcionarios recurrentes los montos descontados, lo que el Servicio de Salud de Ñuble hará a la brevedad, acatando el fallo mencionado".

"Los descuentos sólo se hicieron en Vallenar y Ñuble, con directores del servicio de Salud de la Democracia Cristiana"

Jorge Araya, Director Confenats"

A las 9 horas de hoy comienza la segunda jornada de juicio oral que enfrenta Magdalena de las Nieves Polanco, quien está acusada por el Ministerio Público como autora de los cuatro robos que sufrieron mujeres de la tercera edad, a quienes drogaron antes de sustraer el dinero de su pensión.

Cabe recordar que la acusada de 51 años se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de enero de este año, fecha en la que la fiscal Paulina Valdebenito y la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) celebraron haber capturado a la supuesta autora de los hechos denunciados entre septiembre y octubre del año pasado.

La PDI tuvo que realizar un trabajo de inteligencia para dar con el paradero de la autora de los robos con violencia, ya que el modus operandi de la asaltante, consistente en ganarse la confianza de las víctimas, para luego introducir medicamentos en su té, lo que provocaba que cayeran en un profundo sueño.

Durante la jornada de ayer, la fiscal Paulina Valdebenito realizó su alegato de apertura y lo mismo hizo el abogado de la Defensoría Penal Pública, Rodolfo Aguayo, quien representa a la acusada.

Según plantea la fiscal Valdebenito, el primer caso denunciado es del 14 de septiembre del año pasado, cuando la acusada fue a la casa de una mujer de 76 años que anteriormente le había dado trabajo como asesora del hogar. A la víctima, que se durmió, le sustrajo $200 mil en efectivo, además de joyas.

Luego, el 3 de octubre, se acercó a una mujer de 69 años, a quien le indicó que dos hombres la estaban siguiendo. De esa manera, logró llevarla hasta su casa, donde le dio clonazepam en su té. Así, una vez dormida, le robó su pensión de $400 mil.

Posteriormente, el 21 de octubre del año pasado, se aprovechó de una mujer de 83 años que estaba desorientada, y la ofreció a acompañarla a realizar sus trámites. Una vez en un restaurant, la drogó y sustrajo $300 mil.

El último caso fue el 23 de diciembre. En ese entonces, la víctima de 88 años reconoció a la acusada, a quien denunció a la PDI. Gracias a su relato, fue detenida. Desde entonces está recluida en Chillán.