Ayer, a menos de 24 horas de que el Senado vote hoy la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le permitirá al gobierno central intervenir Cataluña y asumir las facultades de sus autoridades, España entró en un auténtico frenesí político que con seguridad seguirá e incluso se intensificará durante esta jornada.

Primero, por la mañana (de Chile), Carles Puigdemont, el Presidente regional catalán, anunció que no llamará a elecciones anticipadas y dejó en manos del Parlamento local la decisión de proclamar unilateralmente la independencia, lo que podría ocurrir hoy mismo, como exigen las formaciones más radicales que sustentan su gobierno.

Según la autoridad regional, la actitud del Gobierno central, que ve la intervención como la única forma de restaurar la legalidad en Cataluña, no justifica la convocatoria de comicios. Dijo que había "considerado la posibilidad de convocar elecciones", en un intento de "agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada y pactada", siempre y cuando "se diesen unas garantías que permitiesen celebrarlas con normalidad". Pero, a su juicio, ninguna de estas garantías se cumplió, por lo que desechó esta opción.

"Es una aplicación (la del 155) fuera de la ley, abusiva e injusta, que busca erradicar no sólo el soberanismo sino toda la tradición del catalanismo que nos ha llevado hasta aquí. No acepto estas medidas, por injustas", dijo, agregando que "corresponde al Parlamento (regional) proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación" de éste.

El Gobierno central, a su vez, le recordó a Puigdemont que no tiene que reclamar garantías para convocar elecciones regionales anticipadas.

Obligación

Tras esto, el Gobierno español, a través de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió en el Senado, en el comienzo de la sesión para evaluar la aprobación del 155, su "obligación legal, democrática y política" de asumir competencias de la autonomía de Cataluña, para proteger el interés de todos los españoles ante la deriva independentista de las autoridades de esa región.

Las medidas incluyen, además, el cese del Gobierno catalán, la limitación de los poderes de su Parlamento y la convocatoria de elecciones antes de seis meses.

Según Sáenz de Santamaría, el Gabinete catalán, que impulsa el proceso independentista, "ha faltado siempre" al espíritu de concordia y diálogo. Hizo hincapié en la necesidad de "rescatar" Cataluña de quienes se empeñan en ponerla "fuera de la ley", en alusión a los secesionistas, que el 1 de octubre organizaron un referendo ilegal en el que, según las autoridades secesionistas, dos millones de personas de una población de 7,5 millones votaron a favor de la separación de España.

En su intervención en el Senado, la autoridad del Ejecutivo español acusó a los independentistas de "echar por tierra la mejor Cataluña de su historia: emprendedora y dinámica, acogedora y abierta", que era el "orgullo de todos los catalanes y españoles" y de donde en las últimas semanas se han ido más de un millar de empresas ante la inseguridad jurídica, dijo. Eso implica el riesgo de una desaceleración económica, "si no la recesión", y ha generado una enorme fractura social, sin que a cambio haya habido reconocimiento internacional "en ningún rincón de la tierra" a las pretensiones independentistas, agregó.

División en el parlamento

Luego de anunciar que no llamaría a elecciones regionales, Puigdemont se trasladó al parlamento catalán, donde comenzó una áspera sesión llena de recriminicaciones entre todos los sectores. Entre ellos los secesionistas más extremos, cuyos altos cargos electos quieren que Puigdemont declare la independencia a toda costa. También estaban los catalanes contrarios a la independencia. Por ejemplo, el líder socialista, Miquel Iceta, lo emplazó señalando que "usted tiene la potestad de convocar elecciones y, haciéndolo, de preservar las instituciones de autogobierno" y que "evitar el 155 está en sus manos".

Inés Arrimadas, la vocera catalana del partido opositor Ciudadanos, de tendencia liberal, le dijo a Puigdemont que "convocar elecciones era una salida digna, democrática y limpia, y usted la ha dejado pasar", al tiempo que le pidió "rectificar" porque "todavía está a tiempo". Arrimadas le recriminó al presidente del Gobierno regional que "a usted no le gusta dar la cara, no le gusta debatir, no le gusta dialogar. ¿Usted se cree que la señora Merkel (Angela, la Canciller alemana) le hubiera mandado una cartita para preguntarle si declaro la independencia?".

Más del senado

De vuelta en el Senado, en Madrid, los legisladores aprobaron un dictamen sobre las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir Cataluña. En ese contexto, aprobó graduar e incluso detener estas medidas en la autonomía de Cataluña "si cesasen las causas que las motivan". Esto, en todo caso, se ve casi imposible a estas alturas.

Tras varias horas de debate se votó el dictamen final, que incluye una enmienda en favor de la "aplicación gradual" de los preceptos planteados por el Ejecutivo. Esta es la única enmienda incorporada al dictamen que hoy debatirá el pleno de la Cámara Alta y contempla la posibilidad de modular su aplicación si se producen cambios en la situación e incluso de "anticipar" la supresión de las medidas.

Como sea, las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución superaron ayer el penúltimo trámite en el Senado, antes de que hoy sea aprobado en pleno el dictamen final, lo que podría ocurrir al tiempo que el Parlamento catalán declare la independencia.

"(El 155) es una aplicación fuera de la ley, abusiva e injusta, que busca erradicar no sólo el soberanismo, sino toda la tradición".

Carles Puigdemont, Presidente de Cataluña"

millones de personas votaron "sí" a la independencia en la consulta ilegal, menos de la mitad del censo. 2