Seis años pasaron para que finalmente la Corte Suprema fallara a favor de la familia de Mario Fernández, auxiliar de la escuela La Castilla, quien murió en mayo de 2011 producto de un trauma maxilofacial y traumatismo encéfalo craneano cuando cayó mientras intentaba cortar la rama de un árbol.

La demanda que partió en el Juzgado del Trabajo tuvo su primer fallo en septiembre de 2011, en el que inicialmente se había pedido una indemnización de $250 millones, la cual fue rebajada en la sentencia a $120 millones.

"La municipalidad llevó esto a la Corte de Apelaciones, la que se pronunció diciendo que los tribunales laborales no tenían competencia para conocer de los juicios cuando los trabajadores morían en un accidente del trabajo y por lo tanto anuló la sentencia y la dejó sin efecto", comentó Carlos Arzola, abogado de la familia de Mario Fernández.

A consecuencia de esto la familia debió interponer una nueva demanda de indemnización de perjuicios en el Segundo Juzgado Civil de Chillán, el cual se pronunció en junio del año pasado acogiendo la presentación y fallando a favor de la indemnización por un monto de $79 millones.

"Esta demanda termina condenando a la municipalidad a pagar cerca de $80 millones, la cual llevó nuevamente esto ante la Corte de Apelaciones", recalcó el abogado de la familia.

De esta manera llegó el recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, por parte del municipio chillanejo, pero esta vez el tribunal confirmó en fallo unánime la sentencia que entregó los juzgados civiles donde se solicitó el pago de 2.966 UF por concepto de daño moral.

Ante este revés, la unidad jurídica municipal llevó el caso a la Corte Suprema a través de un recurso de casación, tribunal que dictaminó que el fallo indemnizatorio estaba en lo correcto, ya que el auxiliar del establecimiento, quien tenía 52 años cuando murió, no contaba con los implementos de seguridad necesarios cuando intentaba cortar la rama de un árbol que estaba en el patio de la escuela.

Crónica Chillán intentó contactar al municipio, pero por horario no estaban los funcionarios para responder.

Ingrid Acuña Caballero

El 25 de octubre el municipio de Chillán Viejo optó por dar término anticipado al contrato con la empresa a cargo del diseño del cementerio, la que además realizaba la tramitación de los antecedentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Con esta resolución ahora será el municipio chillanvejano el que estará a cargo de gestionar el proyecto, mientras licita nuevamente el diseño del cementerio, justo cuando el SEA entregó las observaciones hechas a la iniciativa, las que deben tener respuesta cuanto antes para avanzar en la tramitación.

"Entiendo que existen plazos del proyecto y sin duda que con esto se retrasaría lo que se había pensado, que era dejar en esta gestión instalada la primera parte del cementerio. Es lamentable este tipo de retrasos, sobre todo cuando está la necesidad de contar con este tipo de servicios", aseguró el concejal Pablo Pérez.

La resolución informada en el decreto alcaldicio N° 3567, dio cuenta del preinforme de observaciones hecho por Contraloría respecto de la omisión de cobro de una multa, dado que el cronograma presentaba un plazo de ejecución de 318 días (10 meses), el cual incluía las suspensiones hechas, pero como según las bases de licitación se estipulaban un tiempo de 150 días (5 meses), este retraso debía ser sancionado.

"La contraparte técnica que tenía el proyecto era esta empresa, entonces para todos quienes queremos y hemos abogado por tener el cementerio, éste es evidentemente un revés y esperamos que se aclare lo antes posible y que el proceso siga adelante", sostuvo el concejal Jorge del Pozo.

Argumentos

Las conclusiones que el municipio esgrimió fue la grave, extensa e injustificada paralización del estudio, el que fue solicitado por la consultora a raíz del ingreso del proyecto de agua potable y aguas servidas a la Seremi de Salud. Dicha Seremi emitió un informe con observaciones el 8 de febrero de 2017, el cual no fue notificado al municipio aun cuando éste, el 22 de marzo, consultó a la empresa por el estado del proceso.

En tanto este aplazamiento dio origen a las multas que se debieron aplicar, las cuales ascienden a $45.878.594.

"El nuevo proceso de licitación está en consulta al Gobierno Regional (Gore) del Biobío y en el SEA el proyecto se encuentra vigente, y los tiempos y plazos son definidos por aquella entidad. Con respecto las a boletas de garantía, esto fue remitido a Gore el 31 de octubre", aclaró el inspector técnico del estudio, Isaac Peralta, asesor urbanista del municipio de Chillán Viejo.

Una de las aprensiones del concejo respeto al nuevo rumbo que tomó el proyecto, es la capacidad que tenga el municipio para sacar adelante la iniciativa. A lo anterior se suma la revisión que debe realizar el Servicio de Salud para saber si el predio cumple las condiciones del Reglamento de Cementerios.

"Nos llama la atención, ya que Contraloría en su dictamen de las luces led, en que han pasado 3 años y el alcalde no pone término al contrato, en el caso del cementerio pasa un breve tiempo y se pone término. Quedamos expectantes de lo que va a ocurrir porque el proyecto sigue en el SEA, pero no sé cuál será el apoyo profesional que tendrá en la eventualidad que hubiese un tipo de objeción al proyecto, tal como ocurrió la primera vez que ingresó a este servicio", se cuestionó el concejal Jorge del Pozo.

Cabe recordar que en estos casos lo que se hace es una promesa de venta, para que una vez que se entreguen las autorizaciones se adquiera el terreno, el cual también fue objeto de observaciones desde el órgano de control, el que detectó falencias especialmente en lo que es el trato directo que se hizo para su transacción.

"El nuevo proceso de licitación está en consulta al Gobierno Regional (Gore) del Biobío y en el Sea el proyecto se encuentra vigente"

Isaac Peralta, asesor urbanista de Ch. Viejo"