"Perros flacos, con sarna, y otros con tiña o garrapatas, que incluso llegan a comerse entre ellos, son parte de la realidad que hace años se arrastra en la Sociedad Protectora de Animales". Esa fue la denuncia que ayer hizo Jazmín Luman, presidenta de Unidos Por Los Animales de Chillán (Upachi).

Junto a un grupo de animalistas llamaron a Carabineros para que intervinieran el recinto ubicado en el Parque Lantaño, y que opera desde 1989, aunque según los denunciantes, no tendría las condiciones mínimas para albergar por lo menos a 45 perros.

"Esto es algo que está pasando hace décadas en este terreno que tiene la fachada de sociedad protectora de animales, pero reciben animales, tienen un costo, y las personas que viven acá no están en buenas condiciones, no trabajan con desinfectantes ni guantes, por eso los animales se están muriendo acá", dijo Jazmín Luman.

Amparados en la "Ley Cholito", que establece nuevas penas para el maltrato animal, Jazmín Luman emplazó incluso al alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, para que intervenga.

"Como ocurrió en Coihueco, esperamos que se dé una señal clara de repudio a situaciones como ésta. Es inadmisible que en nuestra ciudad permitamos que se habiliten estos espacios, que sin bien son privados, operan de manera irregular. Por ello, esperamos que se presente una querella por el maltrato que está ocurriendo en esta supuesta sociedad protectora", dijo Jazmín Luman.

Esta no es la primera vez que se denuncian condiciones de abandono hacia los perros de este recinto. En 2015, Helia Fuentes recurrió a la autoridad sanitaria, aunque no hubo mayor respuesta que una constatación de condiciones normales.

"En esa oportunidad vinimos a buscar una perrita que se había perdido y vimos las condiciones, animales llenos de garrapatas, con tiña, cachorros muriendo y condiciones de hacinamiento e insalubridad", recordó Elia Fuentes, quien ayer volvió al lugar donde increpó a la mujer que cuida el recinto.

"De los perros rescatamos 30, de los perros que quedaron no hay ninguno y siguen trayendo perros que no tienen un veterinario", recordó Elia Fuentes, agregando que "se supone que este es un recinto privado, pero las leyes que no son tan adecuadas permiten que funcione en este momento esta seudo protectora, que en realidad sólo se caracteriza por entregar pésimas condiciones", aseveró.

El grupo de animalistas denunció el hecho a la Policía de Investigaciones, no obstante fueron carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán quienes intervinieron, acogiendo la denuncia por supuesto maltrato animal.

De esta forma, se entrevistaron con la cuidadora del recinto, y cerca de las 13 horas llegó al lugar Héctor Cerda, miembro del directorio de la Sociedad Protectora de Animales de Chillán, quien defendió el trabajo que realizan con cerca de 120 socios de la zona.

"Nosotros no recibimos financiamiento de nadie, y es falso que maltratemos a los perros, porque están gordos, tienen condiciones normales de habitabilidad", dijo Héctor Cerda, quien posteriormente permitió el ingreso de un veterinario para que evalúe las condiciones sanitarias.

El especialista constató que hay canes desnutridos y la falta de fumigación por posibles infecciones, ya que detectaron distemper en algunos perros, informe que fue remitido a Carabineros y la Fiscalía local.

Son cerca de 23 posibles irregularidades las que observaron los dirigentes sociales y el concejal de San Fabián, Carlos Orellana, en la construcción del embalse Punilla, razón por la cual decidieron entregarlas en una presentación ante Contraloría.

"Se pretende negar, incluso por el ministro, que la hidroeléctrica no tiene nada que ver con el embalse; sin embargo, se producirá energía con el agua, lo que significa que estará permanentemente siendo utilizada y no resguardada, y que la transmisión eléctrica que no es atribución del Ministerio de Obras Públicas está ligada por las bases como parte del proyecto", comentó el concejal de la comuna cordillerana.

La solicitud añade que sea el organismo contralor quien pueda aclarar las indicaciones presentadas, como lo es la actualización del plan social.

"Se debe actualizar porque aún no está iniciada la etapa de construcción, ya que el Servicio de Evaluación Ambiental aceptó la etapa de ejecución del proyecto y muchas de las familias aún no son indemnizadas, por tanto, no se les puede sacar. Se tiende a confundir la expropiación con la indemnización, ellos son erradicados involuntarios, por tanto les asiste el derecho de la indemnización además de la expropiación", sostuvo el concejal.

La presentación, que fue hecha ayer, añade una de las problemáticas que han tenido los afectados respecto de lo que sucederá con sus animales una vez que deban dejar el lugar donde viven.

"Siempre se les dijo que se les iba a proveer un lugar para seguir con la crianza de sus animales, ahora salen con que les van a dar un bono de 60 Unidades de Fomento a cada propietario, según un estudio del talaje que produce la zona que se inunda, y todos sabemos que los animales se alimentan de manera mixta, y en las veranadas. Este proyecto no se hizo con la gente de la cordillera", subrayó el edil.