Tras la polémica abierta por el gasto del Estado en los reos en las cárceles, que supera al que se otorga para los niños del Sename, el ministro de Justicia, Jaime Campos, se refirió a la crisis que vive esa institución y en particular al caso de Lissette Villa, cuya muerte se investiga.

Respecto al Sename, el secretario de Estado dijo, en conversación con radio "Universo", que la institucionalidad está "fracasada" y que "no podemos seguir metiéndole más recursos a este saco sin fondo (...) eso es botar la plata". "Lo único que nos queda es cambiar sustancialmente la política y la institucionalidad", añadió.

Sobre el oficio que señaló que el monto para mantener a los reos de las cárceles del país es de $724 mil, versus los $294 que se gastan para financiar a los niños a cargo del Sename, Campos señaló que "el ministerio envió la información que le entregaron los servicios. En el caso de Gendarmería es todo el presupuesto de Gendarmería dividido por la cantidad de reos. La cifra incluye los sueldos, infraestructura, movilización, armamento. Más de 80 cárceles".

Campos insistió en que "estamos comparando cosas que no se pueden comparar. Son diferentes". "No es que se gasten $720 mil directamente en cada uno de los reos, el cálculo es a partir del presupuesto total dividido por la cantidad de reos y dio esa cantidad", enfatizó.

El ministro agregó que el cálculo de Sename "utilizó otra metodología. Indicó cuánto gasta Sename directamente en cada uno de los niños, y como eso está en la ley de subvenciones es más fácil considerarlo. No está el sueldo de la directora nacional, ni lo que se gasta en infraestructura".

Respecto al caso de Lissette Villa, que murió en 2016 en uno de los centros dependientes del Sename, afirmó que pedir perdón a su familia "sería para la foto" y que Tengo entendido que la familia es parte del problema, no de la solución".

La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Loreto Gutiérrez, pidió ayer una pena de 15 años y un día de cárcel para la ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Marcela Mardones, alias Jimena, al momento de dictar acusación contra la ex frentista como autora de delito terrorista con resultado de muerte del ex senador Jaime Guzmán, ocurrido en abril de 1991.

La acusación señala que Mardones, que se encuentra detenida desde junio, entregó información a los autores del asesinato respecto de las actividades del ex senador al interior del Campus Oriente de la Universidad Católica donde impartía clases de Derecho Constitucional el día del crimen. Asimismo, establece que la ex frentistas, ex pareja de Raúl Escobar Poblete -alias "comandante Emilio", se ubicó en el paradero que estaba frente a la casa de estudios para verificar que el auto que utilizaron para escapar estaba listo.

En la acusación la fiscal reconoció la atenuante de irreprochable conducta anterior y que no tiene agravantes, algo que molestó a los militantes de la UDI, puesto que Guzmán fundó ese partido, por lo que piden que se solicite cadena perpetua para "Jimena".

"Lo mínimo que se debe pedir es la cadena perpetua efectiva. Independiente de su 'irreprochable conducta anterior', debemos considerar también la cantidad de años que ellos burlaron la Justicia chilena, en donde quiso hacer una supuesta entrega ante los Tribunales de manera irregular, entrando con pasaporte y documentos falsos", afirmó el diputado gremialista Issa Kort según consignó "Cooperativa". Según el parlamentario, "acá no estamos hablando de personas que hayan cambiado su actuar".

A la petición de cadena perpetua se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la familia de Guzmán, mientras que el Ministerio del Interior, según el medio citado, se allanó a los 15 años que solicitó la Fiscalía.

Defensa de "Jimena"

El abogado de la ex frentista, Alberto Espinoza, comentó que espera que el ministro a cargo de la causa, Mario Carroza, reconozca la colaboración de Mardones. "Entiendo que las declaraciones de ellas son colaborativas con la investigación", sostuvo Espinoza.

Espinoza destacó la relevancia de la declaración pendiente de la ex pareja de Mardones, Raúl Escobar, sindicado como el autor material del crimen. "Ojalá que esa declaración alcance a llegar antes de que se dicte la sentencia de primera instancia", dijo el defensor.

Carolina Collins

Un inédito ingreso de fieles extranjeros, entre ellos casi un millón argentinos, se espera que lleguen a Chile, en enero próximo, con motivo de la visita que hará al país el Papa Francisco entre los días 15 y 18 de ese mes.

Las autoridades ya están trabajando en un plan coordinado entre distintas instituciones para facilitar y optimizar el tránsito en las fronteras del país.

Un millón de argentinos

El vocero de Gendarmería de Argentina, Osvaldo Valle, adelantó que, sólo por el paso Los Libertadores, podrían pasar hasta un millón de argentinos, considerando que Jorge Bergoglio no ha visitado aún el país en el que nació desde que asumió como líder de la Iglesia Católica y que muchos de sus compatriotas ven la visita a Chile como una oportunidad de velo en persona.

"Entre 800 mil y un millón de personas podrían cruzar hacia el vecino país. Se está haciendo toda una preparación, también del 1 de enero un operativo donde haya una mayor cantidad de funcionarios", dijo la autoridad trasandina, según consignó el sitio de "Cooperativa".

Tanto en Argentina como en Bolivia se están ofreciendo paquetes turísticos para viajar a Chile a través de diversos medios.

Otras nacionalidades

La comisión nacional que organiza la gira papal proyectó que llegará también una "importante" ola de peruanos cuando Francisco esté en la norteña ciudad de Iquique, pese a que su próximo destino es la capital de Perú.

Se espera también que arriben al país, además de argentinos, centenares de bolivianos, brasileños y colombianos, entre otros extranjeros, que se sumarán a la cuantiosa llegada de turistas a raíz de la temporada de verano.

La Subsecretaría de Turismo prevé que 3.320.095 de veraneantes pasen por Chile entre este diciembre y marzo de 2018, lo que representa un alza del 16,4 % respecto del año anterior.

Medidas en chile

El alza de turistas es algo que tienen contemplado las autoridades locales que reforzarán los pasos fronterizos. Así lo confirmó ayer el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien informó que se pondrá en marcha un plan coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), diez días antes y diez días después del viaje del sumo pontífice a Chile.

En nueve pasos fronterizos se aumentará en un 51% las ventanillas de atención y habrá un incremento de un 67% del personal en las áreas de control.

Aduanas, en tanto, doblará el número de trabajadores durante ese período y la PDI pasará de 803 a 975 funcionarios en los controles migratorios.

Aleuy aseguró, además, que en Santiago, Iquique y Temuco, las tres ciudades que visitará el Papa, se reforzará el trabajo policial, ante las posibles manifestaciones que puede suscitar la venida de Bergoglio a Chile.

El subsecretario Aleuy señaló que quienes quieran protestar contra la gira del Pontífice pueden hacerlo, pero dentro de los marcos legales, de orden y con las autorizaciones respectivas.

Visita a penal

La visita del Papa también tendrá un componente inédito: el encuentro con 620 reclusas del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, quienes los recibirán en el penal y que desde hace meses preparan todos los detalles para el evento.