Andrés Mass Olate

Pese a haber egresado del colegio con nota 6,5 y haber obtenido el puntaje para postular a Medicina Veterinaria, la chillaneja María Francisca Toledo (17) corre el riesgo de no poder cumplir su sueño de convertirse en profesional. Lo anterior, ya que según afirma su madre, el tener Isapre le impide postular a cualquier beneficio por parte del Estado, única forma para costear los $4.090.000 que cuesta la carrera anualmente en la Universidad de Concepción.

"María Francisca fue trasplantada de médula el 2008, por lo que quedó con varias secuelas, lo que implica que ella se tenga que controlar con diversos especialistas cada seis meses en Santiago. Por eso estamos en Isapre para, de esa forma, darle una mejor atención. Sin embargo, según Dideco, en la Ficha de Protección Social de Hogares figuro entre el 81 y 90% de los hogares con mayores ingresos, siendo que no percibo sueldo hace casi dos años, y que en promedio gastamos $200 mil mensuales en medicamentos para mi hija", reclamó Yovana Fuentealba, madre de la joven.

Junto con indicar que recurrirá a todas las instancias que le permitan modificar el poco auspicioso escenario, Fuentealba es enfática. "El estar en Isapre no significa que tenemos dinero. Queremos que se nos dé un beneficio de acuerdo a nuestra realidad, ojalá gratuidad o beca".

Por su parte, María Francisca Toledo se mostró desilusionada con la situación que está enfrentando, pues simplemente no la entiende. "Para mí es terrible tener que salirme de la Isapre, por todos los problemas que tengo y que puedo sufrir a futuro tras la enfermedad que me afectó. Entonces, me cuesta entender por qué el sistema actúa de esa manera. Es decepcionante no poder optar a algún beneficio, salvo el crédito CAE para poder estudiar. Saqué un buen promedio, un buen puntaje y que te encuentres con estas trabas, te bajonea", sentenció la joven de 17 años.

Apelación

Desde la Seremi de Educación del Biobío descartaron que pertenecer al sistema de salud privado sea un impedimento para acceder a beneficios por parte del Estado. "Acá hay una información errónea por parte de Dideco, ya que el tener Isapre en ningún caso inhabilita para recibir crédito o beca según sea el caso", señalaron desde la entidad.

Por lo anterior, realizaron un llamado a los jóvenes a efectuar la respectiva apelación, trámite que se realiza en febrero. "En esta instancia pueden apelar quienes pertenezcan al séptimo, octavo e incluso el noveno decil. Deben demostrar por intermedio de los gastos que tienen que son acreedores de una beca o la gratuidad. Por lo general es un proceso exitoso para los estudiantes, donde 9 de cada 10 obtienen una respuesta favorable a sus solicitudes", puntualizaron desde la Seremi de Educación del Biobío.

Modificar el sistema

Junto con señalar su preocupación por el momento que vive la familia Toledo- Fuentealba, el diputado electo por Ñuble, Frank Sauerbaum (RN), criticó el funcionamiento que experimenta el sistema a la hora de entregar beneficios. "Hay que preocuparse que este tipo de casos, que son excepciones a la regla; ella aparece en Isapre por una razón distinta a la de sus ingresos, sino por un tema de salud. La ley como se está implementando recién tiene una serie de vacíos legales", aseveró Sauerbaum.

A juicio del parlamentario electo, no es primera vez que se repiten situaciones irregulares, debido a lo cual se requieren modificaciones. "Se hace necesario que el sistema se preocupe más por las situaciones individuales de las personas, y eso requiere de modificaciones", sentenció el diputado, quien anticipó que se contactará con la familia de María Francisca para buscar la mejor alternativa para que ella pueda estudiar.

"El estar en Isapre no significa tener dinero. Queremos que se nos dé un beneficio de acuerdo a nuestra realidad, ojalá gratuidad o beca".

Yovana Fuentealba, Mamá de María Francisca"

Luego de 76 días de la partida del menor Matías Lara Ambiado, cuya familia atribuyó su fallecimiento a la colocación de la vacuna de los dos meses en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Coihueco, se conoció el resultado de la auditoría interna efectuada por el Servicio de Salud Ñuble (SSÑ).

El informe firmado por Jannet Vivero, directora (s) del SSÑ, en lo medular desestima que el deceso de Matías Lara, de tres meses, se haya producido por una negligencia o mal procedimiento realizado por el equipo médico que lo atendió en el Cesfam de Coihueco.

En ese sentido, junto con hacer presente la condición de salud precaria con la que nació el niño, y el haber salido adelante tras dos meses hospitalizado en el hospital de Chillán, el escrito puntualiza que "el proceso de vacunación que se siguió con Mateo fue el correcto, tanto en la oportunidad, las vacunas administradas, la técnica empleada y las indicaciones posteriores".

Si bien, en el informe se reconoce que hubo atenciones que no alcanzaron a realizar porque la rapidez con que se detectó la necesidad no permitió coordinarla antes del fallecimiento de Mateo. "Sin embargo, no es posible en modo alguno relacionar su muerte con atenciones que no se concretaron", sostiene la auditoría.

Otro de los aspectos que indica el escrito hace mención con que "no es posible establecer alguna falencia, falta de cuidado o negligencia en alguna parte del proceso de atención, que pueda haber dado lugar a un mayor riesgo para la salud y, menos, ser causa del fallecimiento del menor".

Finalmente, se concluye que tras el trabajo realizado, "no fue posible conocer la causa de muerte de Mateo, por cuanto ésta se determinará finalmente una vez que se conozca el informe de autopsia médico-legal, lo que aún no ocurre".

Reafirma versión

Pese a los resultados de la auditoría, Patricia Ambiado, madre del menor, continúa creyendo que la muerte de su hijo se produjo a causa de la vacuna que se le administró en el Cesfam de Coihueco. "Mi hijo estaba bien, hasta después de la vacuna, por lo que mientras no me demuestren lo contrario, su muerte no la puedo atribuir a nada más", cerró Ambiado.