Las dosis excesivas de radiactividad persisten siete años después en áreas próximas a la accidentada central nuclear de Fukushima que han sido reabiertas a sus habitantes, denunció ayer Greenpeace en un informe.

El documento, basado en las mediciones realizadas por la organización ecologista sobre el terreno, señala que muchas de estas áreas se encuentran en situación de "emergencia radiológica", a pesar de que el Gobierno japonés ha levantado las restricciones de acceso a las mismas tras años de limpieza y descontaminación radiactiva.

El inquietante panorama que presenta Greenpeace, apoyada por Human Rights Now y otras ONG niponas, contrasta con la versión de las autoridades de Japón, que hablan de una progresiva vuelta a la normalidad en estas áreas castigadas por la catástrofe nuclear desencadenada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011.

En las localidades de Namie e Iitate, situadas a entre 10 y 40 kilómetros de la central de Fukushima Daiichi, y donde se levantaron parcialmente las órdenes de evacuación en marzo del año pasado, la radiación continúa en niveles "muy por encima de los estándares internacionales", según Greenpeace.

La ONG señala, asimismo, la "escasa efectividad" de las labores de descontaminación en las zonas afectadas y critica que Tokio "haya ido demasiado rápido" a la hora de reabrir estas áreas pese al "alto riesgo" que ello conlleva para sus habitantes, según dijo a la agencia de noticias Efe el experto en energía nuclear de Greenpeace Jan Vande Putte.

El Ejecutivo nipón, por su parte, mantiene que la radiactividad en las áreas reabiertas no supone riesgos para la salud humana, y cuenta con datos corroborados por expertos médicos de Japón y organismos como el Comité Científico de la ONU sobre los Efectos de la Radiación (UNSCEAR).

Exportación de pescado

A pesar de las advertencias por los niveles de radiación, Japón exportó ayer a Tailandia un envío de pescado capturado en las aguas de Fukushima, lo que supone el primer envío al exterior de productos marinos frescos originarios de esta región desde el accidente nuclear del año 2011.

El envío incluye 110 kilos de dos variedades de lenguado e irá a parar a una docena de restaurantes japoneses de Bangkok, según confirmó a la agencia EFE un vocero de la gremio de pescadores de la prefectura de Fukushima.

kilos de pescado extraído de las aguas de Fukushima exportó ayer Japón a Tailandia. El envió incluía dos tipos de lenguado. 110

Matías Jullian V. /EFE

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó ayer a todos los países a que pongan más énfasis en el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de aquellas personas que sufran de drogadicción, en lugar de centrarse únicamente en la prevención.

Este nuevo enfoque en la lucha contra la adicción propone un cambio de paradigma, ya que siempre se ha hecho más énfasis en la prevención. Sin embargo, según advierte el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado en Viena, apenas una de seis personas drogadictas tiene acceso a programas de tratamiento en estos momentos. Además, en caso de existir programas, éstos son muchas veces de mala calidad y no cumplen con los estándares internacionales, destaca la JIFE, el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas.

Los expertos de la junta denunciaron que los grupos sociales más vulnerables y socialmente marginados, como refugiados e inmigrantes, no suelen tener acceso a servicios de tratamiento.

"derecho a la salud"

El presidente de la JIFE, Viroj Sumyai, enfatizó que "es crucial que los Gobiernos protejan y mejoren los derechos de todas las personas con trastornos debido al uso de drogas".

"Bajo las convenciones internacionales de control de drogas, todos los países deben tomar todas las medidas practicables para la prevención del uso de sustancias (prohibidas)", agregó. Esto incluye la "identificación temprana, el tratamiento, la educación, la rehabilitación y la reintegración social de los afectados".

En ese sentido, la JIFE considera que el acceso a tratamiento contra la dependencia de drogas es un "elemento del derecho a la salud" de cualquier persona, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

La JIFE insta en su informe a todos los países a asegurar que las medidas para controlar el uso de las drogas cumplan plenamente los estándares y las normas de derechos humanos, lo que supone una "respuesta proporcional" a los delitos relacionados con las drogas. Es decir, la ONU advierte de que la pena de muerte o las ejecuciones extrajudiciales no deberían aplicarse como penas a la narcodelincuencia.

Cannabis

Con respecto al uso de cannabis, el organismo exigió a los países en los que se permite utilizarla con fines médicos establecer mecanismos para evitar su desviación para otros usos. Mirando específicamente a Sudamérica y a las crecientes tendencias para liberalizar el uso médico y recreativo de la marihuana, advirtió de la reducción de "la percepción de los riesgos" que conlleva el consumo de esa droga.

Según la JIFE, los países en los que el uso médico o terapéutico está permitido, como España, Austria, Bélgica, Canadá, Israel, Italia, Noruega, Holanda, Suecia o Suiza, deben establecer "marcos legislativos y regulatorios eficaces" para un "uso racional".

Si bien la Junta reconoce que la Convención de 1961 prevé una aplicación médica del cannabis, también recuerda que forma parte del grupo de sustancias sometidas a "medidas de control más estrictas", ya que se considera que tienen propiedades especialmente peligrosas. Por lo mismo, "la Junta exhorta a los Gobiernos que permiten el uso del cannabis con fines médicos a que garanticen que el cannabis sea recetado por profesionales médicos competentes, según con la buena práctica médica y sobre la base de pruebas científicas sólidas", señaló el organismo en su informe.

Tendencia en chile

Con respecto a la tendencia que países sudamericanos como Chile, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú de liberalizar el uso médico y recreativo de la marihuana, que ha impulsado al alza la disponibilidad de cannabis en la región, la ONU aseguró que este fenómeno "reduce la percepción de los riesgos asociados a su consumo".

El caso uruguayo

En cuanto a Uruguay, donde en julio de 2017 comenzó la venta de marihuana para uso recreativo en farmacias, la junta espera que el Gobierno uruguayo le haga llegar "en un futuro cercano" una evaluación sobre las consecuencias que la liberalización de la marihuana tiene en la salud pública.