María Antonieta Meleán

Arraigo nacional y prohibición de mantener contacto con los funcionarios municipales implicados o testigos de la causa, fueron las medidas cautelares dictadas luego de que el fiscal jefe de Yumbel, Álvaro Serrano, formalizara al alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, por presunto fraude al fisco en el denominado "Caso Desfalco".

Las medidas, emitidas ayer en el Juzgado de Garantía de Chillán, se extendieron también para otros siete funcionarios municipales: Ulises Aedo, María Gabriela Garrido, Lya González, Paola Araya, Susana Fonseca, Francisco Fuenzalida e Ignacio Moreno, además del exempleado municipal Jorge León. Todos ellos formalizados por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, delitos que se habrían cometido entre los años 2012 y 2013.

"El Juzgado de Garantía le informa a las personas que aparecen señaladas por el Ministerio Público como responsables de estos hechos, que se van a investigar de manera oficial. En este minuto no hay una situación de defensa, no se discuten hechos de fondo si no que solo nos referimos a la formalización que va a realizar el Ministerio Público y se discutirán las medidas cautelares que el Ministerio Público va a solicitar", explicó Juan Díaz de Arcaya, abogado defensor del edil Felipe Aylwin.

Por otra parte, Ricardo Robles, abogado del administrador municipal Ulises Aedo se mostró sorprendido ante la situación, pues no esperaban la formalización de su cliente.

"Nosotros nos querellamos, mi cliente fue quien denunció a la Contraloría General de República para que se iniciara la investigación en este caso, por eso que nos encontramos sorprendidos de que vayan a formalizar a mi cliente si nosotros fuimos los que denunciamos tanto en el tribunal como en la Contraloría General", aclaró.

El jurista admitió que existen irregularidades en el funcionamiento de la Municipalidad de Chillán Viejo, las cuales han sido sancionadas debidamente por la Contraloría General de la República.

Audiencia

Pasadas las 9:30 de la mañana inició la audiencia, la cual momentos antes se rumoraba que sería suspendida tal como sucedió en las últimas dos citaciones. Sin embargo, ésta comenzó con la presencia de todos los implicados y los abogados correspondientes.

El fiscal del Ministerio Público de Yumbel leyó los documentos que avalaban cada uno de los presuntos delitos por los que se imputan a los funcionarios chillanvejanos. La explícita lectura indicaba los montos, modus operandi y la concertación de los autores en los supuestos delitos.

En el caso del alcalde Aylwin, se le acusa de fraude por supuesta contratación de una funcionaria municipal (Lya González) para "crear una oficina fantasma de Asuntos Internacionales de la comuna que nunca existió", dijo el fiscal Serrano.

Mientras que al administrador municipal Ulises Aedo y al resto de empleados y ex trabajadores municipales formalizados se les atribuyó la ejecución de pagos mediante la falsificación de documentos.

Según el fiscal Serrano, los funcionarios ejecutaron giros de dinero por servicios de transporte privados, compra de especies de mercadería y colaciones que nunca se realizaron, o que en su defecto se realizaron pero fueron cancelados hasta dos y tres veces empleando una sola factura. Para esto emplearon cartas de dirigentes comunales, sociales y deportivos de la localidad, los cuales presentan irregularidades en la rúbrica.

"Se hicieron las pericias caligráficas a los documentos, se constaron documentos falsos para exigir pagos a la municipalidad. Las pericias contables ratifican los montos", expresó el fiscal Serrano.

Por otra parte, Silvana Ríos figura como la propietaria de las unidades de transporte que presuntamente efectuó los servicios solicitados por el ayuntamiento, por lo que también fue formalizada, sin embargo, no le dictaron medidas cautelares.

"Sólo los imputados saben y no han querido manifestar a dónde fueron a parar estos bienes y servicios. Lo que sí está claro es que no llegaron a quienes correspondían y por eso se defraudó al fisco, se usaron bienes fiscales en acciones o situaciones que no eran las que legalmente correspondían", agregó Serrano.

Los abogados defensores rechazaron tajantemente las acusaciones al alegar que no existen "antecedentes de las falsificaciones de los documentos de pago, porque una de las funciones de los empleados municipales es realizar los decretos de pago".

El fiscal Serrano afirmó que las medidas cautelares fueron impuestas porque existe "un peligro inminente de fuga y representan un peligro para la sociedad" y para evitar alteraciones en las declaraciones y testimonios que forman parte del proceso.

Por otra parte, el abogado del edil chillanvejano afirmó que el proceso judicial no es motivo para que Felipe Aylwin se separe del cargo. "Tengo copia de la investigación del Ministerio Público y, evidentemente yo asumiendo la defensa, estimo que mi representado es absolutamente inocente de los cargos formalizados. No debería dejar el cargo, no hay impedimento para ejercer sus funciones de alcalde", sentenció. Díaz de Arcaya agregó que el alcalde "tiene voluntad de colaborar con la investigación".

Mientras que la defensa del administrador municipal Ulises Aedo señaló que "llama mucho la atención que el jefe del servicio público, en este caso el alcalde de la municipalidad, sea imputado por un solo delito a diferencia de los demás, eso me llama la atención", dijo el abogado Robles.

Antes de finalizar la audiencia se fijó un plazo de dos meses para que cerrar la investigación, en la que se procederá a un juicio oral para una posterior sentencia.

"Mi representado es absolutamente inocente de los cargos que se le formalizan y tiene voluntad de colaborar con la investigación".

Juan Díaz de Arcaya, Defensa del alcalde Chillán Viejo"

La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso presentado en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal Ambiental de Valdivia, que objetó la demanda de reparación por daño ambiental presentada por vecinos y autoridades de la comuna de Chillán Viejo, en contra de la empresa de relleno sanitario Biodiversa S.A.

En su resolución, la Corte concluyó que el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia se ajustó a derecho y que no se configuraron las causales de nulidad que invocaban los vecinos y autoridades de Chillán Viejo.

En julio de 2017, el Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes rechazó, por dos votos contra uno, la demanda de reparación por daño ambiental, y consideró que la empresa Biodiversa no poseía la calidad necesaria para ser demandada, por cuanto la operación del relleno sanitario que se denunció como causante del daño ambiental demandado era realizada por una empresa distinta, que además era titular de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

Al respecto, el concejal Jorge del Pozo, quien fue parte de esta demanda junto a Tito Aburto Mora, Lilian Sandoval Acuña, Claudio Lagos Muñoz y Carla Echeverría Muñoz; lamentó este fallo indicando que el tribunal se fijó más de un asunto de forma que del fondo, que no es otro más que el grave daño ambiental que, a su juicio, provoca el relleno sanitario en las zonas pobladas que viven alrededor de este recinto emplazado en el sector de Llollinco.

"A nosotros nos confunde el sentido que tiene en éste y otros casos la justicia de nuestro país, y sobre todo en el ámbito medioambiental, porque aquí hay un pronunciamiento del tribunal de Valdivia respecto a la forma, y estamos hablando específicamente de a quién se dirige la demanda, pero no del fondo, porque en definitiva lo que sí ha quedado acreditado es que Ecobío o Biodiversa, porque mañosamente se van cambiando los nombres a medida que va pasado el tiempo, y es por eso que las demandas al final no se sabe a quién hay que dirigirlas, pero lo que se logró acreditar por los comités ambientales de la comuna y estudios de expertos que han venido de Santiago, es que ahí hay un daño a las napas subterráneas del terreno que circunda el relleno sanitario y centro de tratamiento ambiental donde llegan millones de toneladas de residuos altamente tóxicos", indicó el concejal chillanvejano.

Para Del Pozo, lo importante es que ha quedado de manifiesto que sí hay un daño ambiental. "Acá hay un daño al ambiente, un daño y perjuicio a la comunidad porque están efectivamente provocando malos olores, daños a las aguas, a los pozo que hay, y evidentemente que hemos postulado que puede haber un daño a la salud de las personas".

Consultado si se seguirá adelante con otro tipo de acción penal, el concejal de Chillán Viejo precisó que no bajarán los brazos en esta lucha medioambiental "Seguiremos en esta lucha porque en algún momento tenemos que cerrar este centro integral de residuos altamente tóxicos, y la lucha debe continuar. Este fallo si bien es cierto nos decepciona, pero no nos baja los brazos porque seguiremos luchando para que este tipo de empresas tengan vida útil determinada y no sigan operando con la serie de denuncias que tienen. Esto nos tiene muy preocupados como chillanvejanos, la vida para los vecinos del sector no es fácil, pero insisto, seguiremos adelante y lo demostraremos en otra demanda", cerró el edil de Chillán viejo.