Seis empresas presentaron sus respectivas propuestas para la construcción del nuevo Centro de Justicia de Chillán, en una licitación que tuvo como término el pasado 12 de diciembre, y como fecha de adjudicación este próximo 12 de marzo, situación que de momento ha quedado paralizada, luego que el Poder Judicial decidiera revocar el proceso licitatorio por falencias que fueron detectadas en el proyecto.
Ante esto, se esperaba realizar una nueva licitación, subsanando estos errores, pero con fecha 19 de enero, una de las empresas oferentes, Constructora Capreva S.A., presentó una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), alegando que la pauta evaluativa contemplada en las bases de la licitación, por la ponderación que atribuye a la experiencia y el capital de los proponentes, es atentatoria contra la libre competencia.
Esta situación podría retrasar el inicio y adjudicación del centro judicial, pues aún no hay una resolución por parte de este tribunal con respecto a la demanda, la cual ya fue contestada por el propio Poder Judicial, indicando que junto con presentar un error en el texto legal, fundado en que en uno de los párrafos indica textualmente "en los proceso de licitación de 'establecimientos de salud'", siendo ésa una licitación para un edificio judicial, la licitación ha sido revocada, al no existir la licitación pública a la cual se refiere la empresa litigante.
Al respecto, fuentes al interior del Poder Judicial señalaron que acatarán lo que diga el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quienes deben determinar si acogen el reclamo de la empresa que se sintió perjudicada, precisando además que de su rápida respuesta dependerá que no se atrase el proyecto.
Informe detectó fallas
El 7 de febrero de este año se determinó revocar la licitación, en virtud a un informe emitido por el departamento de infraestructura y mantenimiento de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que detectó falencias relativas principalmente a la omisión del proyecto de entibaciones en parte del terreno (pared con soportes para proteger obras de derrumbes) y el emplazamiento de las pilas de socalzado (estructuras de hormigón armado que dan soporte estructural a un deslinde de muro) sobre el terreno del vecino del deslinde poniente, todo lo cual consta en un informe técnico realizado en enero de este año.
Por lo anterior, la unidad de infraestructura ha tenido la labor de resolver dichas falencias, para llamar a un segundo proceso licitatorio, que por ahora deberá esperar la resolución del TDLC.
