Aplican nuevas cautelares a seis de los 10 imputados por caso Desfalco
CHILLÁN VIEJO. Prohibición de vender o celebrar contratos con bienes inmuebles y motorizados dictó el Juzgado de Garantía.
Una nueva medida cautelar en el marco del "Caso Desfalco" de Chillán Viejo aplicó el titular del Juzgado de Garantía de Chillán, Luis Aedo Mora, a seis de los 10 formalizados por presunto fraude al Fisco, con el fin de cautelar que los imputados no se desprendan de bienes que poseen, en medio del proceso judicial en curso.
"Atendido el mérito de los antecedentes invocados, conforme a los cuales existe indicio de la eventual perpetración de un ilícito penal contra la propiedad, concluyéndose la necesidad del decreto cautelar real impetrado(…) Se resuelve ha lugar a la medida cautelar real solicitada, decretándose, sin previa notificación de los afectados, la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes de los imputados", precisa el escrito emitido con fecha 10 de abril de este año.
De los diez formalizados, se aplicaron cautelares de prohibición de celebrar actos de contratos y ventas de bienes al alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, por automóvil Mitsubishi avaluado en $3.570.000. Ulises Aedo Valdés, por inmueble que tiene un valor de $21.731.053. A Silvana Ríos Steckler (que no tenía medidas cautelares), por una parcela avaluada en $15.428.300 más un vehículo marca Kia por un valor $5.640.000.
A ellos se suma María Gabriela Garrido Blu con respecto a un inmueble que tiene un valor de $74.157.322, sumado a otra propiedad por un valor de $59.536.619. Con respecto a Paola Araya Quijada, se aplicó la cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos respecto del automóvil marca Mazda avaluado en $7.820.000, y finalmente a Francisco Fuenzalida Valdés por un automóvil marca Chevrolet avaluado en $2.790.000, sumado a un automóvil marca Lifan que tiene un valor de $1.840.000, y por último un inmueble tasado en $59.536.619.
Con respecto a los otros cuatro imputados, mantienen las medidas cautelares de arraigo nacional Lya González, Susana Fonseca e Ignacio Moreno, todos funcionarios del municipio chillanvejano, además del ex trabajador de la casa consistorial, Jorge León.
La investigación data del año 2014, tras una denuncia por fraude al fisco a raíz de una serie de irregularidades relacionadas a servicios que no se prestaron, pagos realizados dos y hasta tres veces, además de la falsificación de firmas en documentos municipales.
De acuerdo a las experticias realizadas por la Contraloría General, el presunto desfalco llegaría a los $90 millones. Los implicados son nueve funcionarios municipales, siendo uno de los mayores responsables el exencargado de la Dideco, Jorge León, según el relato del fiscal Álvaro Serrano.
La extensa indagación se basa en declaraciones, peritajes documentales, informes policiales que están registradas en aproximadamente unas 10 mil hojas.