El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sostuvo ayer reuniones con las dirigentas de la toma feminista de la Casa Central y aseguró que la institución no contempla la realización de sumarios al menos hasta esta jornada. Sin embargo, recalcó que las autoridades universitarias esperan que las manifestantes entreguen la sede antes del lunes, pues desde mañana podría gestionar el desalojo de las alumnas.

Sánchez no obtuvo de inmediato una respuesta de las voceras del movimiento, debido a que señalaron que debían someter un posible acuerdo en una asamblea. De todos modos, adelantó que que espera una solución a más tardar en esta jornada.

"Nosotros hemos pedido que todas las negociaciones, que van a ser de mediano y de largo plazo, se hagan en una situación de no toma", sostuvo el rector, quien añadió que "hemos pedido que la toma se entregue a la brevedad".

"Les hemos dado la seguridad de que no habrá sumarios ni hoy (ayer) día ni mañana (hoy). Hemos dado seguridad de que este fin de semana por supuesto no hay ninguna posibilidad de solicitar ningún desalojo, pero también yo he sido bien enfático en decir que si esto se prolonga yo no puedo seguir dando estas seguridades a partir del día lunes", enfatizó.

Con quienes rechazan

La reunión se prolongó por cuatro horas y luego el rector Sánchez tenía agendada una reunión con las estudiantes que están en contra de la toma, quienes se han enfrentado a las dirigentas movilizadas en la Casa Central de ese plantel.

Alrededor de 100 mujeres iniciaron a primera hora del viernes una toma feminista de la casa central de la Pontificia Universidad Católica.

Las manifestantes, que llegaron encapuchadas al lugar cerrando los ingresos con candados y cadenas, señalaron que buscan que la dirección de la casa de estudios se haga cargo de las denuncias internas sobre acoso y abuso sexual.

Las organizadoras rechazaron que el jueves, el rector Sánchez no las recibiera para entregarle un petitorio sobre la materia. La solicitud busca establecer una educación no sexista y que exista un protocolo para abordar casos de violencia de género.

La Conferencia Episcopal de Chile (CECH) aceptó ayer la renuncia del obispo de Rancagua, Alejandro Goic, a la presidencia del Consejo Nacional de Prevención de Abusos a Menores de Edad, tras suspender esta semana a 14 sacerdotes de la diócesis de esa ciudad, uno de ellos presuntamente implicado en delitos de abuso sexual. El episcopado anunció que el panel ahora será presidido por el obispo de San Bernardo, monseñor Juan Ignacio González.

"Luego de deliberar sobre las razones aducidas y dialogar con él (Goic), se ha procedido a aceptar (su renuncia). Comprendemos que las actuales necesidades y dificultades ocurridas en la diócesis que pastorea han hecho necesaria esta determinación", señaló en un comunicado el comité permanente de la CECH.

La entidad aseguró que recibió la solicitud de dimisión de Goic el 25 de mayo.

Un reportaje emitido por T13 esta semana dio cuenta de denuncias por abusos sexuales y conductas impropias por parte de un grupo de sacerdotes de Rancagua.

La investigación acusó que más de una decena de presbíteros integraban un clan autodenominado "La Familia", que en los últimos años había cometido actuaciones de presunta connotación sexual. Destapado el caso, la diócesis de Rancagua dio inicio a medidas "pastorales y judiciales".

Versión de goic

"Me duele mucho, y muy sinceramente, abandonar el Consejo, pero creo que ellos comprenderán esta decisión y me ayudarán, para hacerme cargo de lo que me corresponde en este momento", sostuvo Goic ayer a La Tercera. "Se ha constituido un equipo sólido, muy profesional y competente, que sin duda continuará aportando su idoneidad para acoger y acompañar a las víctimas de este horrible mal", agregó.

La decisión se dio a conocer el martes pasado, horas después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, reiterara su pedido de perdón a la ciudadanía por los casos de abuso sexual cometidos durante décadas por Fernando Karadima. El tema torpedeó aún más la imagen de la Iglesia, justo cuando todos los obispos venían llegando de El Vaticano de una reunión donde el Papa Francisco les enrostró su lejanía con los feligreses y su mal manejo en el tratamiento de denuncias de abuso.

Los obispos chilenos fueron citados por el Papa Francisco a la Santa Sede para abordar el silencio de la Iglesia frente a los delitos de Karadima, que habrían sido silenciados por algunos de ellos, como el acusado obispo de Osorno, Juan Barros, a quien apuntan algunas de las víctimas del ex párroco de El Bosque.

En esta reunión, los 34 obispos que asistieron a Roma reconocieron "graves errores y omisiones" al encarar esta problemática, y decidieron poner sus cargos a disposición del Papa, lo que será evaluado durante las próximas semanas.

El nuevo nombre

La Conferencia Episcopal informó que el Consejo Nacional de prevención de abuso será presidido por el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, quien ha trabajado en él desde su creación.

El Comité Permanente del episcopado envió "un particular agradecimiento a monseñor Alejandro Goic que, desde la creación del Consejo en 2011, ha trabajado incansablemente, junto a un selecto equipo de profesionales, para adoptar todas las medidas necesarias que permitan erradicar de la vida de la Iglesia el abuso sexual de menores y todo tipo de abuso de poder". El organismo agradeció asimismo el "esfuerzo y dedicación a la escucha y acogida de las víctimas de estos delitos y pecados de algunos ministros de la Iglesia". Según el comunicado, bajo la conducción de Goic "se establecieron las normas 'Cuidado y Esperanza', promulgadas en todas las diócesis del país, como líneas guías con principios y procedimientos para evitar este mal en la Iglesia".