El Gobierno manifestó ayer su preocupación por la caída del precio del cobre, que ayer cerró en US$2,929 por libra, su valor más bajo desde el 4 de octubre de 2017.

"Para las políticas públicas que impulsa el Gobierno es imprescindible que el cobre se ubique sobre 3,00 dólares por libra, tal como se había proyectado hace tres meses", dijo el ministro de Minería, Baldo Prokurica. El secretario de Estado recordó que las proyecciones de los organismos técnicos es que el precio del metal "se va a mantener sobre los US$3,00 por libra y hay tranquilidad respecto a eso".

Prokurica agregó que China, principal destino del cobre chileno, sigue creciendo y que el mercado del metal va a continuar con déficit de oferta y una alta demanda o, al menos constante, desde la nación asiática, por lo cual su valor "se mantendría en buenos niveles".

Según los analistas, el inminente comienzo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mañana, con la entrada en vigencia de aranceles estadounidenses a productos chinos por US$34 mil millones, está detrás de la caída del precio del metal rojo. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que comentó que la baja del cobre "lamentablemente tiene mucho que ver con la guerra comercial, la razón fundamental es la perspectiva de un enfrentamiento como éste".

Cierta incertidumbre

"Es claro que probablemente quienes comenzaron este proceso no tienen interés en generar estos efectos, pero se están generando y ya sabemos cómo empieza pero no cómo termina", añadió el jefe de las finanzas públicas.

"Sin duda nos preocupa y esperamos que sea un efecto transitorio", expresó Larraín, para quien, de seguir en picada el precio del cobre, "en teoría tendríamos que evaluar la situación", aunque matizó que "me da la sensación también que a veces los mercados sobrerreaccionan, pero no sabemos si en este caso, tendríamos que verlo con el tiempo".

Carolina Collins

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público y dio luz verde al juicio abreviado en contra de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes fueron condenados por delitos tributarios.

Luego de dos días de discusión entre las partes intervinientes, el juez Daniel Aravena dejó fuera de la causa a la Fundación Ciudadano Inteligente (CI) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes eran querellantes de ésta.

Sin el cde ni ci

La exclusión de ambos actores como intervinientes se produjo luego de que la Fiscalía reformalizara el martes a los controladores de Penta por delitos tributarios, eliminando así el de cohecho que se les había imputado en principio por los $42 millones en pagos al ex subsecretario Pablo Wagner, recalificando el delito como apoyo económico indebido.

El juez acogió los argumentos de la defensa de Délano y Lavín y desestimó los presentados por el CDE y CI. Con eso, el tribunal dejó como únicos acusadores al Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII), que estaban a favor del juicio abreviado.

Según consignó "Emol", el abogado de CI Mauricio Daza criticó al Ministerio Público y alegó que a futuro lo que ocurrirá es que se "mutilará" la formalización para "adaptarla" al acuerdo entre las partes.

El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, argumentó que no aplicaba la incidencia expuesta por el CDE y CI, lo que fue respaldado por el abogado defensor, Julián López, lo que finalmente fue acogido por el juez, quien señaló que es facultad de la fiscalía reformalizar a los indagados.

Un día antes, Guerra había expuesto que no había pruebas suficientes para sustentar el delito de cohecho.

La abogada del CDE, María Inés Horvitz, aseguró que contaba con antecedentes por el delito de cohecho. "Qué pasó acá es la pregunta que nos hacemos, qué pasó con el Ministerio Público (...) Lo dije, no solamente que tenía antecedentes para el cohecho, dije que nosotros estábamos totalmente preparados para demostrar que los antecedentes de la investigación arrojan antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho", dijo.

El fallo

La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de cárcel con cumplimiento en libertad contra los controladores de Penta y una multa de $1.700 millones, que es el total del perjuicio fiscal calculado por el SII, monto que se suma a los $10 mil millones que ya ha pagado la empresa y sus controladores en conceptos de impuestos, interés y multas. La defensa no rebatió dicha pena.

El veredicto del tribunal se conocerá el próximo lunes 9 de julio a las 14.00 horas en el mismo tribunal.

Luego de llegar a un acuerdo con la banca, el Presidente Sebastián Piñera anunció ayer que se tomarán medidas para terminar con la discriminación por edad que sufren los adultos mayores en los servicios financieros y en los bancos.

El anunció llega luego de que una profesora normalista jubilada, Ilka Soza, de 78 años, denunciara a través de una carta al director enviada a "El Mercurio" que su banco "por casi 30 años" le negó la renovación de su tarjeta de crédito por su edad.

A ese caso se sumó el de Miguel Kiwi, de 80 años, Premio Nacional de Ciencias 2007 y docente de la Universidad de Chile, a quien también su banco le negó la renovación de su tarjeta.

Piñera detalló que los adultos mayores representan el 14% de los clientes de los bancos, por cual "parece sorprendente que se les estén cortando algunos servicios financieros, bancarios; especialmente no les renuevan las tarjetas de crédito, ni los créditos hipotecarios ni los créditos de consumo por el sólo hecho de tener una cierta edad".

El Mandatario enumeró tres problemas que afectan a los adultos mayores: "Primero, la discriminación por edad, que les terminen sus servicios por el sólo hecho de tener una cierta edad; segundo, la dificultad de adaptarse a los cambios tecnológicos que están ocurriendo en el sistema financiero y tercero, que son frecuentemente víctimas de fraude o de que expropiación incluso a veces por parte de sus propios familiares". Por eso, anunció que el Gobierno trabaja en medidas para abordar esas problemáticas, terminando con la discriminación en el acceso, estableciendo un trato preferente y otorgando una ayuda especial en caso de que sean víctimas de fraude o explotación de su propio entorno.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reveló que el Gobierno le hizo una petición en ese sentido a la banca, la que fue aceptada.

Por 114 votos a favor, ocho en contra y 25 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que disminuye el límite máximo de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora.

En promedio, en Chile mueren dos mil personas cada año producto de accidentes de tránsito, problemática que afecta en gran medida a peatones y ciclistas, a quienes busca proteger esta iniciativa que, tras ser aprobada, quedó en condiciones de ser promulgada.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, explicó que "está comprobado por abundantes estudios que una baja de velocidad de 10 kilómetros por hora reduce significativamente la probabilidad de morir en un impacto de un auto a un ciclista".

Aunque se establece un nuevo límite, las municipalidades cuentan con la facultad de disminuir aún más la velocidad máxima permitida en ciertos perímetros de sus comunas y, una vez que la ley sea publicada, serán las encargadas de cambiar las señaléticas.

Respecto a la fiscalización de la velocidad máxima en automovilistas, la ministra puntualizó que se necesita una fiscalización más efectiva que la que se tiene actualmente por lo que impulsarán desde el ministerio una nueva iniciativa.