Lapidarias son, a juicio del diputado UDI Gustavo Sanhueza, las conclusiones que arrojó una auditoría realizada a Indap Biobío, la que abordó los aspectos globales del funcionamiento de los fondos FNDR.

El instrumento emanado por la unidad de Control del organismo establece en sus conclusiones que "llama la atención la cantidad de facturas pagadas a un solo operador de riego, además del descuadre y sobregiro que el último año debió cubrirse con Presupuesto de Indap".

El informe incluso va más allá, indicando que "se observan signos de corrupción del programa mismo, lo que al parecer pudiese traer consecuencias correlacionales a la Ley de Probidad".

El diputado Gustavo Sanhueza planteó que el informe es de máxima gravedad, indicando que "no se trata solo de problemas administrativos, sino que el documento establece que una sociedad compuesta por un matrimonio de un ex funcionario de Indap y una funcionaria en ejercicio de la institución, se han adjudicado innumerables proyectos de riego sin el debido control administrativo ni financiero. La situación es particularmente grave y debe ser investigada".

Solicitud de auditoría

A través de un oficio presentado este martes, el parlamentario ñublensino solicitó formalmente la realización de una auditoría por parte de la Contraloría Regional del Biobío. Al mismo tiempo, pidió una revisión administrativa al director nacional de Indap, Carlos Recondo, con el fin de conocer más en profundidad los antecedentes entregados en el primer informe emitido por la unidad de Control.

"Durante el período 2014-2017 hubo ausencia de supervisión sobre las inversiones realizadas por Indap con recursos del FNDR y tampoco se observan mecanismos de evaluación en terreno de sus programas, lo que a todas luces es una gestión deficiente para lo que esperan y merecen nuestros pequeños agricultores", sentenció Sanhueza.

El diputado gremialista hizo un llamado a las actuales autoridades de Indap a implementar todos los cambios necesarios para que los procesos de adjudicación de proyectos se realicen de forma transparente, con una apertura amplia de oferentes y estableciendo los mecanismos de control que correspondan.

María Antonieta Meleán

A principios de este año Crónica Chillán dio a conocer la historia de la chillaneja María Francisca Toledo, la joven a quien en varias oportunidades le negaron la posibilidad de optar al beneficio de gratuidad para cursar estudios universitarios por el sólo hecho de estar inscrita en Isapre, restando importancia a su condición de paciente trasplantada de médula tras haber sido diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda.

Luego de haber solicitado ayuda en tres oportunidades al Ministerio de Educación, el pasado 5 de julio la estudiante recibió la noticia tan esperada: la gratuidad universitaria, aunque el hecho se vio empañado por una posible reaparición de un nódulo. "Después de haber apelado dos veces fue un respiro, porque aparte de la gratuidad que me estaba preocupando estoy con la noticia de que puedo tener cáncer otra vez, entonces eso fue como un alivio momentáneo", comentó María Francisca.

Su familia ha sido pilar fundamental en esta carrera cuesta arriba, en particular su madre Yovanna Fuentealba, con quien tocó múltiples puertas. "Se nos cuestionaba por el hecho de estar en Isapre. No nos podemos retirar porque ahí Francisca es atendida por distintos especialistas que el sistema público no los tiene", relata Fuentealba.

Recuerda que para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (Fuas) adjuntaron boletas de medicamentos e informes médicos, obteniendo como resultado "cero becas, cero posibilidad a nada", dijo.

Ambas fueron recibidas en Concepción por el Seremi de Educación, con quien trataron el caso. "El seremi me dice que lamentablemente nosotros, por el hecho de tener Isapre éramos condenados por ser casi ABC1 (…), eso quiere decir que los informes médicos y las boletas que enviamos no los revisaron, porque si lo hubiesen visto se darían cuenta que aquí existe un ingreso, pero también un egreso", recalcó.

Mensualmente son cerca de $183 mil lo que requieren para costear los remedios de María Francisca, los cuales debe consumir de por vida, además de los cinco especialistas que visita cada cuatro o cinco meses para tratar las diferentes secuelas que le dejó el trasplante.

"Solo me queda luchar por el bienestar de mi hija y no estaba pidiendo nada gratis, solo pido lo que por ley y derecho le corresponde, que es que pueda estudiar. Porque si fuera sin ningún tipo de garantía, ella sencillamente no puede estudiar porque no nos da", aseveró la madre.

Una pieza clave para lograr la gratuidad fue el diputado Frank Sauerbaum, quien al enterarse del caso inició varias diligencias para lograr que la joven pudiera tener una ayuda.

"Me sorprendió mucho que en la práctica la intención de la ley no se estaba respetando, porque el verdadero espíritu de la Ley de Gratuidad es que esté enfocada en los más vulnerables, en la gente que no tiene acceso a pagar. Entonces se hizo una discriminación por el hecho de que ella estuviera en Isapre, pero nadie le preguntó porqué estaba en Isapre, nadie evaluó su situación médica", denunció el parlamentario.

Espera que el caso de María Francisca sirva de ejemplo para situaciones futuras, pero sobre todo para adecuar la Ley de Gratuidad. "La evaluación que se hace no puede ser tan fría y técnica, sino que también tienen que haber personas de por medio que evalúen los casos, porque los sistemas computacionales para esto no dan cuenta de la realidad oculta. Tiene que haber una humanización de los servicios del Estado", explicó Sauerbaum.

Asimismo, Fuentealba pidió a los políticos constatar en terreno la situación que padecen las personas. "Es estresante, desgastador el tema, porque nos cuestionan sin saber qué es lo que hay detrás. Le agradezco al diputado su lado humano y estar pendiente de nuestro caso.", resaltó.

"Las leyes deben ser interpretadas de buena fe y aquí eso no pasó. Las leyes que se hacen son para beneficiar a la gente no para discriminarla"

Frank Sauerbaum

Diputado de RN."