La CIDH criticó la liberación de un grupo de ex agentes por delitos vinculados a DD.HH.
REPAROS. La oposición le pidió a la entidad de la OEA que solicite informes al Estado de Chile por esta materia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó ayer la decisión de la Corte Suprema de liberar a un grupo de ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Augusto Pinochet. A través de un comunicado, el organismo expresó su "preocupación" ante el beneficio que el máximo tribunal otorgó a siete ex agentes de los aparatos represores del régimen militar, tras acoger los recursos de amparo presentados por sus abogados.
En relación a penas impuestas por violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que "se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia".
En ese contexto, la entidad manifestó que confía en que "la Corte Suprema de Chile realizará el control de convencionalidad que está llamada a hacer, observando los estándares internacionales e interamericanos que aplican a graves violaciones a los derechos humanos". La entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente, recalcó su esperanza en que el Poder Judicial "preservará su importante legado de respuestas adecuadas contra la impunidad para los crímenes del pasado autoritario".
Presentación
Senadores de oposición enviaron una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que pida informes al Estado de Chile sobre la excarcelación de siete ex agentes de la dictadura. El escrito fue elaborado por el presidente del Partido Socialista (PS), senador Álvaro Elizalde, y su par y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, explicó que la libertad condicional otorgada hace dos semanas a siete exagentes del régimen militar condenados por crímenes de lesa humanidad supone "denegar el derecho a la justicia a los familiares de las víctimas".
Muñoz agregó que la intención de la solicitud es "revertir la libertad condicional" concedida por la Corte Suprema y que decisiones de ese tipo no se repitan.
La Moneda rechazó la presentación
La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, rechazó la presentación opositora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recalcó que "es perjudicial" en un estado de Derecho "arrogarse la facultad de otros poderes del Estado. En Chile es el Poder Judicial quien conoce las distintas causas que se requieran y quien establece condenas, inocencias y beneficios".