Ante los rumores periodísticos que señalan que el Papa Francisco decidió sacar al cardenal Francisco Javier Errázuriz de su círculo más cercano de asesores, conocido como el C-9, ayer el arzobispo emérito de Santiago negó estos trascendidos.

Según una publicación del jueves del medio español ElDiario.es, "Francisco dejará de contar con los cardenales George Pell y Francisco Javier Errázuriz para el grupo C-9", también conocido como "G9", que lo asesora en la reforma de la Curia romana.

"No he recibido ninguna comunicación ni del Santo Padre ni del Vaticano", señaló Errázuriz a La Segunda al ser consultado al respecto.

El prelado, quien enfrenta una querella de la Fundación para la Confianza por presunto encubrimiento de abusos, explicó que el Papa "instituyó el consejo para que sea un consejo permanente", añadiendo añadió que "evidentemente el consejo es permanente, no los consejeros".

Finalmente, señaló que "no tengo ninguna noticia sobre las fechas de los cambios que un día el Papa va a hacer". Los denunciantes del caso Karadima, José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, reaccionaron con satisfacción ante los rumores de la exclusión de Errázuriz del círculo de confianza del Sumo Pontífice.

Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se refirió ayer a la demanda que interpuso a fines de julio, pero que se hizo conocida el jueves, contra Canal 13 en la que exige más de $3 mil millones por el daño que le habrían causado las rutinas del personaje Yerko Puchento, interpretado por Daniel Alcaíno.

"Yo no estoy demandando al señor Luksic, yo estoy demandando a un canal que se dedica a denostar a la gente, no solo a mí", dijo Dávalos desde el Juzgado de Garantía de Rancagua, donde se revisaron las medidas cautelares en su contra en el marco de la arista Vial Concha del Caso Caval.

"Este es el mismo canal que ha denostado a la señora Cecilia Pérez y este es el mismo canal que, en algún momento, tiempo atrás, también denostó a Jovino Novoa", aseguró Dávalos, quien agregó que "las injurias se han reiterado en el tiempo; han sido avaladas e incentivadas por la institucionalidad de Canal 13".

El abogado del ex agregado sociocultural de la Presidencia, Carlos Fierro, también se refirió ayer a la acción legal y a la alta indemnización exigida en ella, justificándola por el supuesto daño emergente, lucro cesante y daño moral generado.

En ese sentido, la parte demandante exige $1.000 millones por este último concepto, en relación con sumas de dinero -unos $28 millones mensuales- que le "habrían correspondido" por su "actividad como funcionario público y como profesional", pero que dejó de percibir, en su argumentación, debido a las burlas de Daniel Alcaíno.

"Vamos a acreditar que existían contratos, no sólo ofertas de trabajo, que no pudo continuar manteniendo producto de las situaciones que se describen y se narran como hechos en la demanda", dijo Fierro en declaraciones a la Radio Duna.

"en su derecho"

Por otro lado, ayer también reaccionó el propio Luksic, dueño de la señal demandada, quien a través de Twitter señaló que el hijo de Bachelet "está en su derecho de ir a Tribunales". "El Canal tendrá que defenderse y la Justicia determinará", añadió en su publicación en la red social.

Matías Jullian Velásquez

El Gobierno anunció ayer una querella y pidió un castigo "ejemplar" contra quienes resulten responsables de los avisos de bomba que el jueves afectaron a 11 vuelos comerciales.

Las llamadas afectaron a vuelos de Latam Chile, Latam Perú y Sky, algunos de los cuales debieron ser desviados y aterrizar de emergencia en aeropuertos de ambos países y también de Mendoza para ser sometidos a exhaustivas revisiones.

El Ejecutivo presentará contra quienes resulten responsables una querella por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, que supone penas de hasta cinco años y un día de cárcel.

"Con respecto a las falsas e irresponsables amenazas telefónicas sobre instalación de bombas en algunos aviones, le he pedido al Ministerio del Interior que se querelle contra los responsables por Ley de Seguridad del Estado para aplicar un castigo ejemplar", publicó en su cuenta de Twitter el Presidente Sebastián Piñera.

"Exigiremos el máximo rigor contra quienes vulneran la seguridad de los chilenos", sostuvo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmando la presentación de la querella.

"No se puede permitir detener vuelos comerciales, movilizar todo el aparato estatal, policial y Ministerio Público, la inseguridad que genera, las pérdidas de tiempo, la alarma pública", agregó Chadwick.

Por su parte, Sky presentó una querella criminal.

Formalizaciones

Autoridades informaron ayer de la detención, en la ciudad de Antofagasta, de Franco Sepúlveda Robles, de 29 años, como presunto autor de las llamadas, quien fue trasladado a Santiago en un avión de Carabineros para ser puesto a disposición del Primer Juzgado de Garantía de la capital.

El mayor de Carabineros Diego Rojas dijo que las llamadas fueron hechas desde Antofagasta y queSepúlveda hizo las llamadas molesto por haber perdido un vuelo y no haber podido recuperar su maleta.

Tras ser formalizado por los delitos de amenazas, aviso falso de bomba e infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en carácter reiterado, el imputado quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse al aeropuerto. Además se determinó un plazo de 90 días de investigación.

Sepúlveda, además, también enfrentará una querella criminal de parte de Sky. "Con la seguridad de las personas y los pasajeros de SKY no se juega", señaló Christian Muñoz, gerente de operaciones de la aerolínea.

Carabineros informó que detuvo a otro hombre de 33 años por afirmar, a modo de broma, que portaba una bomba al pasar por los controles de seguridad del aeropuerto de Santiago.

Boris Chacón Flores fue formalizado por falso aviso de bomba. Quedó en libertad, pero con firma mensual y la prohibición de acercarse al aeropuerto.

vuelos comerciales se vieron afectados el jueves por los falsos avisos de bomba. 11

El Juzgado de Garantía de Temuco confirmó ayer que el general (r) de Carabineros, Gonzalo Blu, permanecerá en prisión preventiva por la llamada "Operación Huracán". En la audiencia de revisión de cautelares realizada ayer, el abogado de Blu, Sergio Rodrgiuez, expuso una serie de antecedentes en el caso por implantación de evidencia, de los cuales varios apuntaban al ex general director de la institución, Bruno Villalobos. Con el fin de desacreditar la imputación que hizo el Ministerio Público a Blu como jefe de una asociación ilícita, Rodríguez indicó que el formalizado no tenía ningún curso o especialidad en inteligencia y que tampoco participó en cursos de inducción informática. Además, el abogado aseguró que no hubo intervención de su defendido en la contratación de Álex Smith (creador del software "Antorcha"), sino que del ex director general y el también imputado general (r) Marcelo Teuber.