El segundo vuelo del "Plan vuelta a la Patria", impulsado por el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, permitió que ayer 84 personas regresaran al país caribeño, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la Región Metropolitana, gracias a la gestión de la embajada venezolana en Chile.

"Hay un buen número de familias que regresan porque no pudieron insertarse en el mercado laboral, otros que pudieron insertarse pero aún el ingreso familiar no les daba para sostener el problema de la salud, educación y el transporte", dijo a radio "Cooperativa" el líder de la misión diplomática en Santiago, Arévalo Enríquez Méndez.

"Con este vuelo de 90 personas (la Cancillería venezolana informó que fueron 84) estamos llegando a 182 (considerando el primer viaje, realizado el 11 de noviembre), y van a continuar los vuelos mientras hayan venezolanos que quieran retornar", agregó el embajador, destacando que el "Plan vuelta a la Patria" es una iniciativa del régimen de Nicolás Maduro.

La política ha sido aplicada en Chile, Ecuador y Colombia, presentando problemas en este último país, donde ayer se registró el impedimento de las autoridades locales para que los buses atravesaran la frontera, según reportó el Ministerio de Exteriores venezolano en su cuenta de Twitter.

"Autoridades colombianas violan acuerdos de cooperación al impedir el paso de un autobús con 42 venezolanos que retornan a Venezuela bajo el 'Plan vuelta a la Patria', obligando de esta manera a cruzar el puente caminando y empujar su equipaje a adultos mayores, mujeres y niños", escribió la secretaría de Estado.

Haitianos

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, en paralelo, explicó que esta política de retorno se desmarca de la iniciativa impulsada durante noviembre por el Presidente Sebastián Piñera.

"Queremos aclarar efectivamente (que) el plan que tenga Maduro es completamente diferente al nuestro. Nosotros estamos haciendo un plan de retorno humanitario para haitianos que han querido volver a su país", dijo la autoridad, agregando que "en ese viaje volvemos y traemos ciudadanos chilenos que quieren volver desde Venezuela a nuestro país".

Los abogados querellantes por la desaparición y muerte del estudiante universitario Jorge Matute Johns, en Concepción, podrían esta semana conseguir la reapertura de la causa, que fue cerrada hace seis meses, luego que un tribunal rechazara explorar la arista sexual de la causa, que señala que el joven pudo drogado hasta su fallecimiento por personas que habrían sido homosexuales.

La Corte de Apelaciones de Concepción, revisará mañana nuevamente el sumario del caso Matute, señaló Radio Bío-Bío, con el objetivo de determinar si corresponde la reapertura del caso y ordenar diligencias, a petición de los abogados de la familia.

Esto luego de que a principios de este año fuera rechazada la investigación propuesta por la ministra Carola Rivas, quien, según un testimonio de un exdetective, concebió la tesis de que el joven pudo haber sido inyectado con pentobarbital por un grupo de personas, llevándolo a la muerte en 1999.

"Yo he tenido conversaciones con el abogado querellante a fin de organizar, si ellos quieren, alguna otra diligencia. Me parece que el interés actual es esperar la decisión de la Corte de Apelaciones respecto del recurso que dedujeron con relación a las diligencias que habían sido negadas", dijo la magistrada.

Diligencias

El hermano del joven fallecido, Alex Matute, expresó su esperanza en que sea acogida la apelación y así realizar las diligencias propuestas por Rivas, entre las que hay un careo entre el exdetective Carlos Stuardo, quien señaló por primera vez la pista sexual del caso; y el exprefecto de la Policía de Investigaciones (PSI), Héctor Arenas, quien apuntaba a una golpiza detrás de lo ocurrido a Matute. En su momento este último rechazó la observación de Stuardo.

"Estamos a la espera de que la Corte de Concepción acoja nuestra apelación, y se pueda hacer diligencias que estimamos que son relevantes", señaló el hermano de la víctima.

"Las diligencias apuntan a dos sentidos: uno, a darle algo concreto a la teoría de la ministra; o bien descartarla derechamente", agregó Matute.

Hoy se sortearán los jueces que mañana escucharán los alegatos de los abogados defensores, Fernando Saenger y David Vargas, junto a la posición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras lo cual se decidirá el futuro de la causa judicial abierta hace casi dos décadas.

Redacción

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que La Moneda "expresó su opinión" en el escrito que presentó el viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) por el protocolo de objeción de conciencia institucional de la Ley de aborto en tres causales.

La Moneda presentó un escrito con las observaciones solicitadas por el TC sobre el requerimiento de legisladores de Chile Vamos, quienes pretenden que se declare inconstitucional el reglamento que impide ser objetores de conciencia a los establecimientos de salud privados que tienen contratos con el Estado,

"El Gobierno hace un téngase presente, que es expresar la opinión del Gobierno sobre el acatamiento que tuvimos respecto al reglamento que presentamos en la Contraloría y lo que pensamos sobre esta materia", dijo Chadwick a "Cooperativa".

"Ellos -los legisladores de Chile Vamos -tuvieron siempre una posición contraria a la forma como la Contraloría resolvió el problema, pero la diferencia está en que nosotros como Gobierno, aunque compartimos unos de estos puntos de vista, como lo hicimos ver, tenemos que acatar lo que dijo la Contraloría y así lo hicimos", agregó.

El viernes, a las 21.00 horas, el Ejecutivo ingresó al TC el documento al que accedió "La Tercera", donde defiende las modificaciones sobre la libertad de conciencia que intentó introducir al protocolo redactado por la Administración anterior, las cuales fueron rechazadas por Contraloría.

El texto, firmado por el Presidente Sebastián Piñera y los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y de Salud, Emilio Santelices, plantea que el presente reglamento "afectaría la objeción de conciencia, entendida como una expresión de la libertad de conciencia consagrada en la Constitución".

"incongruencia"

El diputado (PS) Leonardo Soto indicó que "en la respuesta del Gobierno al Tribunal Constitucional se evidencia la completa incongruencia e incoherencia de este Gobierno en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. (...) Va en contra de sí mismo, avalando la postura de los parlamentarios de Chile Vamos", asegurando que el derecho constitucional citado se refiere solo a personas naturales.

La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, afirmó por su parte que "el Gobierno lo que tiene que hacer es respetar el derecho consagrado en la Constitución a la salud establecida. (...) Un Gobierno que está representando la administración de un Estado, hoy día abre un debate político de algo que es técnico".