La sociedad chilena ha cambiado. Los tiempos actuales demandan implementar nuevas políticas públicas para sopesar estos cambios. Sin embargo, continuamos haciendo lo mismo que no ha dado resultado.
Bajo este paradigma seguiremos teniendo los mismos efectos en diversas materias de interés social, gastando enormes sumas de dinero en iniciativas intrascendentes en sus propósitos. Entonces, ¿por qué no generar cambios radicales en la forma de tratar estos problemas? No seremos los primeros. No obstante, para un país aún conservador, es pecaminoso proponer la legalización de la marihuana con fines recreacionales.
Pese a ello, un grupo de parlamentarios de diversas tendencias políticas, generacionales y la mayoría de regiones, estamos dispuestos a instalar el debate.
En Chile un millón 400 mil personas reconocen que consumen marihuana de manera esporádica. Entonces cabe preguntarse, ¿Dónde la adquieren?, ¿Qué están consumiendo? La Ley 20.000 permite el consumo en forma privada. Sin embargo, el problema radica en la compra y riesgos que esto conlleva. Lugar en donde el narcotráfico extiende sus tentáculos inescrupulosos, sin mediar en las consecuencias que esto acarrea y en donde existen cerca de 300 mil personas que se declaran consumidores problemáticos.
Frente a esta situación es que hemos propuesto legalizar la marihuana en nuestro país. Tenemos los ejemplos de Uruguay y recientemente de Canadá. También está la experiencia de California, en donde sólo el primer año de venta restringida permitiría recolectar cerca de seis millones de dólares en impuestos, los que perfectamente en Chile podríamos utilizar para tratar a los adictos.
La droga ha corrompido diversos estamentos sociales. Recientemente nos hemos enterado que existen militares que adquieren armamentos, que posteriormente se dan por perdidos y terminan siendo vendidos a bandas narcotraficantes. Nuestra propuesta apunta exactamente a reducir el mercado negro, por medio de la regularización de la marihuana a través de un organismo estatal. Existiendo un registro de consumidores, los mayores de 18 años podrían acceder a una cantidad de gramos mensualmente, garantizando la seguridad de las personas al momento de adquirirla, generando campañas de control preventivo y reutilizando los impuestos generados en el tratamiento de las adicciones.
Esta iniciativa no promueve el consumo, sino que viene a regular una realidad latente, donde el consumo de marihuana pasó de 4,6% en 2010 a 14,5% en el 2016. La sociedad está dispuesta a discutir este tipo de temas, los cuales dejaron de estar en el ámbito privado del consumidor a ser una problemática social por las consecuencias que genera el tráfico.
Carlos Abel Jarpa Wevar, Diputado de la República.