Alejandro Torres Caamaño

Recientemente, y de manera unánime, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la rebaja temporal del 50% en dietas de autoridades del Gobierno, parlamentarios, alcaldes y autoridades regionales, excluyendo a concejales y consejeros regionales. Sin embargo, esta rebaja operará desde que la ley se apruebe, en caso de ser así, y hasta que opere el mecanismo a través del cual el Banco Central fijará los sueldos de todas las autoridades del Estado.

Paralelo a aquello, en la moción también se aprobó de forma unánime que el ahorro de la reducción de este 50% iría directamente al Presupuesto de la Nación.

Según ha declarado a medios nacionales, el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores (DC), su intención es poner este proyecto en tabla el miércoles siguiente para que sea votado en la Sala.

Desde el Gobierno Regional de Ñuble, el intendente Martín Arrau, a raíz de la rebaja en cuestión, comentó que "desde mi punto de viste opiné en su minuto que era necesario, pero desde la Comisión de Constitución ya se aprobó en general la idea de rebaja de sueldo a los altos directivos públicos. Estoy contento que esas ideas que uno ha tratado de promover vayan llegando a puerto; creo que hay que hacer gestos importantes, y eso es lo que se está tratando de tramitar hoy en el Congreso".

Desde el Parlamento, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y legisladora local, Loreto Carvajal (PPD), manifestó su contento, expresión que se une a su autoría en la iniciativa en cuestión. "Es relevante que luego de estar tanto tiempo dormido (proyecto presentado en abril de 2014), hoy a propósito de las manifestaciones y exigencias de la gente, se haya podido discutir", dijo.

"Proponíamos rebajar la dieta de los parlamentarios como también a altos funcionarios de Gobierno, que incluye ministros de Estado, subsecretarios, Presidente de la República, alcaldes… es un paso importante en la medida que sintonicemos con las necesidades reales. Entendemos que eso no puede ser si no hay un aumento del salario mínimo, que es lo que a la gente le hará sentido", añadió la parlamentaria ñublensina.

Desde el oficialismo, el diputado Gustavo Sanhueza (UDI) valoró también la medida. El legislador por Ñuble agregó que está de acuerdo con la reducción de gastos operacionales. "Apoyamos la reducción de la dieta y también consideramos que no tenía que ir con letra chica. Había que reducir también los gastos operacionales, porque finalmente es la sumatoria de esos dos elementos los que incluyen el gasto que la función parlamentaria significa para el país. En eso estamos absolutamente conscientes de que era necesario considerar los dos elementos. Valoramos que la comisión haya aprobado la indicación y también la reducción de las asignaciones parlamentarias".

Sanhueza agregó que "esto se aprobó finalmente para todas las altas autoridades del país, donde caben también alcaldes y también ministros, poder Ejecutivo y Judicial. Estamos a la espera de que el Ejecutivo envíe una indicación durante la próxima semana para hacer viable que sea otro estamento el que defina cuáles debieran ser las remuneraciones y dietas en nuestro país. Es bastante incómodo que seamos los propios parlamentarios los que definan nuestra dieta, es necesario que sea alguien con objetividad y altura de miras".

Desde la oposición, el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) declaró que "a mí lo que más me preocupa es la situación que se produce con respecto al personal de apoyo, que puede verse afectado. Lo otro, creo que para mí no hay problema, estamos a la espera que finalmente sea el Banco Central el que determine la dieta que corresponde a distintas autoridades. Para mí, el cargo de parlamentario con los ministros de Estado y de la Corte Suprema, son cargos similares y debieran tener remuneraciones similares".

El legislador DC Jorge Sabag, en tanto, manifestó que "nosotros vamos a intentar de que no se toquen los gastos en asesorías ni gastos operacionales. Eso resentiría bastante la actividad con las personas que trabajan con uno. Es imprescindible bajar el número de parlamentarios".

"Si fuera solamente la dieta parlamentaria no habría inconveniente. Lo que sí, es que estamos viendo con el presidente de la Comisión de Constitución (Matías Walker) que se apruebe (la rebaja en) el número de parlamentarios, no tendría sentido bajar la dieta y mantener el mismo número de parlamentarios. El móvil de todo este movimiento social es que se rebajen los gastos del Estado y se destinen a gasto social. Cuando se aumentó en 35 diputados, aumentó también el costo", añadió.

Dificultad

Dicho lo anterior, y respecto al escenario que enfrentarán los alcaldes, de ser aprobada eventualmente la ley en cuestión, desde la Asociación de Municipios Laja-Diguillín, a través de su secretaria ejecutiva, Gina Hidalgo, se ha manifestado un grado de preocupación en cuanto a la disposición legal. Específicamente, y en caso de reducir la remuneración de alcaldes, esto podría generar un conflicto y/o dificultad legal en cuanto a otros funcionarios, puesto que el jefe comunal, en rigor, no puede percibir un sueldo menor a otro funcionario de la administración.

"Esto generaría un problema, porque si se rebaja a un 50%, el alcalde quedaría ganando menos que algún otro funcionario incluso de su confianza; ahí hay un tema que ajustar al detalle. Si bien los sueldos de los alcaldes tienen un cierto margen, a diferencia de otros funcionarios de carácter público, hoy están expuestos a todo el proceso de la ley de Planta, donde se generarán problemas con los cambios que se quieren hacer", dijo Hidalgo.

"Creo que se tiene que partir por igualar o graduar el tema de los sueldos en general. En ese caso, los alcaldes ya tienen esa regulación, ahora hay que discutir, porque si se hace esa mención, se va a entrar en contradicción con otras normas, porque efectivamente el alcalde no puede ganar menos que el estamento que le sigue. Por lo tanto, habría que revisar la planta completa de los municipios, o reevaluar la situación de los alcaldes. Se generarán estas diferencias entre uno y otro, porque cada municipio tiene su proceso propio por la ley de Planta, otros todavía no lo han hecho y habrá desventaja", añadió.

Debido a aquello, y a juicio de la secretaria ejecutiva de la asociación municipal citada, la decisión de legislar y presentar la moción en el presente artículo, fue algo apresurada. En ese aspecto, Hidalgo espera que se precise con mayor claridad respecto a lo que ocurrirá en particular con la situación de los alcaldes.

"Creo que fue una decisión un poco apresurada en relación al detalle. Hoy hay distintos estamentos y todos requieren distintos tratos. A diferencia de los parlamentarios, los alcaldes no tienen estos aportes que les hacen por sus asignaciones, simplemente tienen sus sueldos. Pero no tiene una suma adicional importante como pasa con los parlamentarios, donde hay recursos importantes involucrados, y algunos de ellos se pueden manejar de manera más autónoma, no tan predeterminada por la ley", dijo.

Finalmente, Hidalgo declaró que en lo que se debe trabajar en materia legislativa, es en reducir las brechas.

"Ahí también los alcaldes tienen una diferencia sustantiva. Creo que fue apresurado, si bien es cierto hoy la ciudadanía demanda generar igualdad de condiciones, sobre todo en las brechas salariales, que creo que hoy es importante empezar a hablar de eso. En ese sentido, cada estamento debe tener un análisis en particular, y ahí es donde creo que se apuraron, se le dio celeridad a una norma que, desde lo práctico, suscitará muchos problemas, porque entrará en contraversión con otras normativas", sostuvo.

"Imagino que serán votaciones separadas, votaré a favor de la reducción de la dieta y contra de reducción de personal".

Carlos Abel Jarpa, Diputado PRSD

"Se aprobó para todas las altas autoridades, donde caben alcaldes y también ministros, poder Ejecutivo y Judicial".

Gustavo Sanhueza, Diputado UDI

50% de la dieta parlamentaria es lo que se reduciría en caso de ser aprobada la moción que ya cuenta con luz verde desde la Comisión de Constitución.

$4 millones 263 mil es el sueldo bruto que, eventualmente, percibiría el intendente de Ñuble, Martin Arrau, en caso de ser aprobada la ley, puesto que incluye a altos mandos de Gobierno.