El fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmó que no se puede establecer, "hasta ahora", que haya habido "coordinación" en los ataques a varias estaciones del Metro de Santiago, hechos que marcaron el inicio de la crisis social y de violencia en el país.

"Lo que tenemos hasta ahora son personas que hemos logrado identificar, algunas están en prisión preventiva", dijo a radio Cooperativa. "Por el momento no es una línea de investigación que hemos descartado", expuso. Dijo sí que "llama mucho la atención la situación de la Línea 4, donde se fueron quemando estaciones sucesivamente". En la estación Pedrero, "vemos personas vinculadas con la 'Garra Blanca', tenemos un menor de edad", añadió.

Hasta ahora, hay tres detenidos por incendios en estaciones del Metro. El último es Jeremy Ramírez, de 20 años, encontrado en San Felipe y para quien el 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva, por presuntamente haber provocado un incendio en la estación La Granja.

Según la Fiscalía, Ramírez aparece en imágenes ingresando a quemar, la noche del 18 de octubre, la boletería del recinto de la línea 4A, para lo que fue ayudado por otra persona, la que está en prisión preventiva desde hace casi un mes. El acusado fue formalizado por la presunta comisión de los delitos de incendio y daños agravados, instancia en que el Ministerio Público presentó una serie de antecedentes para acreditar su participación.

Ramírez fue identificado por sus pantalones, zapatillas y un anillo plateado, más fotos publicadas en Facebook e Instagram, en las cuales aparecía con la misma ropa del 18 de octubre. El fiscal Alex Cortez explicó que al comparar el rostro del detenido con el de quien aparece en las grabaciones, se obtuvo "certeza absoluta de que se trataba de la misma persona". También se presentó una escucha telefónica: la Fiscalía aseguró que Ramírez, en la charla con un familiar, reconoció su participación.

Dura reacción

Jorge Abbott enfrentó, las críticas del Gobierno y parte del oficialismo al Ministerio Público por su actuar durante la crisis social, especialmente con los detenidos por las estaciones del Metro de Santiago que fueron incendiadas. "Desgraciadamente vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar", dijo Abbott.

"Trabajamos sobre la base de los insumos que nos entrega la policía. Tenemos muchos casos en que la prueba es mínima", sostuvo, por su parte, el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, en radio Pauta. "Nosotros no podemos acusar gente si después van a ser absueltos por la Justicia por falta de pruebas", agregó. "Está bueno ya de que se utilice al Ministerio Público como chivo expiatorio cuando a un Gobierno le va mal en materia de seguridad", opinó.

El fiscal nacional, al respecto, comentó que en más de una oportunidad no se ha podido formalizar de inmediato a los detenidos. "Con las policías tenemos alguna dificultad, puesto que los partes que nos llegan tienen una calidad inferior a una situación normal", dijo y agregó: "Yo llamaría a la autoridad a actuar con mayor seriedad".

Al abordar la polémica, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, indicó que el Gobierno espera "que todas las instituciones del Estado hagan sus máximos esfuerzos por recuperar la paz social y el orden público".

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley conocido como "antisaqueos" y "antibarricadas", y lo despachó al Senado, que anoche se aprestaba a ratificar la propuesta.

Modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables es el objetivo del proyecto aprobado en general por 127 votos a favor. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, sostuvo: "Lo que se busca con esta ley es tener mayor justicia y una persecución penal más intensa a todos los delincuentes que están alterando la vida de las personas en nuestro país".

La propuesta, ingresada por diputados DC y RN, establece que el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años. Para efectos de esta sanción, se entenderá por desorden público paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, afectando gravemente su funcionamiento; ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines; destruir totalmente o en parte una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina, uno o más vehículos motorizados, o dañar bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social; incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación; impedir o dificultar la actuación de Bomberos y otros servicios destinada a combatir calamidades que constituyan peligro; y ocupar o usurpar inmuebles industriales, comerciales o agrícolas.