La directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile, Leonor Varas, dijo que los estudiantes tienen derecho a manifestarse, pero que boicotear la realización de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), como anunciaron los secundarios, implica arriesgar el derecho a la educación de muchas personas y familias.

La titular del organismo encargado del examen se refirió así al anuncio hecho la noche del jueves por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces). Esta agrupación anunció protestas para los días 6 y 7 de enero alrededor de las sedes donde se rendirá la PSU. Según los jóvenes, no todos los estudiantes han tenido las condiciones adecuadas para prepararse. Además, pidieron postergar el test con motivo de la crisis social que vive el país desde el estallido del 18 de octubre pasado.

"Esta prueba no se puede rendir. Los secundarios en esta coyuntura hemos estado en la calle, somos los que levantamos las movilizaciones que han ocurrido en nuestro país, y es por lo mismo no hemos estado estudiando. La gran mayoría se ha estado movilizando en la calle y ahora pretenden que demos la PSU (...) Quieren imponer una normalidad que hoy no existe", indicó una de las voceras de la Aces, Ayelén Salgado.

Despliegue nacional

Leonor Varas, la directora del Demre, expresó que no hay miedo entre los organizadores de la PSU por un posible boicot, pero sostuvo que "realmente espero que no exista ese boicot. Entiendo que (los estudiantes) se quieran manifestar, me parece legítimo, pero boicotear la PSU significa arriesgar un derecho a la educación de muchas personas y sus familias. Tiene implicancias muy grandes, es un derecho que cuesta mucho que se ejerza".

Al respecto, Varas precisó que "hay situaciones muy complicadas" de rendición de la PSU, como las de personas que viven en lugares apartados. "Vamos, por ejemplo, a Juan Fernández por doce estudiantes; si no fuéramos, sus posibilidades de rendir la prueba quedan muy limitadas. O los que viven en Melinka, que son 23; si no fuéramos a Melinka, ellos tendrían que pernoctar en otra localidad, cruzar el mar...". Además de las personas de lugares aislados, están aquellas privadas de libertad. "Tomamos la prueba en 70 cárceles", indicó Varas y agregó que este año cerca de 1.400 personas en situación de discapacidad están inscritas para rendir la prueba. "Buscamos las condiciones que permitan emparejar la cancha a esas personas", dijo la jefa del Demre.

Varas también comentó que la PSU, al ser una prueba estandarizada, "tiene que darse en condiciones estandarizadas para todos". Por lo mismo, planteó, un boicot a la PSU sería un daño muy grande al derecho a la educación. "No creo que los jóvenes estén dispuestos a arriesgar ese derecho", aseguró.

Al resguardo policial con Carabineros que anunció el Gobierno el jueves para las sedes donde se rendirá la PSU, Varas agrego que han tomado medidas para que la prueba se pueda rendir en buenas condiciones, pero esas medidas no son de fuerza, sino civiles. "Vamos a hacer lo mejor posible y debemos garantizar que nadie sea perjudicado. Son condiciones difíciles, pero vamos a hacer la PSU en condiciones difíciles", acotó Varas, y añadió que la idea es "que no paguen los costos los estudiantes".

289.000 personas darán la PSU, incluyendo cerca de 1.400 en situación de discapacidad, indicó el Demre.

17 a 19 horas de mañana se realizará el reconocimiento de salas. La prueba será el lunes y el martes.

2 postergaciones ha tenido ya la PSU en este último proceso. El Cruch descartó una más.

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, se refirió a la acusación constitucional que diputados opositores presentaron en su contra por supuestamente haber vulnerado la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, a través de la estrategia de "copamiento" de Plaza Italia con funcionarios de Carabineros.

"Estoy tranquilo, he hecho mi pega, que es devolver la ciudad a los vecinos. Hemos restablecido de a poco el transporte público, los semáforos, la actividad cultual, ahora vuelve el fútbol", dijo a radio Universo.

"Llevo más de 30 años en el sector público y me parecería muy injusto ser destituido por una cosa que es absolutamente irresponsable e injusta", enfatizó la autoridad regional. "Tengo fe en Dios, he hecho las cosas como corresponde, no tengo nada de qué arrepentirme en este asunto y vamos a seguir adelante", agregó.

Sobre los fundamentos de la acusación, Guevara dijo que "he autorizado todas y cada una de las marchas, los espectáculos deportivos, y no he restringido ninguna actividad que ha solicitado permiso (...) Es ridículo que se me acuse".

"¿Quién no ha podido reunirse en la Plaza Italia? Ahora, si les molesta reunirse al lado de Carabineros, eso es un problema personal, pero de reunirse, yo he visto que se han reunido todos los días en la Plaza Italia. ¿Quién puede pensar que el intendente o el ministro o alguien del Gobierno tiene esa facultad? No hay ninguna ley que permita eso. Yo lo que hice fue informar lo que iba a ocurrir, pero la decisión táctica, operativa de lo que se hace en el territorio es de la policía", comentó.

Dd.hh. y amenazas

"Todos los días se cortaba el flujo en Plaza Italia, se la tomaban, no podrían circular los vehículos. A partir de esa estrategia de carabineros el comercio volvió a abrir, el transporte público volvió a pasar, después de 60 días", agregó Guevara sobre el "copamiento". Dijo además que "hemos condenado todos los abusos y las saltadas de protocolo que pudo haber hecho Carabineros, pero eso no tiene nada que ver la obligación constitucional que tengo de poner todos los medios disponibles para devolver el orden público. Obviamente que respetando siempre los DD.HH. y en esta acusación no hay nada que tenga que ver con DD.HH.".

También contó que ha recibido amenazas. "Hice las denuncias correspondientes de las amenazas de muerte", mencionó sin más detalles.