Redacción

El ministro (s) de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, dijo ayer que en la cartera están "comprometidos con la verdad. Si es que hubiesen hechos reñidos con la ley, van a ser castigados con las máximas sanciones que esto implica".

Leturia se refirió de esa manera al caso de una presunta red de coimas que investigan la Fiscalía de La Araucanía y la Contraloría y que fue dado a conocer el fin de semana por radio Biobío junto con un audio de WhatsApp entre el exdiputado UDI Gustavo Hasbún y el excontratista del MOP, Bruno Fulgeri.

Según Leturia, el MOP informó que en agosto del 2019 pusieron a disposición "toda esta información al Ministerio Público. Esperamos que, con la mayor celeridad posible, se encuentre la verdad de lo que pasó en este caso y emita las sanciones que correspondan".

"El seremi de la Región de la Araucanía (Henry Leal), fue el primero que realizó esta denuncia. Él conoció estos hechos el día 30 de agosto del año 2019, hace ya prácticamente ocho meses. Dispuso personalmente toda esta información al Ministerio Público, por lo cual esperamos que Fiscalía cuanto antes llegue a una conclusión para poder establecer estos hechos", sostuvo el ministro subrogante y recalcó que Leal cuenta con todo el apoyo del Gobierno.

Aun cuando el seremi fue primero en presentar el caso ante Fiscalía, estos hechos fueron conocidos a través de una denuncia realizada en Contraloría por el diputado Andrés Molina, el 29 de agosto, un día antes de Leal.

Debido a este caso, el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien aparece mencionado en el audio de WhatsApp filtrado, sería citado a declarar este 17 de febrero de forma voluntaria y en calidad de testigo ante la Fiscalía.

Formalización

Bruno Fulgeri, mientras tanto, el empresario que acusa a Gustavo Hasbún por presuntas irregularidades en la Dirección de Vialidad de la zona, será formalizado el 23 de marzo de este año, por el posible delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, según fue notificado por el Poder Judicial.

"Notifíquese personalmente o en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil al requerido Bruno Fulgeri Sagredo, por el Centro Integrado de Notificaciones Judiciales de Temuco, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, esto es, de que si no comparece se puede decretar su detención", indica la orden.

Fulgeri también mantiene una querella por injurias graves presentada por Hasbún hace dos días.

"Modus operandi"

En conversación con radio Cooperativa, el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Héctor Leiva, confirmó que se investiga la existencia de un presunto "modus operandi" en 12 casos de posible corrupción que son indagados en el MOP de la región. Uno de estos casos es el que involucra al ex diputado Hasbún con un contratista.

Leiva enfatizó que estas 12 indagatorias en la Dirección de Vialidad es "necesario hacer un análisis de posibles modus operandi, posibles áreas donde se pueden producir irregularidades, ya sean penales o administrativas".

El fiscal aclaró que hasta ahora "no hemos considerado necesario unirlas todas, por un tema de organización, de orden en el manejo de información". Añadió que el enfoque del Ministerio Público es "centralizar y revisar otras investigaciones, para ver cuáles antecedentes nos pueden servir para investigar en general el fenómeno global de corrupción que se pudiera encontrar en algún servicio determinado".

Sin entrar en detalles de las diligencias específicas que se llevan, el persecutor dijo que, según se vayan dando resultados, "se tomará declaración y hacer citaciones a muchas personas".

El PPD comunicó ayer que interpondrá una impugnación ante el Tricel, para dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), donde se fijan los criterios para incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en la franja televisiva que comienza el 27 de marzo en el marco del plebiscito constitucional de abril.

El partido sostuvo que la decisión se basa en los aspectos de: el plazo fatal que dispuso el CNTV para inscribir a las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar de la franja, fijado para el 24 de febrero, y la obligación de que las entidades sean solo jurídicas de acuerdo a la Ley 20.500, dejando fuera a los movimientos sociales.

"Creemos que determinar un plazo para que las organizaciones de la sociedad civil manifiesten su intención de participar de la franja agrega otra limitación injustificada al ejercicio a la libertad de expresión y de decisión de las organizaciones sociales y los ciudadanos", agrega el comunicado.

El documento añade que "el CNTV debería propiciar las condiciones, de amplitud y apertura, para que toda persona, independientes de si fuese jurídica o natural, pudiese participar de este proceso. Los partidos son los responsables de incluir en un tercio de su tiempo a las organizaciones de la sociedad civil, también debiesen incluir personas naturales e independientes".

La colectividad agrega que "la exigencia de un tiempo distinto y separado por una cortina de al menos dos segundos también significa una decisión que excede las atribuciones del CNTV".

En relación al plebiscito, el vocero (s) de Gobierno, Felipe Ward, reiteró ayer que el Ejecutivo está trabajando en una campaña informativa, al igual que el Servicio Electoral.

Ward indicó que la campaña tiene un énfasis de educación cívica y el objetivo es llamar a votar. También enfatizó que las autoridades deben mantener "prescindencia" de las opciones del plebiscito.

"Nos parece muy importante avanzar en poder informar a la ciudadanía en cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de tomar una u otra opción en el proceso constitucional, queremos informar adecuadamente cuáles son los pasos a que han concurrido las fuerzas políticas en Chile", dijo Felipe Ward.

El ministro (s) de Hacienda, Francisco Moreno, abordó las cifras ascendentes de fraudes con tarjetas bancarias, las que aumentaron significativamente el año pasado en 44%, un nuevo máximo histórico, según publicó el diario La Tercera.

Moreno sostuvo que la nueva ley que fortalece el marco regulatorio para evitar estos ilícitos debería estar lista en marzo. "Hay un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional que ya se analizó en la comisión mixta. Esperamos que en el mes de marzo se vote tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para que sea ley", explicó.

El ministro (s) Moreno declaró que dentro de los próximos meses se espera presentar el proyecto de ciberseguridad financiera, que apunta principalmente a bancos e infraestructuras del mercado financiero. "La constitución de esta mesa de ciberseguridad ha sido una instancia especialmente valiosa para hacer un análisis comparado de las legislaciones de distintas partes del mundo y ver qué ha sucedido en los últimos años en nuestro país, de modo tal de que dejemos de ser vulnerables a ataques de ciberseguridad", añadió Moreno.

Proyecto

La iniciativa que deberá ser legislada busca que los bancos deban siempre restituir los fondos en caso de fraudes menores a 35UF ($993.000, aproximadamente). La devolución del dinero deberá realizarse dentro de cinco días hábiles después de reportado el fraude.

En caso que el monto supere las 35UF, el banco tendía siete días para investigar y determinar si hubo dolo o culpa grave del usuario, y tomar medidas pertinentes.