Carabineros de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) Ñuble estuvo presente en las rutas de la región, para investigar y determinar las causas de los tres accidentes que dejaron un saldo de seis personas fallecidas durante la tarde de este domingo.

El primero de ellos ocurrido en el KM. 33 de la ruta N-45, en Coihueco, donde C.E.A.G, de 53 años, perdió el control del vehículo desviando su desplazamiento hacia la derecha, precipitándose así hacia una faja de tierra en desnivel, lo que provocó el volcamiento del móvil y el fallecimiento de su conductor.

El segundo accidente investigado por profesionales de la SIAT ocurrió en la Longitudinal Sur, bajo el paso superior de la Panamericana en Chillán, donde el automóvil conducido por M.G.S.A, de 40 años, desvió su conducción por pérdida de control del móvil, chocando con un pilar de contención del paso sobrenivel y perdiendo la vida en el lugar.

El tercer hecho se registró en el km. 373 de la ruta 5 Sur, a la altura de San Carlos, donde fallecieron los cuatro ocupantes del móvil que se salió de la calzada al enfrentar una curva y que se precipitó al interior de un canal de evacuación de aguas lluvias, chocando con la estructura de cemento para volcar en el sitio posteriormente. Según las diligencias realizadas por el equipo investigador de la SIAT, Carabineros logró establecer que "en los tres casos el exceso de velocidad o velocidad no razonable ni prudente, fue la causa basal de los accidentes ocurridos este domingo en Ñuble".

Con los seis fallecidos , se eleva a 19 las víctimas fatales en 32 accidentes de tránsito registrados este 2020, es decir, siete fallecidos y cuatro siniestros viales más que el mismo periodo del año pasado".

"Llamamos a la comunidad a extremar las medidas de precaución en la conducción, al autocuidado, respetar las señales del tránsito y la velocidad prudente. Desde Carabineros están dispuestos los servicios de tránsito para control y fiscalización en ruta, pero evitar estos accidentes en un trabajo conjunto entre nosotros y la comunidad, todos somos responsables", comentó desde la SIAT Ñuble, el capitán Francisco de la Vega.

Paula Garay Roa

Este lunes el concejal de Chillán, Camilo Benavente, llegó hasta la Corte Suprema para ingresar un recurso de apelación fundado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que buscaba detener la tala de especies arbóreas en distintas plazas y calles de la ciudad de Chillán.

Cabe recordar, que el concejal Benavente había interpuesto un recurso de protección el 10 de marzo pasado, por considerar que la tala de árboles, identificadas como un potencial riesgo, solo se sustentó en un informe visual, sin ningún respaldo técnico e instrumental, que fue realizado por la empresa OHL luego del fatal accidente en la Plaza de Armas, que cobró la vida de un joven en febrero pasado.

Del mismo modo, el documento presentado solicita que la Municipalidad de Chillán "debe confeccionar un programa de mantenimiento, con protocolos de poda de especies arbóreas, así como procedimientos de reemplazo inmediato de aquellos árboles cuya tala se ha estimado técnicamente como imprescindible para la seguridad de las personas".

"La Corte de Apelaciones de Chillán, con una mirada, a mi juicio, bastante conservadora no acogió el recurso que presentamos respecto a la tala de árboles en la ciudad por un informe visual, y ellos han tenido una impronta que no es progresista a diferencia de algunas otras cortes del país como lo es la de Talca, a la que se hace referencia", dijo el Benavente.

"Ellos (Corte de Apelaciones de Talca) acogieron y dieron orden de no innovar. Lo que llama la atención es que la Municipalidad no ha tenido la prontitud de contratar un informe técnico contundente", aseveró.

"Este es un llamado de atención a la Municipalidad de Chillán. Nosotros hemos cometido un montón de errores. Aquí se acostumbra a trabajar por ensayo y error, porque hemos tenido muchos. Sin embargo, aún no le ponemos prontitud a la contratación de un informe técnico con la implementación que hay que es un receptografo y un tomógrafo", argumentó el concejal.

Consultada por el tema la Municipalidad de Chillán informó que "se iniciará la próxima semana (esta) la contratación de un tercer estudio especializado externo para disponer del estado resistográfico y tomográfico de cada una de las especies arbóreas en las plazas", agregaron que "se contempla elaborar además otro estudio para disponer de un Plan Maestro de Áreas Verdes".

Después de años de investigación judicial, durante la jornada de ayer se dio a conocer por parte del Obispado de Chillán la resolución de un caso de abuso sexual en el cual estuvo involucrado uno de sus miembros.

De esta manera, y a través de un comunicado, el Obispado de Chillán informó que, "habiendo concluido el proceso penal administrativo efectuado al sacerdote Jaime San Martín Solís, se le ha encontrado culpable de los delitos de abuso de menor, de relación sexual con adultas (delito contra el sexto mandamiento) y dos faltas graves relacionadas con el sacramento de la penitencia: rompimiento del sigilo sacramental y absolución de cómplice. Contando con la autorización de la Santa Sede, el Administrador Apostólico de la Diócesis ha impuesto al sacerdote la pena expiatoria perpetua de dimisión del estado clerical", relataron desde el obispado.

Según señaló "en julio de 2018 fue abierta una investigación previa contra el sacerdote San Martín, ampliada luego en enero de 2019 por denuncia de abuso de menor.

En agosto de 2019 la Santa Sede ordenó realizar un proceso administrativo penal, para lo cual levantó la prescripción de los delitos. Con la pena impuesta, el sacerdote San Martín pierde el estado clerical".

El sancionado puede interponer recurso, en los plazos y condiciones que establece la legislación canónica.

Además, desde el obispado agregaron que se ha perdido el estado clerical del sacerdote Renato Toro Medina, quien en noviembre pasado solicitó al Santo Padre la dispensa de sus obligaciones sacerdotales, siéndole concedida mediante rescripto de la Santa Sede fechado el 23 de enero de 2020.

"En julio de 2018 se inició una investigación previa a Toro Medina, procedimiento que dio por verosímiles las denuncias por abuso de menor. Levantada la prescripción de los delitos por la Santa Sede, se inició un proceso penal administrativo en junio de 2019, destinado a constatar la veracidad de las denuncias y llegar a establecer una pena, si fuera el caso".

"Mientras el proceso penal estaba en su última etapa de desarrollo, el sacerdote ha solicitado la dispensa de sus compromisos sacerdotales, lo que ha supuesto suspender el proceso en curso".

"Los antecedentes de estos casos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público al iniciarse las investigaciones previas. Como Obispado, quedamos atentos a responder a los requerimientos de la justicia civil cada vez que sea necesario".

Finalmente desde el obispado expresaron que "conscientes y avergonzados del dolor causado a hermanos nuestros, trabajamos como Iglesia para que hechos de esta naturaleza nunca más se repitan, favoreciendo una cultura del cuidado y la prevención de todo tipo de abuso".