A un mes de registrarse el primer caso confirmado de Coronavirus en el país, nos vamos internando en una crisis que, sabemos, alterará los más diversos ámbitos de la vida nacional, desafiando sus sistemas sanitarios, pero también paralizando extensas áreas de su economía y exigiendo de sus ciudadanos un sentido de responsabilidad comunitaria como nunca habíamos visto antes. En ese contexto, la rápida gestión del Gobierno y el arduo trabajo legislativo, han permitido sacar adelante iniciativas que apuntan a reducir al máximo su expansión e impacto, siendo un trabajo reconocido incluso por organismos internacionales. Desde el primer caso de Coronavirus en Chile, el Gobierno del Presidente Piñera inició un plan de acción de prevención que consistió en una primera etapa de preparación fundamental, que se fue fortaleciendo con el transcurso de los días y abordando de forma intersectorial para hacer frente a los efectos de la pandemia en múltiples dimensiones. Por sólo mencionar algunas; en salud se fortaleció la capacidad hospitalaria gracias a la puesta en operación anticipada de 5 hospitales y recintos de campaña de las FF.AA, se aumentó la cantidad de equipos de ventilación mecánica -hoy hay 3.300 ventiladores disponibles en redes públicas y privadas-, se otorgó gratuidad o cobros justos en test para el Covid-19 en servicio público y privado, y reforzamiento de test y resultados, con más de 38 mil exámenes realizados a la fecha. En cuanto a las medidas sanitarias que se comenzaron a decretar desde el 18 de marzo de forma progresiva, a nivel nacional hay 94 Aduanas Sanitarias y 15 comunas en cuarentena, entre ellas Chillán, en nuestra región. Además se creó una Mesa Social transversal por la pandemia, para poder contar con todas las opiniones y puntos de vista para una toma de decisiones lo más acertada posible. Asimismo, la agenda legislativa que se ha impulsado en el Congreso en el marco de Plan Económico del Gobierno para hacer frente al Coronavirus, ha estado concentrada en proteger a la ciudadanía, los ingresos de las familias y sus puestos de trabajo, y en aliviar y contener los altos costos de vida que implican los primeros meses del año, considerando el contexto de pandemia mundial.En nuestra Región del Ñuble, actualmente existen más de 75 mil trabajadores potenciales beneficiarios de la nueva ley que permite acceso a prestaciones del Seguro de Cesantía en situaciones extraordinarias, quienes podrán solventar de mejor manera la crisis al no perder la totalidad sus ingresos permanentes ni perder el vínculo laboral mientras dure la pandemia, beneficiándose directamente a cientos de familias. Asimismo, con el proyecto apoyo a las Pymes se verán favorecidas cerca de 33 mil pequeñas y medianas empresas de la región, que podrán tener un respiro gracias a la ley de apoyo a las familias y pymes recientemente promulgada.

Frank Sauerbaum Diputado por Ñuble

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Un estudio dado a conocer hace pocos días por la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) y realizado a principios de marzo, indica que el 83% de los trabajadores del país se siente estresado o ansioso con la situación que se vive en Chile y refieren tener esa sensación al menos por los últimos 5 meses, atribuyéndola a una excesiva carga de trabajo, a falta de motivación, carencia de capacitación para el desarrollo de sus tareas y temor a ser despedidos; además de a dificultades para conciliar vida profesional y familiar.

Aunque ese análisis corresponde a una radiografía que incluye al llamado "estallido social" de octubre de 2019, pero no al covid-19; sí permite vislumbrar las dificultades laborales que ha enfrentado Chile en los últimos meses y comprender que ellas se han agudizado, considerando las circunstancias de inestabilidad económica e incertidumbre, que hoy desafían a las organizaciones y que exigen respuestas.

En este contexto cobran gran relevancia las medidas económicas anunciadas a nivel nacional, sobre todo en materia de empleo, aunque algunos expertos en el tema indican que entre ellas se echan de menos más definiciones para ayudar al alto segmento de personas que desarrolla trabajos informales o por cuenta propia. Esto implica que hay muchos, en especial jóvenes, mujeres y migrantes, desarrollando labores remuneradas sin contrato (eso implica sin pago de imposiciones, sin cobertura de salud), o tienen emprendimientos incipientes en áreas como comercio y servicios, dos de los sectores más golpeados por el retiro forzado de las personas a sus casas.

Claramente en ese segmento de trabajadores habrá más problemas que en otros y necesitarán más ayuda estatal en los meses siguientes, comenzando por orientación para regularizar sus circunstancias.

Por otra parte y tal como advierte el estudio de la Achs, ese respaldo no solamente deberá ser en lo material inmediato, sino para reinventarse a largo plazo.